Impulsan una audiencia pública para prohibir el turismo cinegético en Santa Fe

La discusión sobre los cotos de caza y el denominado turismo cinegético volvió a instalarse en la Legislatura de Santa Fe. Una iniciativa ciudadana presentada en junio propone prohibir esta modalidad de explotación de la fauna silvestre en todo el territorio provincial y sus impulsores acaban de dar un nuevo paso: reunir adhesiones para pedir una audiencia pública donde el tema pueda ser discutido antes de que avance el tratamiento legislativo.

La propuesta es impulsada por Natalia Pallavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, junto con la Asociación Civil Capibara, la Protectora de Animales de Santa Fe, la Protectora de Animales de Rosario y la ONG Mundo Aparte.

La documentación presentada ante la Cámara de Diputadas y Diputados señala que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de 36 organizaciones santafesinas, además de entidades de otras provincias y adhesiones individuales.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Agricultura y Ganadería. En paralelo, las organizaciones solicitaron formalmente una audiencia pública para que puedan participar especialistas, entidades, ciudadanos y otros sectores interesados. La presentación sostiene que esa instancia permitiría aportar información y argumentos antes de que la Legislatura tome una decisión sobre la propuesta.

Negocio organizado

"Nosotros no estamos prohibiendo lo que es la caza deportiva en general, sino específicamente la caza deportiva que se materializa en forma de cotos de caza y turismo cinegético", explicó Pallavicini en diálogo con El Litoral.

La precisión no es menor. Según la abogada, el proyecto apunta contra una actividad organizada como negocio turístico. El paquete que ofrecen los operadores puede incluir alojamiento, traslados, guías, permisos o licencias y el acceso a los establecimientos donde se desarrolla la cacería.

"Es específicamente el negocio organizado y con explotación económica", explicó Pallavicini, quien definió esa modalidad como una forma de explotación de la vida de los animales en beneficio de turistas, principalmente extranjeros.

Desembarco de cazadores extranjeros

Para elaborar la iniciativa, las organizaciones realizaron pedidos de acceso a la información pública ante la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La documentación incorporada al expediente consigna que existen 11 operadores cinegéticos registrados y 36 campos identificados como habilitados para la práctica de la caza deportiva de animales silvestres.

Pallavicini agregó otro dato que, según explicó, surgió de la información oficial obtenida durante esas consultas: alrededor de 1.300 turistas extranjeros llegaron el año pasado a Santa Fe para participar de este tipo de actividades. La cifra también fue difundida públicamente en una entrevista concedida por la abogada en septiembre.

"Acá vienen cazadores extranjeros", sostuvo Pallavicini en la entrevista con El Litoral. Según describió, se trata fundamentalmente de visitantes provenientes de Estados Unidos y Europa y consideró que no es una actividad vinculada al consumo o las costumbres de las comunidades locales.

La abogada sostiene que muchos de esos cazadores llegan a Santa Fe porque las prácticas que buscan realizar están más restringidas o directamente prohibidas en sus lugares de origen. Por eso habla de "extractivismo" y cuestiona que la provincia pueda convertirse en un territorio donde se desarrollen actividades que encuentran mayores limitaciones en otros países.

El planteo tampoco desconoce que existe una regulación provincial de la actividad cinegética. De hecho, la normativa vigente contempla requisitos para empresas de turismo cinegético que trabajan con turistas nacionales y extranjeros, controles y restricciones, además de prohibiciones de caza en determinadas áreas.

Lo que las organizaciones pretenden discutir ahora es si esa regulación resulta suficiente o si debe avanzarse hacia la prohibición del negocio organizado de los cotos y el turismo cinegético.

Horrible sospecha en San Javier

La cuestión adquiere una dimensión especialmente sensible cuando aparece en escena San Javier.

Según la información oficial incorporada a la presentación, de los 11 operadores cinegéticos registrados por la Secretaría de Turismo, ocho estarían localizados en esa ciudad, de acuerdo con lo señalado por Pallavicini durante la entrevista con El Litoral.

Y fue precisamente al referirse a San Javier cuando la conversación ingresó en un terreno mucho más delicado: las denuncias y sospechas públicas sobre una eventual vinculación entre algunos ámbitos relacionados con los cotos de caza y situaciones de explotación sexual de mujeres, algunas de ellas, menores de edad.

Pallavicini recordó que durante 2026 la diputada provincial Alicia Azanza planteó públicamente en la Cámara de Diputadas y Diputados una denuncia relacionada con San Javier. En una sesión de 2024, la legisladora había manifestado que había recibido información que vinculaba a la localidad con abusos y explotación de menores, y reclamó que el tema fuera investigado.

En la entrevista con El Litoral, Pallavicini también recordó antecedentes de denuncias formuladas años atrás por la exdiputada Alicia Gutiérrez, quien había cuestionado la existencia de una presunta vinculación entre los cotos de caza y situaciones de prostitución infantil.

"Ha habido denuncias", señaló Pallavicini al ser consultada específicamente sobre esa cuestión. Y recordó que las acusaciones fueron planteadas públicamente por dirigentes políticas.

El tema exige, sin embargo, una precisión periodística: esas afirmaciones constituyen denuncias y planteos públicos que reclaman investigación y no permiten afirmar, por sí solas, que exista una relación comprobada entre el turismo cinegético y delitos contra menores. En la documentación revisada no aparece una resolución judicial que establezca esa vinculación como un hecho probado.

La propia Pallavicini planteó la necesidad de que estos asuntos sean debatidos y examinados en ámbitos institucionales. En ese sentido, uno de los objetivos de la audiencia pública que pretenden conseguir es precisamente poner sobre la mesa información proveniente de distintos sectores y permitir que quienes conocen el territorio puedan aportar elementos.

El pedido de audiencia se apoya, además, en los mecanismos de participación ciudadana previstos por la Constitución provincial y en el Acuerdo de Escazú, incorporado a la legislación argentina. Las organizaciones sostienen que existe un interés ciudadano concreto alrededor de la iniciativa y que la audiencia permitiría enriquecer el debate legislativo.

"Queremos que nos escuchen"

"Nosotros queremos pedir audiencia pública", explicó Pallavicini. Y resumió el propósito en una frase: "Lo que estamos pidiendo es la posibilidad de que nos escuchen, de debatir y de escuchar".

La iniciativa propone, además de la prohibición, discutir una posible reconversión hacia otras formas de turismo de naturaleza, como el avistaje de fauna, que permitan generar actividad económica sin recurrir a la caza.

El debate recién comienza. De un lado están quienes defienden la actividad cinegética regulada como una modalidad turística y productiva; del otro, las organizaciones que pretenden que Santa Fe abandone ese modelo y avance hacia otras formas de aprovechamiento turístico de la naturaleza.

En el medio quedan los datos oficiales, las denuncias públicas y una pregunta que ahora deberá comenzar a responder la Legislatura: qué lugar quiere darle la provincia a la fauna silvestre y cuáles serán los límites de su explotación económica.