El Gobierno nacional colocó en la agenda del período extraordinario de sesiones del Congreso al proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).
El propósito es dar sustento jurídico lo antes posible al convenio comercial. La modernización del régimen de empleo ya tiene cronograma, con negociaciones en marcha. La ley de Glaciares y la designación de Iglesias como embajador completan la agenda.

El Gobierno nacional colocó en la agenda del período extraordinario de sesiones del Congreso al proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).
Según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, el período se extenderá del 2 al 27 de febrero. Y conforme al anexo, el temario se completa con la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente.
De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.
Conforme al orden en que figuran en el anexo, el primero de los cuatro temas incluidos es el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Se trata de una norma de fuerte impacto en el debate ambiental y productivo, ya que podría destrabar inversiones para la explotación de cobre. La iniciativa cuenta con expediente iniciado en el Senado, lo que anticipa que su tratamiento podría comenzar en la Cámara alta.
Al mismo tiempo que provoca resistencia en sectores ecologistas, se trata de una modificación que interesa particularmente a los gobernadores de las provincias afectadas, y que incluso aparece como parte de la negociación por la reforma laboral.
De hecho, el segundo proyecto incluido en la convocatoria es, precisamente, la llamada Ley de Modernización Laboral. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y se inscribe en la agenda de cambios estructurales que el Gobierno busca debatir en el Congreso.
El temario incorpora además la aprobación legislativa del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento negociado durante más de dos décadas y cuya ratificación requiere el aval de los parlamentos de los países involucrados. El anexo del decreto precisa que el acuerdo será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Tal como se informó oportunamente, para que entre en vigencia la parte comercial del entendimiento se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur.
Si está aprobado por el Parlamento Europeo y uno de los congresos del Mercosur -por ejemplo, el argentino- le da aval, ya entra en vigencia para ese país. Eso pretende Milei que ocurra lo más pronto posible. Además, el Congreso deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo, es decir, no podrá modificar el contenido del acuerdo.
Por último, la convocatoria incluye la consideración del acuerdo para designar como embajador a Fernando Adolfo Iglesias.
Mientras tanto, el Senado avanzó en la fijación de un rígido calendario para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. Esto al mismo tiempo que el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto.
La senadora libertaria Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias que encabezará Javier Milei el domingo 1 de marzo.
El pleno del Senado requiere 37 voluntades para sesionar, cuando el interbloque oficialista que lidera Bullrich suma 21 senadores. El gobierno de La Libertad Avanza debe, por tanto, apelar a los bloques de la UCR (10 miembros), el PRO (tres bancas) y a legisladores provinciales independientes, que no siempre responden a los gobernadores.
En cuanto a los procedimientos internos, desde el lunes 26 de enero Bullrich dará inicio a una ronda de reuniones directas con integrantes de la oposición dialoguista, posponiendo cualquier definición relevante hasta fines de ese mes o los primeros días de febrero.
De manera paralela, una comisión técnica, dirigida por Josefina Tajes, comenzará a trabajar desde ese mismo día en la sistematización de las modificaciones y los reclamos recibidos tanto de bloques opositores como de la CGT.
Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado y el tema llegue al recinto, la propia Bullrich será miembro informante y tendrá a su cargo explicar los alcances de la norma, como así también las modificaciones, de cara a la votación en general y en particular.




