Las palomas como plaga, media sanción en el Senado de Santa Fe

En la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Senadores dejó con media sanción un proyecto de ley cuya temática ya ha despertado la atención de los diputados: las palomas torcazas. En el recinto de 19 bancas se busca que una ley las declare plaga para el control de su población, mientras que en el de 50 poltronas existe el propósito firme de crear una mesa de trabajo para recomendar soluciones.

En ambos casos, la premisa es llevar a cabo tareas ambientalmente correctas, sostenibles y que no signifiquen propiciar por ejemplo “una matanza masiva” de esas aves cuya población se ha salido de control, sino comprender y actuar frente a una especie que hoy constituye -según los relatos de productores del norte santafesino validados por los legisladores de esa región- un problema grave para sus economías.

En el Senado se produjo la aprobación de una iniciativa del presidente de la bancada mayoritaria del radicalismo, Rodrigo Borla (San Justo) que declara plaga a la “superpoblación de Zenaida auriculata (paloma torcaza) y otras especies similares en el ámbito de todo el territorio provincial”.

En Diputados una comunicación aprobada por unanimidad, impulsada por Dionisio Scarpín pide al Poder Ejecutivo Provincial constituir una mesa de trabajo para abordar la misma problemática con un criterio más amplio en cuanto a las especies. Se habla de aves silvestres (para abarcar también la cuestión de las bandadas de cotorras) y se suma a otro animal: el jabalí salvaje que desde Europa se introdujo en estas latitudes y se ha producido al punto de convertirse en un problema para los campos. El objetivo, dice la comunicación, es “preservar la producción agrícola, la sanidad ambiental y la salud de la población”.

Mientras, la ley que sancionó el Senado y pasó a Diputados cuando se ha terminado el período ordinario de sesiones crea el” Programa Provincial de Control Poblacional de Palomas en el ámbito rural del territorio provincial a los fines de reducir y controlar la cantidad de ejemplares, con el objeto de preservar la actividad agrícola ganadera y el ecosistema, asegurando la sustentabilidad económica, ecológica y la salud de las personas”. Aunque el criterio del legislador está orientado a los problemas rurales con la torcaza, en las ciudades las palomas causan también problemas muy serios, que el radical mencionó en su banca. Expresó que por ejemplo en los aeropuertos y en la custodia de edificios públicos se emplean aves cazadoras rapaces para alejar a las palomas. Define en el artículo tercero que la autoridad de aplicación deberá ser el Ministerio de la Producción, lo que pone a las claras que el objetivo principal es cuidar los cultivos.

Tiempos

En cuanto a la norma, habrá que ver si el tema es habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro en extraordinarias que pronto serán convocadas como mínimo para el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026 y la fuerte reforma tributaria que busca crear empleos a cambio de impuestos, en la Ley Tributaria para el año próximo. De todos modos, si no es parte del temario de expedientes habilitados para diciembre y enero, la cuestión se podrá tratar a partir del 15 de febrero como fija ahora la Constitución de la Provincia (antes todo quedaba para recién el 1ro de mayo).

El texto propuesto por Borla contó con el dictamen favorable de la Comisión de la comisión de Economía, Agricultura, Gandadería, Industria, Comercio, Turismo y Transporte y se aprobó por unanimidad.

Con igual consenso, la minuta de Diputado propone al Ejecutivo llamar a participar a legisladores y representantes de “los ministerios provinciales competentes en materia de producción agropecuaria, salud y medio ambiente, miembros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, así como por representantes de entidades del sector productivo (Sociedades Rurales, cooperativas agrícolas y asociaciones de productores)”.

En la Cámara alta, todo indica que quedará para las sesiones de 2026 otro proyecto del mismo autor para la conformación de un programa similar con el fin de controlar la población de jabalíes. Ese expediente aún permanece en la comisión citada.

Razones de sobra

En el ámbito rural norteño donde, por la falta de acciones por parte del sector público y la asfixia sobre el INTA, comienzan a tomarse iniciativas privadas que pueden resultar en un problema ambiental mayor. Por ejemplo, con el uso de químicos tóxicos que también van a ingerir otras especies o las que coman a las palomas en un caso; o con las excursiones de caza sin controles sobre los “chanchos salvajes”, según su nombre más común.

Los datos confirmados por senadores del norte y por diputados provinciales de esa zona son alarmantes. Se registraron pérdidas de hasta el 80% en algunos campos. Los fundamentos de los proyectos aprobados en sendos recintos, que se complementan, plantean cuestiones conocidas para quienes desde hace años esperan una respuesta.

Borla destaca que se busca tanto “el control urbano como rural de la población de palomas” y apunta: “este animal, en apariencia inofensivo, es la pesadilla de productores agropecuarios, un enemigo del patrimonio arquitectónico urbano y además una amenaza para la salud pública por el tipo de enfermedades que puede transmitir”.

“La población de palomas crece 3,6 veces por año y genera perjuicios para el campo y para los habitantes de las ciudades: es una grave plaga. El incremento desmedido de las palomas ocasiona graves pérdidas en cultivos de cosecha como el girasol, sorgo y soja y se ha convertido en un problema más preocupante para el productor”, subraya.

En cuanto a los jabalíes europeos indica que “hay registros oficiales de un vasto sector del país, donde se incluye la provincia de Santa Fe, que dan cuenta de significativos daños económicos a cultivos, pasturas y ganado, además de la transmisión de enfermedades zoonóticas como aftosa, brucelosis, triquinosis y peste porcina”.

Ámbito interinstitucional

Scarpín apuesta por otra parte a crear un “ámbito interinstitucional de trabajo colaborativo” con objetivos inmediatos: “enfrentar de manera eficaz y coordinada la grave problemática provocada por el crecimiento descontrolado de determinadas especies de aves silvestres, principalmente la paloma torcaza (Zenaida auriculata) y la cotorra (Myiopsitta monachus), cuyo impacto negativo sobre los cultivos se ha tornado estructural en diversas regiones de la provincia, especialmente en el norte santafesino”.

Añade que “según relevamientos técnicos, estas especies provocan daños severos y crecientes sobre el cultivo de girasol —actividad económica central en el Departamento General Obligado—, así como también sobre el sorgo, el trigo y el maíz. Las pérdidas se registran en dos etapas críticas del ciclo productivo: la siembra y emergencia (por extracción de semillas y destrucción de plántulas) y la madurez y pre-cosecha (por consumo y daño mecánico de los granos), afectando el rendimiento potencial de forma irreversible”.

Luego insiste: “La situación reviste una gravedad tal que, en campañas recientes, el 100% de la superficie sembrada de girasol en el norte provincial presentó distintos grados de afectación. Las estrategias de manejo actualmente disponibles para los productores (espantapájaros, sistemas de estruendo, vigilancia, etc.) presentan escasa eficacia, alto costo y requieren gran inversión de tiempo y mano de obra, sin lograr una solución estructural. Frente a este panorama, diversos sectores proponen avanzar hacia una declaración oficial de plaga, lo que permitiría ordenar la acción del Estado, habilitar programas de control, fomentar el desarrollo de biotecnologías específicas y reducir el impacto ambiental mediante métodos científicos y éticamente sostenibles”, coincide.

“La creación de una mesa de trabajo integrada por actores legislativos, ejecutivos, técnicos y productivos permitirá abordar esta problemática de manera transversal, con participación activa de quienes se ven directamente afectados y de los organismos con capacidad técnica y regulatoria. Resulta imperioso avanzar hacia una política pública integral que garantice la sustentabilidad del sector agropecuario y preserve los equilibrios ecológicos, sin desatender el impacto económico y sanitario que este fenómeno conlleva para la Provincia”, destaca el diputado radical.