Quirno detalló la estrategia para frenar Sea Lion y presionar a empresas y financistas

El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina inició el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte.

La estrategia busca impedir el avance de las operaciones autorizadas por el Reino Unido en el área en disputa. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades no pueden desarrollarse unilateralmente mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía.

El plazo de 14 días

Quirno explicó que la intimación enviada a Londres contempla un plazo de 14 días para que suspenda las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion.

“Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar”, afirmó el canciller.

Según detalló, la intención sería solicitar medidas provisionales para intentar detener las tareas mientras avanza el procedimiento internacional.

El proyecto Sea Lion

Sea Lion está impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino afirma que el área está comprendida dentro de la plataforma continental sobre la que reivindica derechos soberanos y cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades británicas.

Quirno señaló que el primer barril está proyectado para 2028 y sostuvo que las acciones fueron iniciadas con anticipación para intentar impedir que la explotación comience.

La estrategia contra empresas y financistas

La Cancillería busca además aumentar el costo de participar del proyecto para las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina”, planteó Quirno al referirse a las empresas que evalúen intervenir en Sea Lion.

El Gobierno también envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra compañías que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las islas y los espacios marítimos circundantes.

Los argumentos ante Naciones Unidas

La posición oficial invoca, entre otros antecedentes, las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, mientras que la segunda instó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso de negociación.

El Ejecutivo también instruyó formalmente a Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar el mecanismo arbitral contemplado en el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar.

El frente con Chile

En paralelo, el Gobierno sigue con atención una ronda comercial realizada en Punta Arenas entre empresarios chilenos y representantes vinculados con las Islas Malvinas.

Quirno señaló que la relación con la administración de José Antonio Kast continúa siendo fluida y recordó el compromiso chileno de no brindar apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas.

La Cancillería argentina también cuestionó recientemente vuelos entre Malvinas y Punta Arenas que, según denunció, se realizaron sin autorización argentina.

“Esperamos que cumplan los tratados”

El canciller sostuvo que Buenos Aires continuará monitoreando los movimientos comerciales y logísticos vinculados con Punta Arenas.

“Tenemos acuerdos vigentes con Chile y, obviamente, esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos”, manifestó.