Debate y movilización: el Senado vuelve del receso con la Ley de Tierras en la mira

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

Las claves

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa "riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional"

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Las objeciones

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

¿Y por casa?

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.