Discapacidad en emergencia: el desafío del Centro de Día Sin Fronteras de San Cristóbal para seguir funcionando

La directora del Centro de Día Sin Fronteras de la ciudad de San Cristóbal, Laura Lazzaroni, explicó cómo están trabajando y de qué manera atraviesan la emergencia en discapacidad, en medio del veto del presidente Javier Milei a la ley que fuera sancionada en el Congreso y sobre la que este miércoles insistió Diputados.

La institución que ya lleva 25 años de vigencia, actualmente tiene 24 concurrentes y 24 trabajadores, que incluyen profesionales de la salud, personal de mantenimiento y de cocina. Pese a los obstáculos que puedan surgir en el día a día, entre todos y con el apoyo de las familias sostienen el Centro de Día. Es importante remarcar que sus puertas están abiertas todos los días.

“Es una situación difícil, pedimos que nos sigan acompañando a las instituciones como ésta, a los profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad, a los transportistas que también trasladan a personas con discapacidad y tienen sus dificultades. Nosotros estamos trabajando como siempre, sosteniendo la institución, contando con el apoyo del personal, de los papás, de los transportes”, expresó la directora.

Sin aumentos sigue la prestación de los servicios

En cuanto a los profesionales que trabajan y atienden a las personas con discapacidad, el Centro de Día recibe un arancel por la prestación de los servicios; desde el área de Salud de la Nación se hace el pago de un monto establecido por la ley, ese pago ingresa al Centro de Día y es con el que se maneja la institución, tanto en mantenimiento como en el costo de todos los profesionales.

Actualmente no tienen deudas, pero desde diciembre no hubo incremento y se están regularizando los pagos de abril y mayo.

Transporte en crisis

La situación más grave es la de los transportistas, quienes no perciben su pago desde diciembre del 2024, es decir, no han cobrado un peso durante este 2025, pero se mantiene el traslado de las personas con discapacidad, no sólo en la ciudad de San Cristóbal sino que asisten chicos y chicas de localidades vecinas como Elisa, La Lucila y Ambrosetti.

"Los transportistas están en peor situación que la nuestra, ellos no cobraron nada este año todavía y trasladan a personas con discapacidad. Están sosteniendo como pueden su trabajo, no pensamos en dejar de brindar ese servicio, hemos tratado de buscar la forma de sostenerlo, acomodando un poquito los días de asistencia, buscando apoyo en las comunas, pero es difícil. Son transportistas que son prestadores de salud, cumplen con toda la normativa, su pago viene directo de la Nación”, aclaró Laura Lazzaroni.

Acompañar y sostener

Ante la consulta de cómo lo afecta dicha emergencia y ante el apoyo de la sociedad, la directora indicó que "nunca nos dejaron solos, está buenísimo el apoyo, hay mucho trabajo que se hace a nivel nacional, a nivel provincial. Nosotros dependemos de Unión de Entidades que es una asociación que nuclea a todos los centros de día de la provincia de Santa Fe, entonces el reclamo parte mucho de ellos, nosotros tratamos de acompañar. Semanas atrás hubo una manifestación en Santa Fe, ellos fueron partícipes junto con las familias".

Además, la directiva remarcó que «el apoyo de la familia es fundamental, ellos son muy conscientes de la situación en discapacidad en este momento a nivel nacional, pero tienen la tranquilidad de que nosotros seguimos acá y estamos funcionando sino también sería complejo, hay instituciones en la provincia que han cerrado y hay otras que no pueden pagar los sueldos. Realmente es grave la situación que están pasando las personas con discapacidad, las instituciones que trabajan con las personas con discapacidad y los transportistas».

Qué es la Emergencia en Discapacidad

El Senado aprobó el 10 de junio la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, pero el presidente Javier Milei la vetó el 4 de agosto. Hoy esto cambió y en la Cámara de Diputados se revirtió el veto presidencial. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otras.

El gobierno rechazó la iniciativa llamándola “regresiva y asistencialista” y expresó preocupaciones sobre el costo fiscal.

Agrupaciones que nuclean a las personas con discapacidad y bregan por sus derechos se movilizaron en distintas partes del país, en contra del veto a la ley.