Allanamiento en el puerto de Santa Fe: "El hallazgo del dinero fue absolutamente fortuito"

Pasada la primera semana del allanamiento en el que fue descubierta una "cueva de dinero", que funcionaba desde hace poco tiempo en un departamento de la zona portuaria de Santa Fe, el fiscal de la causa madre contó los motivos que dispararon la investigación y desmintió en forma categórica que la labor policial-judicial haya sido una excusa para perseguir un delito de corte económico.

Dos causa judiciales corren por vías separadas desde la tarde del martes 12 de septiembre, cuando efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia, que buscaban electrodomésticos, se encontraron con un millonario botín.

La primera y que da origen a todo lo demás, es impulsada por el fiscal Arturo Haidar, de la Oficina de Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial y comenzó a fines de junio. La segunda, a cargo de la Justicia Federal, nació ese mismo martes ante la flagrancia de un delito en pleno apogeo, como lo es la compra-venta de dólares en el mercado paralelo.

-¿Cómo se inicia esta investigación?

-La investigación tuvo su inicio el 22 de junio a raíz de una denuncia que presentó al MPA un ciudadano de nacionalidad chilena radicado actualmente en la ciudad de Santa Fe. Contó que en febrero del año pasado alquiló un departamento en un complejo del puerto suscribiendo un contrato de locación con la supuesta propietaria. Agregó que por razones laborales -es empresario-, en marzo de 2023 tuvo que ausentarse de la ciudad y que al regresar le habían sustituido la cerradura argumentando la locadora de que adeudaba dos meses de alquiler.

-¿Qué pasó después?

-Al día siguiente el denunciante hizo una ampliación de denuncia y la causa se derivó al Área de Solución Pacífica de Conflictos del MPA, ya que estábamos en presencia de delitos de contenido exclusivamente patrimonial.

A comienzos de julio las partes aceptan participar en el proceso de conciliación y firmaron un convenio de confidencialidad en relación al conflicto. El 11 de julio se llega a un primer acuerdo, por el cual le restituyeron parte de sus pertenencias, fundamentalmente ropa y documentación personal. Pero veinte días después, el denunciante intimó mediante carta documento a la dueña del departamento.

Conciliación frustrada

Como la conciliación no llegó a buen puerto, el 2 de agosto, el Área de Solución Pacífica de Conflictos remitió las actuaciones al fiscal Haidar que es quien da inicio a la investigación penal preparatoria por la presunta comisión de los delitos de usurpación (subsidiariamente violación de domicilio) y hurto.

El 23 de agosto el fiscal giró las actuaciones a la AIC que redactó una extensa lista de artículos denunciados por el empresario chileno. "Específicamente dijo que se trataban de dos televisores de 55 pulgadas de pantalla curva; un equipo de música JBL; un monopatín eléctrico nuevo; una computadora MacBook de 13 pulgadas; una plancha y tabla de planchar; un lavarropas; tostadora; licuadora; la casa equipada entera, desde alfombras, sábanas, almohadones, etcétera", enumeraron desde fiscalía.

Los enchufes

Aunque reconoció no tener facturas que acrediten su compra, aportó un detalle para determinar que eran suyos: "Dijo que eran electrodomésticos que había comprado en Chile y que como particularidad tienen enchufes del tipo 'C' o 'L' que son los que tienen dos clavijas redondas y paralelas, que son los utilizados en su país de origen".

El 28 de agosto, la mujer fue citada al MPA para notificarla de los derechos, fijar domicilio y designar abogado defensor. "Y el 11 de septiembre requerí al juez la orden de allanamiento para registrar el departamento".

-¿La víctima hizo mención a si el departamento había sido nuevamente alquilado?

-La víctima desconocía quién estaba viviendo en el departamento. Si estaba desocupado o lo habían vuelto a alquilar, en ningún momento mencionó quién podía estar ocupando el inmueble.

-Se habló o se especuló conque este allanamiento en busca de electrodomésticos y efectos personales habría sido una excusa para encontrar una "cueva" que fue lo que finalmente ocurrió.

-Lo niego rotundamente. La derivación que tuvo la investigación, con motivo del hallazgo de la gran cantidad de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera y de tarjetas de débito a nombre de terceros, fue absolutamente casual, fortuita si se quiere.

Millones y sorpresa

El fiscal Haidar fue contundente en cuanto a la sorpresa causada, tanto a él como al personal de la AIC que allanó el domicilio, el hallazgo de 45 millones de pesos argentinos; 83 mil dólares; 22 mil euros y 23 mil reales; además de 39 tarjetas de débito. No obstante "ordené que dieran inmediata intervención a la Justicia Federal" ante la presunta comisión de delitos de naturaleza económica, confirmó.

Por otra parte, destacó que se constituyó en el lugar el fiscal federal en turno, Walter Rodríguez, junto con Gendarmería Nacional; y que "en el interior (del departamento) había una persona de sexo masculino el cual manifestó ser un comerciante dedicado al rubro de la venta de celulares y domiciliarse en un country".

-¿A partir de ahí se produce una bifurcación, hay una causa en la justicia ordinaria y una federal?

-Exacto son conductas delictivas e imputados diferentes y los órganos judiciales que intervienen son distintos. De hecho mi investigación continuó porque en el departamento se pudieron recuperar dos televisores, una licuadora y algunos otros electrodomésticos, pero había un montón de otros objetos que no se pudieron recuperar, algunos de valor como dos relojes -un Rolex y un Tag Heuer- y la computadora, razón por la cual al día siguiente solicité otro allanamiento en el domicilio de la denunciante, que se realizó el 14 de septiembre y se recuperó una gran cantidad de elementos. Fueron solamente dos allanamientos en el marco de esta investigación, los demás son todos de competencia federal.

Causa Federal

El hallazgo del dinero cuyo origen no pudo ser acreditado por el ocupante del departamento derivó en una investigación por los presuntos delitos de "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito en 39 ocasiones" e "intermediación financiera no autorizada".

En cabeza de tales acusaciones se encuentra un comerciante santafesino identificado como Ángel Yamil Benavídez de 43 años, el cual se encuentra privado de la libertad desde el mismo 12 de septiembre.

El jueves pasado, fue indagado por el juez federal Nº 2 -subrogante-, Aurelio Cuello Murúa, en presencia del fiscal Rodríguez y del defensor particular del implicado, el Dr. Ignacio Alfonso Garrone.

También como resultado del millonario hallazgo la Justicia federal ordenó siete allanamientos en las ciudades de Santa Fe y Recreo, entre los que cuentan un negocio de venta de celulares, un estudio céntrico y una vivienda del barrio privado Los Molinos.

Además, el miércoles 13 de septiembre se realizaron otras medidas en busca de preservar evidencia, con allanamientos en tres bandos, dos en Santa Fe y uno en San Jorge, en los que presumiblemente operaba Benavídez, cuya situación procesal podría resolverse en las próximas horas.