Solicitan que la justicia disponga la veda pesquera en el Paraná

La jueza en lo Civil y Comercial de la undécima nominación, Ana Rosa Álvarez, tiene en sus manos una acción de Protección de Intereses Difusos presentada por catorce diputados exigiendo que se dicte una veda pesquera en el río Paraná y afluentes en vista de la afectación que tiene el recurso ictícola, agravado ahora por la bajante del río que -según estudios- se prolongará durante varios meses.

Con el patrocinio de Rodrigo Fernández, los legisladores tomaron ese camino ante la negativa del Poder Ejecutivo de disponer esa limitación y por la falta de apoyo del Senado a dictar una ley de veda. En rueda de prensa encabezada por Fabián Palo Oliver (UCR) varios de los firmantes expusieron los motivos que los llevaron a ir por el camino judicial ante la cerrazón del Senado en abordar el tema votado por unanimidad por la Cámara Baja el mes pasado. El propio Palo Oliver consultó a los jefes de bloque del Senado por el tema que le indicaron que no había acuerdo para avanzar con la sanción de la norma.

En el año, la Cámara de Diputados votó dos declaraciones y dio -por unanimidad- media sanción a un proyecto de ley estableciendo una veda de 90 días. Después en la Comisión de Agricultura y Ganadería no hubo acuerdo con funcionarios del Ministerio de la Producción que fueron a exponer las razones por las cuales no debería dictarse la veda. Ahora fueron por la vía judicial acompañados por varios estudios hidrológicos y biológicos firmados por docentes e investigadores del Conicet.

Palo Oliver, Oscar Martínez (Frente Renovador), Fabián Bastía (UCR) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) fueron los voceros del planteo judicial acompañados por otros legisladores radicales encabezados por el jefe de la bancada, Maximiliano Pullaro.

“La acción de amparo está firmada por la mayoría de los diputados que tuvimos iniciativa legislativa sobre el tema. La Cámara se pronunció a favor de establecer la veda pesquera comercial en tres oportunidades con sendos proyectos de comunicación y con media sanción de una ley del diputado Martínez que lamentablemente no ha tenido tratamiento en el Senado” explicó Palo Oliver. “Esta acción tiene como objetivo contrarrestar la omisión por parte del Poder Ejecutivo de no decretar la veda pesquera comercial. Es un petitorio de cuatro puntos: establecer la veda total y automática por 90 días de la pesca comercial; declarar la emergencia ictícola del río Paraná y afluentes; ordenar al ministerio de Ambiente y Cambio Climático a que convoque a audiencia pública y un estudio de sustentabilidad de la fauna ictícola”.

Protección del medio ambiente

A su turno, Martínez recordó el consenso que hubo en Diputados en disponer la veda como medida protectiva del medio ambiente. “No solo es protectiva del medio ambiente en términos generales, sino para proteger a todas las actividades que dependen de la fauna ictícola: pesca comercial, deportiva y turismo. Nos sorprende enormemente que se haya dictado una veda en Misiones, en Corrientes y en Chaco y no se tomó esta decisión en Santa Fe”. El legislador pidió reflexión al ministerio de la Producción y que establezca la veda. “Las autoridades del ministerio no nos pudieron dar explicaciones técnicas que justificaran el no dictado de la veda” aclaró en referencia a la reunión mantenida en la Comisión de Agricultura. “No quisimos llegar a esta instancia, pero proteger los recursos naturales es proteger a nuestra generación y a las futuras”.

Bastia, a su turno, explicó los alcances jurídicos de la presentación. “Ha sido admito el recurso; aún no se otorgó la cautelar que pedíamos y estamos en la etapa del procedimiento donde se le corre traslado a la provincia que deberá presentar un informe circunstanciado sobre los hechos y razones que fundamentan su accionar. En un plazo de diez días deberá ofrecer pruebas. Tenemos expectativas en el proceso y la esperanza que se pueda dictar la cautelar que pedimos en el escrito de inicio de demanda”.

Martínez insistió en la bajante del Paraná se inició en 2016 y seguirá por varios meses. “Los estudios biológicos vienen advirtiendo que la disminución del tamaño de los peces tiene que ver con este proceso que afecta al Paraná y a las actividades que viven del recurso ictícola”.

Del Frade hizo notar que Argentina es uno de los países del mundo que exporta pescado de río e hizo notar la actitud de Santa Fe y de Entre Ríos de no cuidar el recurso y de permitir que el 70% de la venta al exterior de este producto salga de ambas provincias. Advirtió además del permiso de mallas más chicas que hace la vecina provincia que permite la captura de especies de menor tamaño.

“Los negadores del impacto se van quedando sin argumento, pero el daño que generan no se recupera” remató Palo Oliver la presentación.

Firmantes

El escrito ante la justicia lleva las firmas de los diputados Fabián Palo Oliver, Maximiliano Pullaro, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido, Silvana Di Stefano, Silvia Ciancio, Georgina Orciani, Fabián Bastia, Marcelo González y Jimena Senn, todos de la UCR; más Clara García (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular); Oscar Martínez (Frente Renovador) y Rubén Giustiniani (Igualdad).

El petitorio

En el extenso escrito, los legisladores piden a la jueza que se tenga por promovida Acción de Protección de Intereses Difusos (Ley provincial Nº 10.000) contra la omisión del Gobierno de la provincia a la declaración de la veda de la pesca comercial en el Río Paraná. En otra parte del documento se ofrecen una serie de pruebas que los firmantes consideran importante para justificar su exigencia.

Pero además plantean que en caso de que se les niegue el pedido irán con un recurso de inconstitucionalidad por ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y también reservaron el recurso extraordinario para plantear el caso federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mandatos prorrogados

El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial la ley 13981 que dispone la prórroga de los mandatos de los directorios y/u órganos de gobierno de las cajas previsionales de los profesionales de la provincia de Santa Fe.

La medida es para aquellos organismos cuyo vencimiento de mandato se produjo durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio o hasta 90 días posteriores a su finalización.

El dictado de la norma venía siendo exigida por distintas entidades previsionales que no pudieron realizar sus asambleas ni elecciones debido a la excepción dispuesta por el Estado nacional debido a la pandemia originada en el Covid 19.