Ordenaron ejecutar 111 bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez en la causa Vialidad

La causa Vialidad volvió a tener un movimiento judicial de alto impacto. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, y ordenó ejecutar 111 bienes inmuebles para cubrir el decomiso fijado en el expediente.

La medida alcanza a propiedades vinculadas a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, al empresario santacruceño y a firmas ligadas a su estructura empresarial. El objetivo es resarcir al Estado nacional por el fraude determinado en la causa, valuado en $685.000 millones.

Según el fallo, el decomiso comprende 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, dos de Austral Construcciones S.A., tres de Kank y Costilla S.A. y dos de Loscalzo y Del Curto S.R.L.

Qué resolvió Casación en la causa Vialidad

La decisión fue firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La mayoría del tribunal rechazó los cuestionamientos contra la resolución del Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que los criterios usados para identificar los bienes decomisables fueron adecuados.

En esa línea, los jueces remarcaron que no es exigible una reconstrucción contable perfecta de cada flujo de dinero en expedientes de criminalidad económica organizada y prolongada en el tiempo. Para Casación, en estos casos alcanza con establecer una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable.

La sentencia también dejó una definición fuerte sobre el sentido del decomiso. Los magistrados entendieron que exigir un rastreo exacto y absoluto del dinero terminaría vaciando de contenido una herramienta central para recuperar activos provenientes del delito.

Los argumentos de Cristina Kirchner y de sus hijos

Las defensas de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner habían objetado el decomiso de varios inmuebles al sostener que parte de esos bienes provenían de herencias de Néstor Kirchner o de cesiones posteriores, incluso ajenas al período investigado en la maniobra delictiva.

Además, argumentaron que algunos inmuebles habían sido adquiridos antes del lapso temporal analizado en la causa y que, por lo tanto, no existía un nexo directo entre esos activos y los fondos de origen ilícito. También invocaron la buena fe de los adquirentes.

Casación rechazó esos planteos. El voto mayoritario sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, siempre que exista una vinculación razonable con la maniobra investigada.

El planteo de Lázaro Báez y la diferencia de Borinsky

La defensa de Lázaro Báez y de otros condenados también cuestionó la medida. Su argumento central fue que no había una fundamentación suficiente para vincular de manera concreta cada uno de los inmuebles con los beneficios obtenidos del delito.

Ese criterio tampoco prosperó. La mayoría de la Sala IV entendió que, dada la fungibilidad del dinero y su mezcla con activos lícitos, no puede exigirse una trazabilidad absoluta bien por bien para habilitar el decomiso en una estructura de corrupción de largo alcance.

Hubo, sin embargo, una diferencia parcial dentro del tribunal. Mariano Borinsky acompañó los lineamientos generales del fallo, pero consideró que en el caso de algunos inmuebles heredados por los hijos de la expresidenta existían defectos de fundamentación. Por eso propuso anular esa parte y ordenar un nuevo pronunciamiento.

Qué bienes serán ejecutados y qué pasará ahora

El voto mayoritario no aceptó esa disidencia y confirmó la ejecución total del decomiso. De esta manera, la Justicia avanzará sobre los 111 inmuebles identificados para transformar esos activos en recursos que permitan cubrir el monto fijado como perjuicio al Estado.

El fallo dispuso además que todos los bienes decomisados pasen a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Será el máximo tribunal el que quede a cargo de su administración y de una eventual venta, en el marco del proceso de ejecución.

La resolución reabre así un capítulo sensible de la causa Vialidad, una investigación que giró alrededor del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, con sobreprecios, incumplimientos y contratos otorgados de manera sistemática.

El contexto judicial de Cristina Kirchner

La causa ya había terminado con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo sigue siendo uno de los expedientes más pesados del frente judicial de la exmandataria.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Ahora, el nuevo paso de Casación vuelve a poner el foco en la dimensión patrimonial del caso y en la recuperación de activos vinculados a la maniobra investigada.

El fallo no reabre la discusión sobre la responsabilidad penal, pero sí acelera una consecuencia concreta de la condena: la ejecución del decomiso para intentar resarcir económicamente al Estado por el daño fijado en el expediente.