Detuvieron a una suboficial de la PDI acusada de filtrar información sobre los allanamientos en Avellaneda

La investigación judicial abierta tras los allanamientos realizados el último viernes en Avellaneda sumó en las últimas horas un capítulo de fuerte impacto institucional: una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI) fue detenida acusada de haber filtrado información reservada vinculada a los procedimientos contra el microtráfico de drogas.

La medida fue ordenada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Galleano, quien conduce una causa en la que la agente —identificada por las iniciales E.E.O.— es investigada por los delitos de "Encubrimiento agravado por la calidad de funcionaria pública" y "Incumplimiento de los deberes de funcionario público", atribuidos en calidad de autora.

El caso adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produjo la presunta maniobra.

Los allanamientos investigados forman parte del operativo desplegado el pasado viernes en Avellaneda, jornada que quedó marcada por una tragedia que conmocionó a las fuerzas de seguridad santafesinas: la muerte de los subcomisarios Milena Martunuzzi y Adrián Mansilla, jefa y subjefe respectivamente del área de Microtráfico de la PDI de San Cristóbal.

Ambos efectivos viajaban junto a otro agente hacia Avellaneda para participar de los procedimientos ordenados por la Justicia cuando sufrieron un siniestro vial que terminó con la vida de los dos oficiales y dejó a un tercer integrante del equipo con graves lesiones.

La sospecha

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el fiscal Galleano habría reunido elementos probatorios considerados de relevancia que apuntan a la participación de la suboficial en una maniobra destinada a alertar anticipadamente a uno de los principales objetivos de la pesquisa.

La hipótesis fiscal sostiene que la agente habría utilizado información obtenida en razón de su función dentro de la fuerza para advertir sobre la inminente realización de allanamientos vinculados a una causa por comercialización de estupefacientes.

Según la imputación en preparación, esa conducta tuvo aptitud suficiente para comprometer el éxito de las medidas judiciales, permitir la ocultación de personas o elementos de interés para la investigación y favorecer a individuos alcanzados por la pesquisa.

En otras palabras, la sospecha es que información que debía permanecer bajo estricta reserva terminó llegando a quienes estaban siendo investigados por actividades vinculadas al narcotráfico.

Por estas horas los investigadores procuran determinar con precisión cuál fue el alcance de la filtración, quiénes resultaron beneficiados y si existieron otras personas involucradas en la circulación de esos datos.

Audiencia imputativa

Aunque desde la Fiscalía se mantiene un fuerte hermetismo sobre el contenido de las evidencias reunidas, trascendió que la acusación se sustenta en una serie de elementos que, a criterio de los investigadores, permiten sostener la sospecha sobre la agente.

La audiencia imputativa y de medidas cautelares fue programada para la próxima semana. En esa instancia el Ministerio Público de la Acusación expondrá formalmente los elementos reunidos durante la investigación y solicitará las medidas procesales que considere pertinentes respecto de la funcionaria detenida.

La causa se encuentra en plena etapa de desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Allanamientos con magro resultado

Los procedimientos realizados en Avellaneda movilizaron a una importante cantidad de efectivos de distintas dependencias policiales y unidades especiales.

Como resultado de los allanamientos fueron secuestrados alrededor de 60 gramos de sustancias prohibidas, además de teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

También fueron detenidas dos personas sospechadas de mantener vínculos con actividades de microtráfico, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Sin embargo, los resultados del operativo quedaron inevitablemente eclipsados por la tragedia ocurrida durante el traslado de los efectivos de la PDI de San Cristóbal, hecho que provocó una profunda conmoción en la fuerza.

La muerte de Martunuzzi y Mansilla generó múltiples muestras de dolor entre compañeros, autoridades provinciales y funcionarios judiciales que trabajaban habitualmente con ambos investigadores.

Un chico con droga en la escuela

Pero la investigación sobre la presunta filtración sumó además un episodio tan llamativo como inquietante.

Durante la mañana del viernes, horas después de los allanamientos, un niño de 12 años fue detectado en una escuela de Avellaneda con estupefacientes y una balanza digital dentro de su mochila.

El hecho ocurrió en la Escuela Nº 1296. Según consta en el parte policial elaborado a las 11 hs, la vicedirectora del establecimiento informó que un alumno de sexto grado manifestó tener drogas y una balanza en su poder.

De acuerdo con el reporte, el menor explicó que había llevado esos elementos a la escuela porque "en la casa iban a realizar un allanamiento".

Ante la situación, la mochila quedó resguardada por personal docente mientras se solicitaba la presencia policial en el establecimiento.

Aunque la investigación sobre este episodio avanza por carriles propios, el hecho pasó a integrar el contexto analizado por los investigadores debido a la llamativa coincidencia temporal con los procedimientos judiciales que se desarrollarían pocas horas después.

Para los pesquisas, la aparición de drogas y una balanza fuera del domicilio que posteriormente sería allanado constituye un dato que no pasó inadvertido y que podría aportar indicios sobre el conocimiento anticipado que determinadas personas habrían tenido respecto de las medidas judiciales.

Expediente con múltiples derivaciones

La detención de una integrante de la propia Policía de Investigaciones agrega una dimensión particularmente sensible a una causa que ya se encontraba atravesada por el dolor y la conmoción.

Mientras la Justicia intenta establecer si existió efectivamente una filtración de información reservada, la investigación también busca reconstruir cada uno de los movimientos previos a los allanamientos y determinar si la presunta maniobra tuvo consecuencias concretas sobre el desarrollo de los procedimientos.

Con una audiencia imputativa prevista para los próximos días y varias líneas investigativas aún abiertas, el expediente aparece lejos de haber agotado sus derivaciones.

Por el contrario, la causa continúa creciendo alrededor de una pregunta central: quiénes conocían de antemano los detalles de los allanamientos y qué hicieron con esa información antes de que la Justicia pudiera ejecutarlos.