Juego clandestino on-line en Santa Fe: la Fiscalía pidió penas de prisión y decomiso millonario

Tras el fallo de la Cámara Penal de esta semana que confirmó el congelamiento de cuentas en criptomonedas por un total de 1,3 millones de dólares, el caso por apuestas online no autorizadas se encamina hacia su etapa final: la audiencia preliminar ya tiene fecha. Será el 22 de agosto a las 8 y estará a cargo de la jueza Cecilia Labanca. Es el paso previo al juicio oral.

La acusación formal fue presentada el 14 de mayo por el fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, quien dio por agotada la investigación penal preparatoria y solicitó la apertura de juicio contra siete imputados por la organización de un sistema clandestino de captación de apuestas online, delito previsto en el artículo 301 bis del Código Penal en carácter de coautores.

Empresarios del juego

Los principales acusados son dos empresario brasileños: Claudio Marcos Just Cavalcante (52) y Carlos Eduardo Franco Russo (35), ambos domiciliados en Río de Janeiro.

Los cinco restantes son: Justina García de la Peña (37), abogada, con domicilio en La Plata; Alejandro Gelormini (63), contador, radicado en Olivos, provincia de Buenos Aires; Agustín Suares Araujo (48), administrador, de Caba; Natalia Soledad Salinas (40), abogada, reside en un country de Pilar; y Santiago Corbetta (41), de La Plata.

La Fiscalía sostiene que los acusados montaron desde abril de 2023 una compleja red digital para captar apuestas en juegos de azar a través de plataformas online no autorizadas, accesibles desde la provincia de Santa Fe y otras jurisdicciones, sin habilitación estatal.

El sistema operaba mediante las firmas Transfero Pagamento SA y Bluegreen SA, que articulaban sus operaciones con el Banco Industrial SA, sin pagar los tributos correspondientes ni contar con licencia de la Lotería de Santa Fe, autoridad de aplicación de la ley provincial 14.235.

Entre abril de 2023 y septiembre de 2024, según la acusación, el sistema recaudó más de 19 mil millones de pesos, con un dato especialmente grave: 38.845 menores de edad habrían realizado transferencias para apostar en los meses de junio, julio y agosto del año pasado.

Penas y decomiso

La Fiscalía solicitó penas de prisión efectiva para todos los imputados:

Para Just Cavalcante y Franco Russo: 5 años y 6 meses de cárcel y multa de $90.000

Para Suares Araujo, Salinas y Corbetta: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $90.000

Para García de la Peña y Gelormini: 4 años de prisión efectiva y la misma multa

Asimismo, se pidió el decomiso de los activos obtenidos ilícitamente, entre ellos criptomonedas actualmente bloqueadas en cuentas vinculadas a los acusados, con un valor superior a 1,2 millones de dólares.

Pruebas clave

Entre las más de 20 pruebas incorporadas, se destacan:

• Denuncias del Poder Ejecutivo provincial y la Caja de Acción Social de Santa Fe

• Informes de la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF)

• Un extenso análisis de COELSA (Compensadora Electrónica SA), que identificó más de 50 cuentas virtuales registradas a nombre de Transfero y un patrón de transferencias predominantemente nocturnas, muchas de ellas desde alias vinculados a menores de edad

• Informes de AFIP/ARCA, CNV (Comisión Nacional Valores), DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y Migraciones, junto con allanamientos en domicilios y oficinas de los imputados

• Declaraciones testimoniales de 22 apostadores que corroboraron el destino de los fondos

• Actuación de un agente revelador, que apostó en las plataformas investigadas y constató el uso de una cuenta común con Cuit de Transfero Pagamento

Además, los cuadernos secuestrados a Salinas y testimonios de empleados revelaron un conocimiento pleno por parte de los acusados de que estaban operando un sistema ilegal. Incluso, constan anotaciones que detallan estrategias para eludir responsabilidades penales, disimular la captación de apuestas como servicios “b2b” (de empresa a empresa), y proyectar el modelo a otros países como Chile.

Estructura criminal

La investigación determinó que Transfero Pagamento SA fue constituida en 2021 en Argentina por los empresarios brasileños y estuvo dirigida por García de la Peña, Gelormini, Salinas y Suares Araujo, todos en distintos períodos. Ninguno de ellos declaró empleados ante la AFIP, lo que indicaría una estructura simulada destinada exclusivamente a la captación de juego clandestino.

El escrito fiscal señala que: “No hay forma que el Estado estime el daño sólo en proporción de lo que le hubiera correspondido percibir al fisco; ya que el perjuicio que generan estos sitios ilegales a la sociedad en su conjunto por el mero hecho de operar clandestinamente”.

Y compara: “De la misma manera que no alcanza con que el narcotraficante pague tributos para poder comercializar, es que entendemos que todo el flujo de dinero detectado en las operaciones realizadas en el marco del juego ilegal le corresponde al Estado por ser ilícitas en su totalidad”.

38 mil menores

Un dato que sorprende en la causa por juego online clandestino es la magnitud de la participación de menores de edad en las apuestas. Según datos aportados por la red de compensación COELSA, más de 38.800 adolescentes realizaron transferencias a favor de la empresa Transfero Pagamento SA durante los meses de junio, julio y agosto de 2024.

El informe revela que estas transacciones, en su mayoría de montos bajos —inferiores a los $10.000—, se concentraban en la franja horaria de 20 a 23 horas, cuando la actividad comercial tradicional cae pero crece el uso recreativo de internet entre jóvenes. El patrón es tan marcado que los investigadores lo describieron como un comportamiento “antitético al movimiento bancario convencional”.

Los alias bancarios utilizados por los menores no estaban identificados formalmente, lo que facilitó la operatoria clandestina. Este fenómeno plantea un nuevo foco de alarma: la creciente naturalización del juego entre adolescentes, impulsada por plataformas que, lejos de establecer filtros, parecen haberlos apuntado como uno de sus principales públicos.

Una de las pruebas más ilustrativas son las anotaciones manuscritas halladas en cuadernos secuestrados a una de las imputadas, donde se registran “estrategias para sostener alias” y consultas sobre cómo minimizar "riesgos penales" si hay menores. Una señal inequívoca de que sabían a quiénes llegaban.