Santa Fe, la única provincia sin Ley de Narcomenudeo en la zona central del país

Con la firma de todos los integrantes del interbloque de senadores provinciales del radicalismo, el jefe de la bancada de la UCR, Lisandro Enrico, ingresó nuevamente un proyecto de ley para que sea la provincia -y ya no la Nación- quien tenga a su cargo el llamado narcomenudeo.

La iniciativa del representante por General López parte de considerar que es mucho mayor la estructura que posee el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Provincial que la existente en la Justicia Federal para enfrentar al tráfico de drogas en pequeñas cantidades. También subraya que el contexto de la zona central del país deja a Santa Fe ante una mayor exposición, ya que otras provincias vecinas, como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos ya han adherido a la Ley 23.737, con lo cual la presión dentro del mapa de la bota es mayor "ante una persecución más eficiente" en otras jurisdicciones.

Enrico volvió a la carga con un mensaje que es similar al que la Cámara alta aprobara en 2018, luego de un intenso y rico debate, que terminó con el voto mayoritario a favor de la persecución penal provincial de los dealers que son atrapados con pequeñas cantidades de drogas. Hoy esta tarea es exclusivamente de la jurisdicción nacional en el territorio santafesino. Como se sabe, la estructura de fiscalías y juzgados federales en la provincia tiene más de 40 años.

Hace ya más de seis años, algunas posiciones habían variado. Tanto que el por entonces gobernador Miguel Lifschitz (1955-2021) habilitó en Diputados el tratamiento en sesiones extraordinarias para el asunto que contaba con media sanción del Senado, con el resultado conocido.

El senador subraya que lamentablemente el tráfico de drogas ha dejado de ser un delito extraordinario y que ese carácter predominaba en la división aún vigente. Al ser hoy el narcotráfico "una actividad delictual que es común" debe ser la justicia provincial con sus jueces y fiscales quienes lo enfrenten.

Tras la presentación en la Cámara del proyecto, y de destacar el acompañamiento de sus correligionarios, Enrico pidió a los diputados que tomen el tema desprovistos de prejuicios ideológicos, que escuchen el pedido de la población que reclama que el Estado "haga algo" en lugar de mirar para otro lado y sostuvo que una de las grandes deudas de la actividad política en la provincia con los ciudadanos es tener una reforma al respecto.

En la sesión del jueves 2 de junio, expresó su apoyo al proyecto el senador justicialista Joaquín Gramajo que recordó que en una acordada el máximo tribunal de la Justicia de Córdoba logró despejar dudas respecto de la aplicación de la ley al establecer que mientras las causas no tengan conexiones con el exterior se tramitan en los fueros provinciales y que se derivan al federal aquellas en las que aparezcan los vínculos con narcotraficantes de otros países. La decisión termina con las interpretaciones respecto de qué se debe considerar una cantidad menor, una causa pequeña o de "menudeo".

Años atrás cuando los senadores lograron darle la media sanción a la norma y en Diputados no tuvo eco, acuñaron la frase de que se trataba de crear una estrategia para "cortarle los tentáculos al narcotráfico", así visto como un fiero pulpo de ramificaciones complejas o como los serpenteantes cabellos de una tentadora Medusa.

Más allá de las figuras retóricas, el argumento central es numérico: "Creemos que el combate contra los kioscos de venta de droga debe empezar lo antes posible", con todos los fiscales que hay en la actualidad", expuso el legislador a propósito de los 174 fiscales titulares y adjuntos que posee el Ministerio Público de la Acusación. "Tal como establecemos en el artículo 1ro del proyecto de ley, el Estado Provincial debe asumir una política de combate" contra la venta de drogas y los crímenes que esa actividad ocasiona.