El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años

El Senado aprobó este viernes y convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, la iniciativa emblemática del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación en general arrojó 44 afirmativos, 27 negativos y 1 abstención; luego se avanzó con la votación en particular, y recién entonces el recinto giró hacia el segundo tema del día: la reforma laboral, que llegó en revisión desde Diputados.

La sesión comenzó a las 11.14, con quórum de 40 legisladores y presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Mientras afuera del Congreso se producían protestas, La Libertad Avanza difundió en redes un video en el que planteó que, con esta reforma, el Gobierno está “impulsando las reformas que Argentina necesita para ser cada día un país más seguro”.

La ley reemplaza el régimen penal que regía desde 1980. El oficialismo reactivó el expediente en febrero apoyado en dos elementos que se repitieron durante toda la jornada: el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe y el cambio de números en ambas cámaras tras el recambio legislativo de las elecciones de octubre.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien sintetizó el espíritu del proyecto con una frase de alto voltaje: “Estamos frente a una jornada histórica”. Afirmó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, “anterior a la reforma constitucional de 1994” y a la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño. En esa línea, defendió la idea de un régimen “moderno, integral y especializado”, con garantías del debido proceso para el adolescente.

Qué dice el nuevo Régimen Penal Juvenil

La norma sancionada reemplaza la legislación vigente desde 1980, baja la edad de imputabilidad a 14 años y fija una arquitectura de proceso y sanciones que, según el texto, apunta a “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y lograr su “educación, resocialización e integración social”. El objetivo declarado es que el adolescente “supere el riesgo social y la conflictividad” evidenciada en el delito.

Entre los puntos centrales, el nuevo régimen establece que, desde el inicio del proceso y hasta su finalización, niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales; incorpora el derecho de padres o responsables a acceder a información sobre imputación y actos procesales; y fija como principios rectores la “protección integral de la víctima y sus familiares”, la “seguridad pública” y la “protección de la sociedad”.

La intervención de la asesoría tutelar correspondiente se vuelve obligatoria en procesos que involucren como imputada o víctima a una persona menor de 18 años. También se explicita que juez y Ministerio Público Fiscal deberán proteger “en todo momento” los derechos de víctimas y personas perjudicadas. En el mismo paquete aparece un punto sensible: los progenitores serán “responsables civilmente” por los ilícitos cometidos por sus hijos, conforme al Código Civil y Comercial.

Para los casos de condena condicional o supuestos previstos, el juez deberá imponer medidas complementarias (asesoramiento, asistencia a programas, tratamientos médicos, entre otras), con control judicial. En todos los casos, la ley ordena oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima.

La norma prevé reemplazos de prisión por penas alternativas en delitos con penas de hasta 3 años, y abre una facultad para el tribunal en el rango de 3 a 10 años siempre que no haya muerte, violencia grave física o psíquica, lesiones gravísimas, muerte en delitos culposos o daño psíquico grave, y si el adolescente no tiene otras condenas o procesos con auto de procesamiento.

El artículo 12 enumera sanciones posibles: amonestación; prohibiciones de contacto o aproximación; restricciones de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salida del país; servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; reparación integral del daño; y penas privativas de libertad.

En cuanto al encierro, se contemplan tres modalidades: privación de libertad en domicilio; en instituto abierto; o en instituto especializado de detención. La norma prohíbe reclusión perpetua y prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años para penas privativas de libertad. También prevé que, cumplidos dos tercios de la pena y dadas circunstancias del Código Penal para libertad condicional, el tribunal puede disponer que el resto se cumpla con penas restantes.

Si el adolescente incumple injustificadamente una pena alternativa, el juez deberá sustituirla por otra más severa. Y una vez determinadas medidas o penas, el juez designará un supervisor especializado para seguimiento, asistencia y control.

El alojamiento deberá ser en institutos adecuados con personal capacitado, con reglas estrictas: sin contacto con mayores de edad; contemplar personalidad y salud; edad; identidad cultural y educativa; y distinguir si la privación es cautelar o punitiva. Se garantiza atención médica, psicológica y psiquiátrica, y se promueven actividades formativas, capacitación laboral, deporte, cultura, religión y recreación para favorecer inserción social y laboral.

La ley amplía un capítulo de derechos para víctimas: asistencia especializada, patrocinio jurídico gratuito en ciertos casos, y posibilidad de instancias de mediación si les interesa. También habilita que el fiscal prescinda total o parcialmente de la acción penal si el delito atribuido tiene pena máxima igual o inferior a 6 años, siempre que no haya muerte, delitos culposos o lesiones gravísimas; y permite suspensión del proceso a prueba en delitos de hasta 3 años cuando no sea posible mediación.

Finalmente, la norma deroga la Ley 22.278 y sus modificatorias; invita a provincias y CABA a adecuar su legislación procesal penal y normas aplicables a adolescentes de 14 a 18; y fija un capítulo de financiamiento: las erogaciones se atenderán con recursos presupuestarios y, para el año de entrada en vigencia, se pronuncian $23.739.155.303,08. Nación, provincias y CABA podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación para cumplir estándares.

Implementación y recursos

Una parte de los cuestionamientos del debate se concentró en un problema viejo para el Congreso y nuevo para cualquier reforma: el financiamiento de la norma. El senador chaqueño Jorge Capitanich lo planteó en términos directos. Dijo que “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento” al régimen penal en capacidad instalada y lugares de alojamiento, además de “políticas públicas necesarias” para separar causas y consecuencias. “Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”, advirtió.

Sobre el presupuesto, fue duro: el componente de “24 mil millones de pesos” le pareció insuficiente si se proyecta la construcción de alojamientos. “Si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tardar 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, sostuvo. Su cierre fue político: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas”.

En un sentido similar, la senadora Alicia Kirchner cuestionó cómo se destinará el presupuesto hacia las provincias. “En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar?”, preguntó. Planteó si será Nación la que derivará fondos o si “todo va a caer de nuevo en las provincias”. Y remarcó, desde otra óptica, que hay áreas como salud mental que también requieren inversión: “Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto”.

Ese eje federal apareció, ya como advertencia de fondo, en el discurso del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien afirmó que, si se aprueba “de esta manera”, la reforma nacerá como “una ley muerta” por vulnerar “el ordenamiento federal”. “Convertirán estas necesarias reformas en algo que prácticamente, al vulnerar el ordenamiento federal, nace como una ley muerta antes de nacer”, lanzó, con una crítica que apuntó al diseño normativo y a la capacidad real del Estado para implementarlo.

Apoyos y rechazos

Del lado de los votos afirmativos, la defensa se apoyó en tres columnas que se repitieron: reparación a víctimas, fin de la “impunidad” percibida y actualización de una norma pre-democrática.

La senadora radical Gabriela Valenzuela habló de una “reforma trascendental”. “No estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”, sostuvo. En esa línea, definió la reforma como una “deuda democrática” desde 1983: “No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades”.

Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, fue más frontal y buscó una frase que se entendiera en cualquier sobremesa: la ley actual “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”. Y apuntó contra la oposición: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

Beatriz Ávila sostuvo que se trata de un tema “complejo, sensible, pero profundamente necesario” y que el Estado no puede estar “indiferente” frente a delitos cometidos por menores. En su lectura, son jóvenes que antes de delinquir “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”, pero la respuesta debe existir: “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad”.

El senador misionero Carlos Arce insistió en que “no es un proyecto punitivo, es un proyecto formativo”, y dijo que el debate público se concentró demasiado en la edad. A la vez, subrayó el lugar de las víctimas: “Estamos acá para proteger a las víctimas”. Y adelantó el voto afirmativo de los dos misioneros de su espacio.

Edgardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque UCR, apoyó la reforma pero pidió no reducirla a un “enfoque policial”. Habló de pobreza consolidada, falta de esperanza y de reconstruir un “contrato social” para que el joven sienta que el país le da futuro. “El problema de la juventud y la delincuencia es una deuda de la política… no es una cuestión de mano dura o blanda”, sintetizó.

Edith Terenzi también buscó bajar el dramatismo del “encierro masivo”. “Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores”, dijo, y remarcó que la ley es clara al limitar la privación de libertad a riesgos procesales ciertos, con dependencias acondicionadas, personal idóneo y prohibición de alojamiento junto a adultos.

Martín Goerling, senador por Misiones, definió la reforma como “una ley del sentido común” frente a “menores que delinquen y matan”, y la enmarcó en una comparación regional: Brasil con 12, Uruguay con 13, y el resto “ya zanjó el debate”. “Mano de obra barata, impune”, dijo, apuntando a la utilización de adolescentes por redes delictivas.

Desde el oficialismo, Ezequiel Atauche lo expresó como parte de una identidad de gestión: “Los mayores de 14 años entienden perfectamente qué están haciendo… y tienen que ser reinsertados en la sociedad a través de un procedimiento”. “Esta ley es un avance… de un gobierno reformista que ataca de frente los problemas de la gente”, afirmó.

Juan Carlos Pagotto agregó una crítica política clásica: cuestionó al kirchnerismo por objetar la norma tras “haber sido gobierno en cuatro períodos”. Y Luis Juez, ya dentro del bloque libertario, pidió que se “hable con los padres de las víctimas” y criticó la discusión con “politiquería” y “discurso berreta”. Para él, la baja de edad es “casi accesoria” frente al resto del sistema que ordena compromisos internacionales.

Desde Santa Fe, Carolina Losada defendió puntualmente la baja de imputabilidad. “Las madres de los soldaditos en Rosario me dicen que si aprobamos la baja de la edad imputabilidad vamos a salvar más chicos”, contó. Y agregó: “Tenemos que mirar a las familias de víctimas de frente y darles una respuesta”.

En la vereda contraria, el peronismo y otros sectores pusieron el acento en el impacto real, en las cifras de delitos juveniles y en el riesgo de que la ley opere como un gesto político más que como solución.

Lucía Corpacci calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” que “no busca mejorar la inseguridad”. “No estamos para responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”, dijo. Afirmó que “solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley” y que Argentina tiene “el menor índice de delitos en toda América Latina”. “Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, sostuvo, y dejó una pregunta que cruzó el recinto: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?”.

El cierre del bloque Justicialista estuvo a cargo de Martín Soria. Planteó que no hubo “un debate serio y responsable” y acusó al oficialismo de manipular condiciones. “Esta ley es muy mala, tiene errores, no va a solucionar lo que ustedes creen que va a solucionar”, dijo. Y apuntó contra el eslogan de “pena de adulto para delito de adulto”. También comparó este debate con el trunco de 2025 y señaló que en el Senado se modificaron artículos “porque contradecían la Constitución Nacional y tratados internacionales”. En su conclusión política, marcó la grieta conceptual: “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”.

El último discurso oficialista quedó en manos de Patricia Bullrich, que celebró una votación “histórica” y dirigió los dardos al kirchnerismo. “El kirchnerismo hizo de la Seguridad el mundo del revés. Habló del victimario, nunca de la víctima”, dijo. Y agregó: “Convirtió a los detenidos… en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado”.