Caso Bieler: el Concejo Municipal de Vera pidió diálogo y suspensión del apremio fiscal

El Concejo Municipal de la ciudad de Vera aprobó la Resolución Nº 25/25, mediante la cual manifestó su preocupación institucional por una ejecución fiscal iniciada contra un productor agropecuario local, situación que actualmente se encuentra en instancia judicial.

La iniciativa legislativa surgió a partir de una nota periodística publicada por el medio local InfoVera el pasado 11 de diciembre de 2025, titulada “Sociedad Rural de Vera cuestiona una ejecución fiscal contra el productor Bieler y reclama suspender las medidas de apremio”.

En dicha publicación se daba cuenta del reclamo efectuado por la Sociedad Rural de Vera, que advirtió sobre la aplicación de medidas de apremio sin la existencia de una sentencia judicial firme.

En los considerandos de la resolución, el Legislativo remarcó que el sector agropecuario constituye uno de los “principales motores económicos de la ciudad y la región”, generando empleo, producción y desarrollo, por lo que “resulta fundamental garantizar previsibilidad, razonabilidad y seguridad jurídica en la aplicación de sanciones y procedimientos administrativos”.

Diálogo y suspensión

Asimismo, el Concejo aclaró que no le corresponde expedirse sobre cuestiones de fondo que son competencia exclusiva del Poder Judicial, aunque sí puede expresar su preocupación institucional y promover el diálogo entre las partes involucradas, en resguardo de la paz social y del desarrollo productivo local.

A través del artículo 2°, el Concejo solicitó respetuosamente a los organismos provinciales competentes que “evalúen la posibilidad de suspender las medidas de apremio hasta tanto exista una resolución judicial firme”, garantizando el debido proceso legal.

La resolución fue sancionada el 23 de diciembre de 2025, en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Vera, y lleva la firma del presidente del cuerpo, Javier Barbona, y del secretario Guillermo Raynald.

Multa

Eduardo Bieler es apremiado por una multa de $ 379.809.189, que de acuerdo a sus declaraciones que ganaron repercusión, equivaldría al doble del valor de un inmueble rural ubicado en el distrito Vera.

La infracción a quien fuera además director general de la Guardia Rural «Los Pumas» fue labrada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, por una supuesta contravención a la Ley de Bosques Nativos durante la gestión provincial de rafaelino Omar Perotti. En julio de 2024, en actual gobernador Maximiliano Pullaro ratificó la medida punitiva por decreto.

Validez

El 11 de diciembre pasado, la Sociedad Rural de Vera expresó públicamente su preocupación institucional ante la situación que atraviesa el productor y socio Eduardo Alejandro Bieler, quien enfrenta una ejecución fiscal derivada de una multa ambiental cuya validez, según la entidad, aún no está firme y permanece bajo revisión judicial.

Según se detalló en el comunicado, el productor presentó los recursos correspondientes ante la Justicia provincial, motivo por el cual el gremio rural considera “indispensable que se suspendan las medidas de apremio hasta que exista un pronunciamiento definitivo”.

Avanzar en paralelo con la ejecución fiscal, advirtió la institución, afecta el debido proceso y podría generar un perjuicio irreparable.

La SRV remarcó además que la multa aplicada posee una magnitud “que incluso supera el valor del propio predio”, lo que «presenta serios cuestionamientos en términos de razonabilidad y proporcionalidad». En ese marco, alertó que la sanción podría resultar confiscatoria, poniendo en riesgo la continuidad económica de la familia productora involucrada.

Garantías constitucionales

La entidad aclaró que mantiene un compromiso con la producción responsable y el cuidado ambiental, pero enfatizó que «toda acción sancionatoria del Estado debe regirse por criterios de justicia, equilibrio y respeto a las garantías constitucionales».

En este sentido, la Sociedad Rural planteó la necesidad de generar una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el productor afectado, con el propósito de alcanzar una solución razonable y proporcional.

En el cierre del parte, la institución reafirmó su defensa del Estado de Derecho y la importancia de garantizar seguridad jurídica en la región. Al mismo tiempo, destacó que proteger la actividad productiva no implica desatender los objetivos ambientales, pero que las sanciones deben ser justas y ajustadas a la ley.