Pidieron cinco años de prisión para nueve imputados por la explosión de calle Salta

Germán de los Santos | sucesos@ellitoral.com

El juicio por la explosión de calle Salta 2141, que ocurrió el 6 de agosto de 2013, comenzó este miércoles, luego de una extensa y complicada investigación, que llevó al banquillo de los acusados a 11 imputados, imputados de estrago culposo agravado. En la primer jornada del juicio oral, que se realiza en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Graciela Argüelles pidió la pena máxima, cinco años de prisión, para nueve de los once imputados. La funcionaria pidió formalmente al tribunal el sobreseimiento del gasista José Luis Allala y el reclamista (inspector de Litoral Gas) Gerardo Bolaño, quienes intervinieron antes de la explosión, los días 25 y 26 de julio.

La familia Gianángelo, que son los únicos querellantes que quedaron en pie, luego de que el resto de los familiares acordara levantar la acción penal a cambio de una indemnización, se opone al sobreseimiento de estos dos imputados, que ya fueron procesados en las instancias anteriores y los fallos fueron confirmados por los tribunales superiores.

Sin embargo, la fiscal explicó que pidió el sobreseimiento de Allala y Bolaño porque “no hay prueba para vincularlos, y tampoco se podrá producir prueba durante el juicio para que así sea”.

Dos meses de audiencias

A lo largo del juicio, que está a cargo de los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva, pasarán unos 130 testigos y se prevé que el proceso se extienda por unos dos meses. En ese lapso se analizarán las pruebas de la extensa y compleja instrucción judicial, tras la explosión que provocó la muerte a 22 personas, y dejó 60 heridos, el 6 de agosto de 2013, cuando el centro de Rosario se transformó en un escenario desolador, tras la detonación que se produjo por un escape de gas.

La teoría de la Fiscalía es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.

Escepticismo

Muchos de los familiares que acordaron con una aseguradora el cobro de una indemnización a cambio de retirar la acción penal contra los once imputados, se mostraron escépticos con el resultado del juicio.

Eleonora López, hermana de Carlos López, una de las 22 víctimas fatales aquel 6 de agosto de 2013, reconoció que “las expectativas no son las que quisiéramos tener. La carátula es ‘estrago culposo agravado por muerte’ y queríamos ir por un dolo eventual, sabiendo que si uno manipula gas, puede causar un estrago”, señaló la mujer.

“Van a juicio personas que cumplían órdenes y los responsables máximos no están procesados. Todas las miradas apuntan al gasista, y el gasista es, si vale la comparación, el maquinista de Once”, dijo López en relación a la tragedia ferroviaria de 2012 en Buenos Aires.

Cruzada por las víctimas

La familia Gianángelo no opina lo mismo. Son los únicos querellantes que quedaron en este juicio, cuya instrucción fue más que polémica.

“A mi hermana no la va a devolver nadie. Pero con el juicio quiero un poco de paz que aplaque el dolor, pero sé que esto no termina acá, sino que la búsqueda de justicia recién comienza”, ensayó Adrián Gianángelo, hermano de Débora, una de las víctimas fallecidas por la explosión, que fue encontrada por los rescatistas dos días después de la detonación. Su familia pasó un calvario después de que se encontrara el cadáver.

La tragedia lo llevó a Adrián y a sus padres a una cruzada por la causa de su hermana y del resto de las 21 víctimas.

‘El acuerdo económico representaba que la aseguradora absuelva de culpa a los que mataron a mi hermana y desistir de la acción penal, y la verdad es que pensamos que esto no puede quedar en el olvido, no puede quedar como un caso más de impunidad‘, explicó Gianángelo.

Prisión efectiva

“Cada una de los imputados y la empresa colaboraron por negligencia e impericia a que se produzca esta tragedia, un estrago culposo que le provocó la muerte a 22 personas. Cada uno aportó algo para que esto suceda, desde los gasistas y los inspectores hasta la gerencia técnica de la empresa. Y esto se podría haber evitado”, consideró el único querellante. Este delito implica una pena de un mes a cinco años de prisión.

“No sólo pasamos por el dolor de la pérdida del ser querido sino de ver durante estos años a los once imputados en libertad, lo que pretendemos en este juicio es la aplicación de una pena máxima de prisión efectiva”, agregó.

Los familiares de las 22 víctimas, que integran la Asociación Salta 2141 pidieron estar presentes en la sala de audiencias durante todas las jornadas del juicio oral, aunque no son querellantes.

Perderlo todo

En marzo de 2018 había otra familia junto a Adrián Gianángelo que permanecía como querellante pero desistió de seguir con el caso. Marcela Nissoria explicó en ese momento al diario La Capital la razón: “La causa fundamental por la cual tuvimos que bajarnos de la querella es porque el sistema judicial no garantiza que no vayamos a perder lo que tenemos. Encima de que perdimos lo irrecuperable, que son nuestros seres queridos, nos enfrentamos a la posibilidad de que nos hagan una acción civil y respondamos con nuestro patrimonio”.