Comando de la Costa: a una semana del juicio

A más de tres años desde el inicio de la investigación sobre delitos perpetrados por policías integrantes del Comando de la Costa, y con cinco condenados en procedimientos abreviados, los tres imputados restantes serán llevados a juicio. El comienzo del debate está programado para el próximo miércoles 3 de febrero.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, solicitarán la pena de 18 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y tener o portar armas para el policía Exequiel Maximiliano Mendicino (34). En cuanto a los agentes Ariel Alejandro Sanabria (44) y Luis Exequiel Gómez (39), pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta, respectivamente.

El tribunal de juicio estará conformado por los doctores Susana Luna -presidenta-, Rodolfo Mingarini y Pablo Ruiz Staiger, que escucharán las declaraciones de más de 130 testigos. Una de las víctimas se presentó como querellante y será representada por las abogadas del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) Laura Girard y Vivian Galeano.

Por su parte, las defensas técnicas de los imputados estarán a cargo de los abogados particulares Jorge Qüesta -por Mendicino-, Sebastián Oroño -por Sanabria-, y Natalia Giordano -por Gómez-.

Violación de derechos

La investigación comenzó en noviembre de 2017, luego de que más de diez personas denunciaron el accionar delictivo desplegado por los miembros de la fuerza policial. En mayo de 2020 se realizó la audiencia preliminar, tras la cual el juez Jorge Patrizi dispuso la conformación del tribunal pluripersonal que presidirá el juicio.

En dicha oportunidad, los fiscales sostuvieron que "con su accionar, que resultó de la previa distribución y asignación de tareas, los agentes investigados vulneraron múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas", resaltando que "actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, y lo hicieron a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que le fueron provistas por el Estado".

Algunas de las víctimas son mujeres, niños y personas con discapacidad, "lo que indica el estado de indefensión de las víctimas que estaban en situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección", aseguraron los acusadores.

Además, Hernández y Jiménez detallaron que "luego de cometer los delitos, los policías insertaban declaraciones falsas en las correspondientes actas de procedimiento, a sabiendas de lo que hacían y con la deliberada intención de ocultar los ilícitos que habían cometido".

Tortura y aborto

Algunos de los violentos episodios de los que se acusa a los policías consisten en haber torturado a una embarazada, que curzaba el segundo mes de gestación, provocandole un aborto. La habrían golpeado y pisado mientras le decían "a las negras como vos hay que matarlas a todas".

Cuando estaba privada de su libertad en la Comisaría 14, le pegaban "una bofetada cada vez que respondía a una pregunta que le hacían, amenazándola con que iba a morir presa embarazada porque la iban a violar e iba a tener gangrena".

También se les imputó haber irrumpido en una casa de Colastiné Norte y exigir a su dueño "la entrega de tejidos, tablones y carne, obligándolo a que se arrodille mientras le propinaban golpes en las plantas de los pies con un palo de madera, para luego pegarle con un sillón playero plegable" en al espalda.

El mismo maltrato habría sufrido un joven con discapacidad que al momento de los hechos tenía 17 años. Tras ser trasladado a la dependencia policial, habrían intentado obligar al menor a que "coloque uno de sus dedos en un ventilador", no logrando su cometido debido a la fuerte resistencia del adolescente.

Delitos y condenas

En el marco de la causa judicial se investigaron más de 60 delitos cometidos por ocho miembros del Comando Radioeléctrico de la Costa, la mayoría durante el transcurso de 2017. Algunos de estos hechos fueron calificados como "tortura, apremios ilegales, vejaciones, severidades, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas, falsedad ideológica en instrumento público agravada, allanamiento ilegal, robo calificado, hurto calificado, abuso de armas y violación de secretos".

Desde entonces, cinco policías fueron condenados a través de juicios abreviados. La subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez recibió una pena de 8 años y 6 meses, mientras que Claudio Javier Núñez y Juan Emilio Torres fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión respectivamente. Por último, Claudio Cerf y Gabriela Cerf fueron penados a 3 años de cumplimiento condicional.