Advierten que no se cumple una ley de 2018 para crear 19 centros sobre adicciones

Hace siete años y medio, la Legislatura de Santa Fe votó una ley que ordena crear, en cada uno de los 19 departamentos del mapa de la bota un Centro Provincial de Prevención, Asistencia, Tratamiento y Recuperación para personas con consumos problemáticos. La norma mereció un debate arduo, que reconoce antecedentes de más de una década, e incluso el rechazo al veto del entonces gobernador Miguel Lifschitz que consideraba excesivo ese número de lugares de atención para una problemática que obviamente no es uniforme.

Ahora, un Pedido de Informes en el Senado recuerda que esa política pública no se ha llevado a cabo y pide precisiones respecto de qué se ha podido (o querido) ejecutar, de 2018 en adelante, tras gestiones del gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, del Justicialismo y de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La minuta fue presentada por el senador por Castellanos, Alcides Calvo (PJ) y fue aprobado sobre tablas y por unanimidad en la sesión del 3 de julio pasado, tal como sucede felizmente con todos los proyectos de pedidos de informes. Una tradición de esa Cámara, que constituye una práctica política que no se ha roto por décadas, así lo marca: se da curso a cada inquietud de los miembros del Senado que formule preguntas al Poder Ejecutivo Provincial, para no obstruir entre pares las obligaciones de control que tienen los legisladores provinciales sobre los asuntos públicos de Santa Fe.

En otras palabras, Calvo pertenece a un bloque que posee 5 integrantes, mientras que el oficialismo que controla la mayoría y los dos tercios posee 14 bancas con las que podría no tratar esos asuntos. Debe destacarse que hoy los senadores del oficialismo, casi todos radicales, como antes lo hacía el peronismo en iguales condiciones, aprueban este tipo de iniciativas.

El pedido de informes dirigido a la Casa Gris se presenta ante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano o del organismo que le corresponda, y de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod). Requiere datos sobre "el grado de implementación y cumplimiento de la Ley Provincial 13.671".

Obviamente, "si se han puesto en funcionamiento, de forma total o parcial, los 19 Centros Provinciales de Prevención, Asistencia, Tratamiento y Recuperación para personas con consumos problemáticos, creados por el artículo 1.° de la ley" citada. Y que se detalle su ubicación, fecha de apertura, grado de operatividad, servicios ofrecidos, personal asignado y población atendida.

También que se "indique si el Poder Ejecutivo Provincial ha cumplido con lo establecido en el artículo 11 de la ley, que ordena su reglamentación dentro de los noventa (90) días desde su promulgación. En caso afirmativo, remita el texto completo de la reglamentación vigente. En caso negativo, indique motivos de tal omisión".

Más adelante, que se informe "si el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación prevista originalmente en la ley, ha asumido formalmente su rol y cuáles han sido las acciones ejecutadas en virtud de dicha competencia".

Pide que se "detalle si la Aprecod interviene de manera orgánica en la implementación de la Ley 13.671, y bajo qué normativa o mecanismos coordina con el Ministerio de Salud". E indique si se ha dado cumplimiento al artículo 4to de la ley, "en cuanto a la necesaria articulación de políticas públicas con los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo Humano. Detalle acciones desarrolladas y resultados obtenidos.

Luego, solicita que en detalle se informe sobre las políticas de prevención, promoción, asistencia y reinserción desarrolladas, si hubo auditorías, evaluaciones de impacto o relevamientos epidemiológicos para sustentar decisiones operativas, si existe alguna red provincial integrada por centros previstos, un plan de ejecución progresiva basado en criterios de vulnerabilidad y necesidades territoriales, conforme al artículo 9.° de la ley, y las partidas presupuestarias específicas para cumplir con los fines de la norma.

Políticas de Estado

En los fundamentos, Calvo revisa los antecedentes de una ley que nació en el Senado y que fue impulsada por años por su compañero de bancada Eduardo Rosconi, de Caseros. Y destaca que para la sanción definitiva de la norma, la Legislatura debió ratificar (en Diputados) el texto original de la ley que ordena crear 19 centros de salud, al oponerse al mencionado veto de Lisfchitz.

"El veto en cuestión proponía sustituir parte del articulado, redefiniendo a los centros como dispositivos de prevención y abordaje integral, priorizando tratamientos ambulatorios y evitando la figura de internación institucionalizada. También incorporaba a la Aprecod como coautoridad de aplicación y sugería un enfoque intersectorial más amplio. No obstante, el rechazo legislativo a tal veto consolidó un marco legal que exige la creación efectiva de los centros de atención y tratamiento integral, sin que ello impida, por cierto, su adecuación técnica a la legislación nacional e internacional sobre salud mental, ni su armonización con la Ley Nacional 26.657".

Y dice Calvo: "A pesar de la solidez institucional del marco normativo vigente, no se ha dado a conocer ninguna reglamentación ni plan de ejecución integral, y no existen registros públicos claros que informen sobre el funcionamiento efectivo de los centros. La falta de ejecución de esta ley representa una omisión significativa del Estado en una de las problemáticas sanitarias y sociales más urgentes de nuestra época: el abordaje de los consumos problemáticos y las adicciones, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables".

Propone también "evaluar el rol actual de la agencia, cuya estructura ha sido fortalecida recientemente mediante el Decreto 0073/2023, otorgándole rango de Secretaría dentro del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Dicha agencia cuenta con dispositivos de atención virtual, articulación territorial y una red de municipios, pero no se ha determinado su participación específica en el cumplimiento de la Ley 13.671".

Este pedido de informes, por tanto, "no solo busca promover la transparencia institucional, sino también exigir el cumplimiento de una ley vigente que constituye una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas inclusivas, territoriales y con enfoque de derechos humanos", subraya.