Diputados votó una modificación al Código Procesal Penal: preventiva por violar las perimetrales

"No sé cómo de la perimetral llegamos a la emergencia en seguridad pública, algo me perdí" señaló Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) cuando la Cámara de Diputados llevaba casi tres horas hablando de la situación imperante en la provincia antes de votar el único proyecto de ley que tenía acuerdo para llegar al recinto. Se trata del único de los tres proyectos habilitados el martes por el Poder Ejecutivo en la ampliación del temario de las sesiones Extraordinarias que estaba en la Cámara Baja y es el que prevé la sanción preventiva para aquellos infractores que violen las distancias perimetrales.

Pero ante el rápido acuerdo parlamentario para tratar el proyecto -autoría de Oscar Martínez (Frente Renovador) la Cámara de Diputados decidió adelantar el debate de lo que deberá contener la próxima ley de Emergencia de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario con extensos discursos.

En cambio, a la hora de votar el proyecto de ley fueron Martínez y Lucila De Ponti las que expusieron los fundamentos mientras que Bruera pidió abstenerse por entender que la facultad que se votaba ya lo tienen los operadores judiciales. Casi con el mismo argumento, la radical Georgina Orciani anticipó el voto afirmativo de la bancada. 41 votos a favor, una abstención y 7 ausencias, marcó el tablero electrónico.

El proyecto votado incorpora el artículo 221 bis al Código Procesal Penal bajo el título "peligrosidad procesal en los casos de violencia familiar". La redacción a agregar señala que "en los casos regulados por la leyes 11529 y 13348 la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación podrá elaborarse a partir del análisis de alguna de las siguientes circunstancias, sin perjuicio de la valoración de otras que, en el caso, resultaren relevantes y fueran debidamente analizadas y fundadas:

• 1) el incumplimiento de alguna de las medidas establecidas en el articulo quinto incs. a)y b) de la ley 11529 modificada por la ley 13746 y del los artículos 26 y 27 de la ley nacional 26485 siempre que dicha medida sea dispuesta por autoridad competente.

• 2) el agresor o la agresora forme parte de una fuerza de seguridad y se valiere de esta circunstancia para amedrentar a las pretensas victimas".

A la hora de defender la iniciativa, Martínez subrayó que Santa Fe encabeza las estadísticas de víctimas de violencia de género desde hace muchos años y el 80% de los casos se produce en Rosario y el Gran Rosario. "Entre 2014 y el 30 de junio de 2021 se registraron 338 muertes violentas e intencionales de mujeres. El 45,4% fueron femicidios (154 víctimas). Durante el primer semestre del año 2021 se crearon en la Provincia de Santa Fe 13158 legajos donde se investigaron hechos vinculados a violencia de género y/o violencia familiar y/o doméstica. Esto representa un promedio de 73 legajos creados por día" ejemplificó. De allí la necesidad de establecer que violar las perimetrales implicará una peligrosidad procesal para tratar de evitar nuevos hechos de violencia.

Enseguida De Ponti -autora de un proyecto sobre la misma materia- entendió que la realidad obliga a abordarlo con herramientas específicas. "Comparto el espíritu del proyecto pero la herramienta ya la tienen los operadores judiciales" destacó Bruera para diferenciarse y abstenerse de votar. En tanto, Orciani reclamó que los temas se debaten en comisiones para buscar la mejor solución posible.

Después el socialista Joaquín Blanco abrió el debate sobre la necesidad de acordar los términos de la futura ley de emergencia en seguridad pública que sirva para los próximos años y planteándolo como una política de Estado tras lo cual se fueron sucediendo oradores desde diferentes enfoques políticos.

Solidaridad

Diputados votó su solidaridad para con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el repudio a las amenazas sufridas días atrás y exigió de las autoridades competentes un rápido esclarecimiento.

El texto fue presentado por Rubén Giustiniani (Igualdad) sobre la base de un proyecto de su bancada que no tuvo acuerdo en Labor Parlamentaria. Al ingresar la moción de orden, hubo un cruce de palabras con el presidente de la Cámara, Pablo Farías, quien le aclaró que la mayoría de los jefes de bloques no estuvieron de acuerdo con los alcances del texto original y por eso no acordaron el tratamiento sobre tablas. Finalmente, por unanimidad, se votó la iniciativa corregida -en el recinto- por el propio autor.

Invitación a Casal

La Cámara de Diputados votó una resolución invitando al Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, "a fin de informar con respecto a los lineamientos políticos criminales que en su carácter de máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ha establecido para la persecución penal de las organizaciones delictivas narco criminales que operan en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario".

La moción fue presentada por la bancada justicialista a través de Leandro Busatto y Luis Rubeo ante "el complejo y delicado panorama en materia de seguridad y justicia que vive la provincia, que especialmente se ha profundizado en la ciudad de Rosario con el accionar de diversas estructuras criminales dedicadas a la comisión de delitos de competencia federal, tales como el narcotráfico, lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes, y otros delitos conexos a estos".

En los fundamentos se habla de "la severidad de este cuadro de situación que reclama que todos los actores políticos e institucionales con misiones y funciones concernientes a la seguridad pública y a la persecución, investigación y juzgamiento del crimen organizado, aúnen esfuerzos para revertir este estado de cosas de manera inmediata, y con acciones concretas. Particularmente, los delitos y la violencia ligada al accionar de las organizaciones mafiosas que asolan a nuestra ciudadanía exigen un abordaje serio y articulado por parte de las agencias provinciales y federales competentes en la materia".

Para los diputados oficialistas resulta imperioso el fortalecimiento de la labor del Ministerio Público Fiscal de la Nación en nuestra provincia -en especial- en las ciudades de Santa Fe y Rosario-, a fin de incrementar la actividad investigativa orientada a desarticular el funcionamiento de las organizaciones narco criminales.

Ya Busatto pidió una entrevista a Casal para analizar en forma personal la problemática.