Ley de Salud Mental: el Gobierno envía un nuevo proyecto al Congreso con cambios en internaciones

El Gobierno nacional avanza en una reforma de fondo del sistema sanitario en materia de salud mental. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca actualizar la normativa vigente desde 2010.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, apunta a introducir cambios en los criterios de diagnóstico, en las condiciones de internación y en la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones críticas.

Según fuentes oficiales, el objetivo central es corregir vacíos normativos que hoy dificultan la intervención en casos de riesgo, tanto para los propios pacientes como para terceros. En ese marco, se busca dotar de mayor claridad a conceptos que, en la práctica, generan interpretaciones dispares.

El proyecto surge tras un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, profesionales de la salud, pacientes y actores del ámbito judicial y legislativo. Ese diagnóstico permitió identificar obstáculos concretos en la aplicación de la ley vigente, especialmente en situaciones de urgencia.

Uno de los datos que encendió alertas es el nivel de implementación desigual en el país: solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa actual, y apenas 18 hospitales generales cuentan con servicios específicos de salud mental.

Cambios en diagnósticos y criterios de intervención

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de los criterios diagnósticos. Desde el Gobierno sostienen que el concepto de “padecimiento mental” resulta demasiado amplio y ambiguo, lo que puede derivar en demoras o dificultades en la toma de decisiones clínicas.

En su lugar, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión en la evaluación de cada caso.

Además, se plantea un cambio clave en el criterio de intervención. La nueva redacción pone el foco en la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”, tanto del paciente como de terceros. Según explican, esto permitiría actuar de manera más preventiva y oportuna ante escenarios críticos.

En cuanto a las internaciones, el texto mantiene su carácter excepcional, pero introduce modificaciones relevantes. Se habilita la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por un psiquiatra, que deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario.

También se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial. En los casos voluntarios, si el paciente solicita el alta pero no se encuentra en condiciones de decidir, la internación podría transformarse en involuntaria con intervención de la Justicia.

Red de atención y debate sobre hospitales especializados

Otro de los puntos sensibles del proyecto es el rol de los hospitales psiquiátricos. A diferencia de la ley vigente, que promueve su cierre progresivo, la nueva iniciativa propone fortalecer la red de atención incluyendo instituciones especializadas.

Actualmente, el sistema cuenta con 30 hospitales monovalentes públicos y al menos 139 privados. Desde el oficialismo consideran que estas estructuras siguen siendo necesarias para abordar casos complejos que no pueden ser contenidos en hospitales generales.

En paralelo, se plantea ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y SEDRONAR. La intención es reforzar el control y seguimiento de las políticas públicas en este campo.

El envío del proyecto al Congreso abre un nuevo capítulo en el debate sobre salud mental en Argentina, un terreno atravesado por tensiones entre enfoques clínicos, derechos humanos y capacidad operativa del sistema sanitario.

Mientras tanto, el desafío será construir consensos en un tema sensible, donde cada modificación impacta directamente en la vida de miles de personas y en el funcionamiento cotidiano de hospitales, profesionales y familias.