Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: “Se terminó la impunidad", dijo Bullrich

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en Argentina y Patricia Bullrich celebró su entrada en vigencia con un mensaje en redes sociales en el que destacó el cambio en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes.

“Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”, expresó la senadora nacional a través de una publicación en X. En el mismo mensaje, sostuvo que quienes roben, maten o lesionen deberán responder por los hechos cometidos.

La exministra de Seguridad vinculó la implementación del nuevo régimen con uno de los principales ejes de su discurso político: el endurecimiento de las respuestas frente al delito y una mayor protección para las víctimas.

El mensaje de Patricia Bullrich

“Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”, afirmó Bullrich en su publicación.

La dirigente también cuestionó el funcionamiento del sistema anterior y sostuvo que durante años los menores que cometían delitos gozaron de una situación de impunidad.

“Se terminó la impunidad”, escribió al finalizar el mensaje, en el que también hizo referencia a las familias de personas afectadas por delitos cometidos por menores de edad.

La entrada en vigencia del régimen constituye uno de los cambios más relevantes en materia penal juvenil de los últimos años y establece un esquema específico para adolescentes involucrados en causas penales.

Qué cambia con el nuevo régimen

La nueva normativa establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años. La reforma reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar alcanzada por el régimen penal juvenil.

El sistema contempla procedimientos específicos y busca diferenciar el tratamiento de los adolescentes respecto del régimen penal destinado a los adultos.

Entre sus principales características se encuentran la especialización de los operadores judiciales, la aplicación de medidas socioeducativas y un esquema de sanciones que contempla distintas alternativas según la gravedad del delito.

La privación de la libertad queda reservada para determinados casos y bajo condiciones específicas. También se prevé una mayor participación de las víctimas durante el proceso, además de mecanismos orientados a la reparación del daño.

La reforma había sido aprobada por el Congreso luego de un debate atravesado por fuertes diferencias políticas. Sus impulsores defendieron la reducción de la edad de imputabilidad como una herramienta para abordar delitos graves cometidos por adolescentes.

Desde sectores de la oposición, en cambio, se cuestionaron distintos aspectos de la normativa, entre ellos su implementación y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de un sistema especializado.

Con la entrada en vigencia, comienza ahora una nueva etapa para la aplicación de la legislación penal juvenil en el país. La implementación deberá contemplar la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos destinados a adolescentes que queden alcanzados por el nuevo régimen.

El debate político en torno a la edad de imputabilidad, las sanciones y las políticas de prevención continuará formando parte de la discusión pública, mientras el nuevo esquema comienza a aplicarse en todo el territorio nacional.