El Senado dio el primer paso para la reforma de la ley de Glaciares

El Senado de la Nación dio este jueves media sanción a la reforma de la ley de Glaciares, una de las apuestas más sensibles del cierre de las sesiones extraordinarias, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

El oficialismo consiguió de esta manera avanzar con un proyecto que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, en un debate donde se colaron discusiones sobre la minería, el federalismo, el ambiente, la seguridad jurídica. Afuera del recinto, detuvieron a doce activistas de Greenpeace, quienes saltaron las rejas e irrumpieron en las escalinatas del Congreso en protesta contra la norma.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, provinciales y también integrantes del peronismo en provincias mineras como el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci. En tanto, aportaron a los votos negativos Andrea Cristina y Victoria Huala del Pro; Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger de la UCR; Natalia Gadano y José María Carambia de Moveré por Santa Cruz; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo; 19 integrantes del bloque Justicialista; los dos santiagueños del Frente Cívico; y los de Justicia Social Federal. La única abstención fue de la neuquina Julieta Corroza.

La sesión había comenzado a las 11.11 con quorum de 40 senadores. Antes del tema más resistido del día, la Cámara alta aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y ratificó el Acuerdo Comercial Mercosur–Unión Europea. Recién cerca de las 16 empezó el tratamiento de la reforma glaciar, el expediente que ya venía marcado como el más áspero, incluso entre aliados habituales de La Libertad Avanza.

El resultado en general le dio al Gobierno la media sanción que fue a buscar, bajo la presencia de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el ministro de Interior Diego Santilli. Luego llegó la votación en particular, con modificaciones informadas en plena sesión y con una oposición que hizo de ese punto uno de sus principales ejes de reclamo por el modo en que se discutió una de las leyes ambientales más importantes del país.

El proyecto ahora seguirá su recorrido legislativo en Diputados, pero en como parte del temario en el período ordinario de sesiones que dejará inaugurado este domingo 1 de marzo el presidente Javier Milei al dar su discurso desde las 21 ante la Asamblea Legislativa.

Qué modifica el proyecto

La reforma apunta a modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En concreto, cambia el artículo 1 y agrega un segundo párrafo para establecer que la protección de glaciares y ambiente periglacial debe interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Ese encuadre forma el corazón político del proyecto, luego de que el Gobierno nacional asumiera el compromiso con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una norma “más dinámica y menos rígida” para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Y esa fue la lógica que defendió el oficialismo: mantener la protección de los glaciares, pero abrir la posibilidad de desarrollar actividades económicas en áreas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobable.

La ley vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos, como ecosistemas de alta montaña que cumplen un rol en la regulación hídrica y geomorfológica. El proyecto aprobado en el Senado introduce una distinción: separa las formas periglaciares que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente lo hacen y que, por lo tanto, podrían quedar habilitadas para un aprovechamiento económico.

Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. Ese inventario deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y, sobre estas últimas, distinguir cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.

Entre las actividades prohibidas seguirán estando la liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales que alteren de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. Las actividades permitidas continúan siendo investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como andinismo y escalada.

Debate cruzado

La miembro informante fue la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el arranque hizo un repaso del tratamiento legislativo y defendió el procedimiento seguido en diciembre, cuando el proyecto ingresó ya iniciado el período de extraordinarias. “En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible”, explicó, al enumerar que escucharon a funcionarios del Ejecutivo, ambientalistas, organizaciones, gobernadores, abogados y cámaras mineras. También detalló que el dictamen reunió 19 firmas, dos en disidencia.

Pero el tono del debate cambió rápido. Una parte de la oposición puso el foco en las modificaciones de último momento incorporadas al texto. Daniel Bensusán, del PJ pampeano, fue de los más duros: “Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos”, lanzó. Y remató: “Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuida al medio ambiente en Argentina, entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche. Así no se legisla, así no se discute”. Según su mirada, la reforma se estaba haciendo “para favorecer la actividad económica de unos pocos en algunas provincias, en detrimento de defender el medio ambiente en la Argentina”.

Carlos Linares se sumó al reproche en la misma frecuencia. “No se puede cambiar una ley a la 1 y 35”, se quejó. Y fue más allá: “Nos están utilizando a todos acá”. Alicia Kirchner también machacó sobre ese punto y llevó la crítica hacia un terreno más institucional. Dijo que el dictamen parecía “un adorno” y se preguntó: “¿Pretenderán lavar estas torpezas con el agua de los glaciares?”. Para la senadora santacruceña, la reforma “producirá muchos litigios” y “no tiene seguridad jurídica”.

En la misma línea, Maximiliano Abad advirtió que, aunque consideraba que la ley debía modificarse por una “laguna jurídica” alrededor del inventario nacional, su voto sería “no positivo” porque el proyecto terminaba debilitando al IANIGLA y dejando en manos de las provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. “Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, señaló.

Adán Bahl también se plantó en esa línea. Reconoció que la ley vigente tuvo interpretaciones divergentes, pero sostuvo que la reforma “no resuelve ninguna de esas situaciones”. Por el contrario, dijo, “genera mayores grises que seguramente van a ser cuestionados desde su inconstitucionalidad”. Su razonamiento fue más político que retórico: una norma que se judicializa no protege ni el ambiente ni las inversiones. O sea, no cierra por ningún lado.

José María Carambia, desde Santa Cruz, se detuvo especialmente en el artículo 6. Dijo que ofrece “mucha libre interpretación” y dejó una imagen deliberadamente extrema para mostrar su preocupación: “El día de mañana en Santa Cruz, que somos de una provincia que hay pingüinos, se les ocurre y ponen minería en el glaciar Perito Moreno”. Para él, el espíritu del proyecto es “una autorización tácita encubierta para hacer lo que quieran donde sea”.

Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa con argumentos de federalismo, producción y corrección técnica. Agustín Coto fue quizá el más provocador. Apuntó contra la ley impulsada por Miguel Bonasso y la recordó como una norma redactada “dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos”. También se burló del viejo lema “Planten un pino en el Senado” y añadió: “Pero no crece nada debajo de los pinos”. Ya sobre el proyecto en discusión, retrucó: “Si acá hay una concesión es a la ciencia, no a una industria en particular”.

Flavio Fama, radical catamarqueño, defendió la reforma desde la necesidad de darle salida productiva a provincias con menos alternativas. “En provincias pobres como la mía, la minería puede ser una solución, tal vez no una solución ideal pero es una solución”, dijo. Y agregó que la ley actual “genera incertidumbre y eso trae como consecuencia la paralización de las inversiones”. Para él, el problema es que la norma se volvió “rígida”, con “zonas grises” y “tensiones federales”.

Sonia Rojas Decut, desde Misiones, encuadró el debate en el “federalismo ambiental”. “Nadie está diciendo que el agua no se va a cuidar. Nación no tiene competencia para cuidarla, pero las provincias sí”, sostuvo. Flavia Royón, por su parte, salió al cruce de lo que definió como “terrorismo ambiental”. “Quiero dejar claro que acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección del recurso”, afirmó. Y remató con una fórmula que condensa la defensa oficialista y aliada: “La minería sí, dentro del cuidado sustentable”.

Grieta ambiental

A medida que avanzó el debate, la discusión cobró un tinte más político. Martín Soria habló de una reforma “ideológica” y “servil”, diseñada “para un grupo de empresas privilegiadas, seguramente amigos de Milei, Toto Caputo y Sturzenegger”. Ana Marks cargó contra lo que describió como un Gobierno “flexibilizador”, “entreguista” y orientado al “saqueo” en beneficio de corporaciones. Anabel Fernández Sagasti, a cargo del cierre del bloque Justicialista, dijo que la modificación “no es una cuestión técnica” sino un retroceso ambiental, y denunció que la ley se está “rifando” por las urgencias de un Gobierno endeudado.

Luis Juez, ya incorporado a La Libertad Avanza, optó por explicar su cambio respecto a la votación de 2010, cuando él era diputado y votó por esa norma. Para ello, subrayó que el kirchnerismo entonces votó en contra de la ley que ahora defendía con vehemencia. “Hoy parecería que viven en un iglú en el medio de un glaciar, rodeado de pingüinos”, ironizó.

Terenzi, que había presentado el proyecto como miembro informante, cerró por Despierta Chubut pronunciándose por preservar íntegramente la ley vigente, enumerando objeciones constitucionales y fue terminante: impulsar “una reforma regresiva con visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino más incertidumbre”.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich. Para la presidenta del bloque libertario, la reforma “es profundamente política” porque enfrenta dos modelos de país: uno que busca crecer y construir riqueza, y otro que, según su mirada, “solo sabe crear Estado y, en consecuencia, la pobreza de los argentinos”. “No queremos más discutir esta lógica retrógrada entre ambiente y economía porque esa dicotomía hace pobre a los argentinos”, recalcó.