La pulseada para sancionar a Sain desembocaría en la Corte

En veinte oportunidades se nombra a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el recurso de queja –en segunda instancia- que ha presentado en nombre de la Legislatura el presidente de la Comisión de Acuerdos, Fabián Bastia. El texto contiene tanto esa apelación que ni pudo ser presentada en primera instancia, como los antecedentes del proceso contra Sain.

El escrito firmado por Bastia es necesario para que no naufraguen las intensiones de la mayoría en sendas Cámaras, que tenían todo listo para aplicarle al director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, una suspensión por seis meses, con una reducción de su sueldo a la mitad. Se interpuso un fallo –del fuero laboral- que además de impedirlo ordena su pase al archivo al poder legislativo.

Como se sabe, también la jueza Paula Calace Vigo le negó al legislativo la posibilidad de ser parte y en cuestión de horas rechazó la presentación para la que había sido mandatado por la sesión conjunta el diputado radical mencionado.

Ahora, para poder cumplir el mandato de una contundente mayoría de sus pares legisladores, acudió a un tribunal de su instancia de ese mismo fuero (sin por ello admitir su competencia) y dejando constancia de una serie de salvedades en las que ya se habla de un proceso que lleva al conflicto de poderes (usa esa expresión) y a la necesidad de que sea la Corte quien lo resuelva.

Es importante señalar que Bastia fue mandatado a presentarse ante la jueza porque en sentido contrario a aplicarle una sanción a Sain ya se había expedido el fiscal de Estado José Weder, luego de un decreto del gobernador Omar Perotti que le ordenó "allanarse" a ese pedido del ex ministro de Seguridad.

Para los diputados y senadores que dominan las cámaras (en su mayoría opositores, pero también del partido justicialista) es clave que Weder haya actuado tanto en contra de su criterio en el caso Spelta y de sus propios escritos jurídicos.

Algo personal

Esta vez Bastia optó por comparecer también "en mi carácter personal de legislador miembro" de la Comisión de Acuerdos y del Poder Legislativo, ya que la sentencia sobre la que presenta su queja "me impide cumplir mis funciones", es decir, el mandato de la sesión conjunta de llevar la Legislatura a un pleito en tribunales. El detalle no es menor: porque si un ciudadano puede impedir durante cierto tiempo, recurso de amparo mediante ante algún fuero laboral, lo previsto por una ley que ya fue incluso validada por la Corte, también puede como algo "personal" presentarse el diputado con fines opuestos.

En el fondo, lo que se teme en la Legislatura es que la Casa Gris haya encontrado un mecanismo que le permita quitarse de encima lo que mande alguna ley que le resulte incómoda… Es lo que dice a los periodistas fuera de micrófono.

Gravedad Institucional

El escrito advierte en su primera de treinta carillas que refiere a los tópicos: "Recurso de Nulidad y Apelación; Cuestión Política No Judiciable; Gravedad institucional; Incompetencia".

En otras palabras, va contra el fallo en primera instancia y pide ser parte en el tribunal de alzada, considera lo que está en juego para las instituciones santafesinas y reniega de la competencia del fuero laboral para fallar sobre asuntos vinculados a la constitucionalidad de las leyes. Tal como hizo la Corte al rechazar esa competencia en el caso Spelta que ahora dejó sin lugar a dudas la potestad de los legisladores de someter a juicio o sancionar de modo directo a fiscales y defensores del sistema penal.

"No se hace cargo"

El escrito que representa a la Legislatura dice que la resolución judicial de Calace Vigo "deniega nuestro recurso simplemente basándose en que considera que la Comisión de Acuerdos es una mera repartición administrativa de la Legislatura" y para ello "remite a doctrina del Fiscal de Estado Weder (cuando era doctrinario) lo cual de por sí genera suspicacias ya que la jueza funda su decisorio en la opinión del abogado de la contraparte… En la tesis que adopta la jueza para denegarnos participación, y evitar la revisión de la Alzada, solamente la Provincia de Santa Fe a través del Ejecutivo puede estar en juicio".

Y agrega que la jueza de primera instancia: "No se hace cargo de que las instrucciones Weder las pidió al Gobernador, y no al Legislativo autor de los actos en disputa. No se hace cargo de que la orden de la sentencia se dirige a la Comisión de Acuerdos (a la cual puede ordenar pero no permite defenderse). No se hace cargo de que sin participación de la Legislatura en la causa, mal podría el Gobernador hacer cumplir la sentencia. Luego, la jueza sostiene que ella no podía verificar de ningún modo la procedencia del allanamiento. Ello, si bien no hace a la fundamentación por la cual rechaza la admisión de los recursos, muestra que duda sobre el acierto que implicó fundar con 18 palabras una sentencia que -ahora- valora como una causa 'delicada' que pone en riesgo la división de poderes".

No se escuchó una de las dos campanas

El recurso directo (en queja) subraya que al ser resuelto el amparo pedido por Sain por la jueza Calace Vigo, para poder seguir trabajando como director del Organismo de Investigaciones y no ser alcanzado por el proceso en su contra en la Legislatura (iniciado por el propio MPA que integra), no se escuchó la posición del Poder Legislativo. Lo que queda demostrado incluso por la existencia de un decreto del gobernador que le ordenó al fiscal de Estado "allanarse" al pedido del ex ministro de Seguridad, que nunca dejó su cargo en la justicia mientras fue funcionario.

En nombre de la Legislatura, Bastia dice que la sentencia cuestionada del fuero laboral por inconstitucionalidad "dispone una orden hacia un órgano que no fue convocado al proceso, y sobre el cual quien compareció (Gobernador) no tiene autoridad. Por lo tanto, solicito su revocación por contrario imperio".

Asimismo, "planteo liminarmente la falta de competencia del fuero laboral de Rosario y la carencia absoluta de potestad de juzgar por tratarse de una cuestión política no judiciable lo que se discute". Y deja "expresamente señalado que no hay medida cautelar dictada en autos, y por lo tanto no hay obligación vigente".

Subraya que "la sentencia no está firme ni obliga a nadie, mucho menos a la Legislatura ni a su Comisión de Acuerdos que ni siquiera ha sido parte del juicio pero que recibe una insólita orden proveniente del mismo". Durante la sesión conjunta que no avanzó contra Sain sino que pospuso el temario y que mandató a Bastia para ir a tribunales, el presidente de la Comisión de Acuerdos explicó que no haber procedido contra el director del OI fue un gesto político y que, en su interpretación, bien pudo sin quebrantar la ley haberse dictado la suspensión de Sain, pese al fallo. "Por no estar firme".