Extraordinarias cerró con la sanción de la reforma laboral y Milei llega con envión al 1 de marzo

Después de la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Senado de la Nación transformó en ley este viernes por la noche el proyecto de Modernización Laboral, habilitando a Javier Milei a exhibir, en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, la aprobación de su gran conquista legislativa del verano.

La votación en general por la ratificación del texto que llegó en revisión desde Diputados fue de 42 afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. De parte de los senadores santafesinos, los votos replicaron la votación previa: Carolina Losada y Eduardo Galaretto (ambos de la UCR) pulsaron en verde, mientras que Marcelo Lewandowski (Justicialismo) lo hizo en rojo.

La sanción ratificó el esquema de alianzas que el oficialismo construyó con los bloques aliados, reafirmando el resultado con el que la Cámara alta había aprobado el proyecto original el pasado 12 de febrero. En el medio, Diputados introdujo el cambio clave: la exclusión del artículo 44, relativo al pago de licencias por enfermedad, que había encendido la polémica pública. Sobre esa modificación se votó, generando planteas desde los distintos bloques previo a la votación.

Conquistas veraniegas

El Senado sesionó este viernes en un contexto de protestas afuera del Congreso, mientras el oficialismo buscaba ordenar el cierre del período extraordinario con una última victoria legislativa, a horas del discurso de Javier Milei del domingo 1 de marzo a las 21 ante la Asamblea Legislativa.

La sesión se inició a las 11.14 con quórum de 40 legisladores, bajo la presidencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La mayor parte del debate se la llevó la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Recién a las 18.30 comenzó la discusión por la ley de Modernización Laboral, que llegaba en revisión desde Diputados.

Como cámara de origen, el Senado no tenía opción de rechazar el proyecto: debía aceptar las modificaciones introducidas por la cámara revisora o insistir con la redacción original. En ese punto, el justicialista Mariano Recalde intentó una moción para que el texto vuelva a comisión. No prosperó y se abrió el debate en el recinto.

Con la ratificación de la reforma, la Casa Rosada completó la secuencia legislativa que buscó imprimirle a extraordinarias: dejar sancionadas las leyes con impacto estructural antes de la apertura del período ordinario y llegar al 1 de marzo con resultados concretos para mostrar.

En el balance político del verano, el Gobierno suma la reforma laboral a un paquete de logros parlamentarios que incluyó el Presupuesto 2026, el acuerdo Mercosur–Unión Europea, la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y la sanción del Régimen Penal Juvenil. Todo eso, ante un año legislativo que, según la propia narrativa oficial, será “movido e intenso”.

El núcleo de la ley

El texto ratificado este viernes consolida una reforma que toca varios de los engranajes centrales del mercado laboral argentino.

Uno de los puntos medulares es que se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se modifica la base de cálculo: pasa a ser sólo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Además, se fija un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

El otro pilar es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado, se diferenció el financiamiento según tipo de empresa: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas un 2,5%. El texto original contemplaba un 3% sin distinción.

En el esquema oficial, el FAL se presenta como herramienta para dar previsibilidad y recortar el costo de salida, con el argumento de bajar la conflictividad y limitar la “industria del juicio”. El debate político, sin embargo, estuvo atravesado por la pregunta de fondo: cuánto de esa previsibilidad se traduce en creación de empleo formal y cuánto en un cambio de reglas favorable a la parte empleadora.

En paralelo, la reforma incorpora el mecanismo de “banco de horas”: empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral sin que se trate de horas extra, sino de una compensación con días. Es una de las piezas que el oficialismo defiende como adaptación a nuevas modalidades de trabajo, con flexibilidad negociada entre partes.

Las vacaciones también entran en el paquete: podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

A eso se suma la creación de dos regímenes que, en la argumentación oficial, apuntan a “modernizar” y estimular la inversión real: el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), orientado a capacitación, empleabilidad y reconversión; y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), pensado para empujar inversiones en producción, tecnología y expansión.

Otro capítulo relevante incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Según el propio texto de referencia, voces empresarias (Rappi e IDEA) valoraron que fija “estándares y reglas claras” para esa actividad. El oficialismo lo exhibe como actualización inevitable: el mundo cambió, el trabajo cambió y la ley debía “alcanzarlo”.

El proyecto también incluye como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un punto que se lee como parte de un rediseño más amplio del ecosistema institucional vinculado al trabajo.

Por último, en un tramo que excede lo estrictamente laboral, la norma fija plazos para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, con vigencia desde el 1° de enero de 2027. Y posterga al 1° de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.