Rafaela: denuncia por abuso, marchas y la vuelta a clases

Una semana después de radicada una denuncia por el presunto abuso sexual de una nena de 7 años dentro de un colegio privado de la ciudad de Rafaela, la tensión continúa entre las autoridades educativas y parte de la comunidad, que ha dado muestras de disconformidad para con el manejo del caso a través de marchas, sentadas y expresiones públicas en medios y redes sociales. De por medio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante una investigación que apunta a determinar quién es el responsable, en caso de que se confirmara que el hecho ocurrió dentro del establecimiento.

Este miércoles, la oficina de prensa del MPA emitió un comunicado mediante el cual se informa que la causa se encuentra a cargo de las fiscales Ángela Capitanio y Favia Burella, de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Unidad Fiscal Rafaela.

"Las funcionarias judiciales continúan disponiendo diligencias investigativas. Entre otras, ya se llevó a cabo la entrevista a la presunta víctima en cámara Gesell. Además se tomaron declaraciones de testigos y en los próximos días se continuarán recibiendo testimonios de distintas personas. Por otra parte, se aguardan los resultados de pericias, entre ellas, un informe psicológico y otro del médico forense", dice el parte oficial.

Padres intranquilos

Y si bien existe un clamor popular y mediático para conocer avances y resultados, especialmente atento a que el presunto abusador podría continuar dentro del establecimiento educativo, desde el MPA insistieron con que "dadas las características de las investigaciones relacionadas a delitos contra la integridad sexual en los que podrían estar involucrados niñas, niños o adolescentes, no se brinda mayor información a fin de evitar la revictimización de las posibles víctimas".

No obstante, altas fuentes judiciales reconocieron que "no está identificado el autor" y eso conspira contra la tranquilidad de la familia denunciante y de la comunidad educativa en general, puesto que con el caso no resuelto deben decidir si vuelven a enviar a sus hijos a la escuela.

Por el lado de la entidad educativa, distintos medios rafaelinos informaron que las clases se retomaron este miércoles con el compromiso de las autoridades de extremar las medidas de cuidado y vigilancia, sumando cámaras que apunten a los ingresos a los sanitarios y con personal masculino y femenino en su interior, entre otras.

Sin embargo, el reproche mayor surgió a partir de las declaraciones del representante legal del Colegio San José, cuando salió a la puerta para decir que las cámaras habían sido puestas al servicio de la justicia, cuando en realidad llevaban más de un mes sin registros a causa de una falla técnica.

Moretones y lesiones

La denuncia fue radicada el miércoles 28 de julio por la noche, luego de que una alumna de 2° grado manifestara dolores en el sector genital. Fue su madre la que realizó una consulta médica en una clínica infantil, producto de la cual se constataron moretones y lesiones que fueron atribuidas por la niña a un hombre "vestido como los profesores", aunque las mismas podrían ser compatibles tanto con un golpe como con un abuso, según indicaron fuentes ligadas al caso.

Puntualmente, las acusaciones recaen sobre el Colegio San José que es un tradicional establecimiento educativo privado y confesional, que está ubicado en calle 9 de Julio 191 y depende directamente del Obispado de Rafaela.

Aunque las autoridades del colegio no se expresaron públicamente, preventivamente se suspendieron las clases entre el viernes pasado, el lunes y martes de esta semana, pero el miércoles volvieron a la actividad en sus tres niveles Inicial, Primario y Secundario.

Legado

En su página web www.colegiosanjoserafaela.edu.ar se define como "un Centro Educativo Católico, de inspiración marista, que pertenece al Obispado de Rafaela y se inserta en el sistema educativo jurisdiccional". Como misión, "se propone educar desde y para la vida con una orientación trascendente que promueva actitudes solidarias, no discriminatorias, de respeto, con especial sensibilidad por el más débil y con la participación comprometida y responsable de toda la comunidad educativa".

Para la querella "el hecho existió"

Desde el lunes 2 de agosto por la mañana, los denunciantes cuentan con efectiva participación en la investigación penal como querellantes, a través de sus abogados Carlos Farías Demaldé y José María Silvela.

Éste último, en diálogo con El Litoral, confirmó que el martes se realizaron dos entrevistas en cámara Gesell, tanto a la presunta víctima de 7 años, como a una compañerita que habría sido testigo del violento episodio.

Sin entrar en detalles, "lo que manifiesta la menor es que el hecho existió", dijo Silvela. Ocurrió "el miércoles 28 de julio en el turno tarde" y "la menor confirma que fue dentro de la institución educativa".

Además, señaló que "hemos propuesto una delegada técnica en la cámara Gesell, que es la licenciada en psicología Florencia Eberhardt, para que labre un informe y que sea acompañado con lo que indique el informe oficial", cuyos resultados todavía no estaban disponibles.

Asimismo, el profesional explicó que "nosotros no tomamos intervención en la causa desde el comienzo de la denuncia debido a que los padres hicieron todo a través de la fiscalía". Sin embargo, "con el transcurrir de los días, teniendo en cuenta algunas irregularidades que ellos (los padres) estaban observando, decidieron constituirse como querellantes".

Entonces "presentamos el pedido el sábado a las 10 de la noche", el cual "fue admitido por la jueza de la IPP, Cristina Fortunato el lunes 2 de agosto".

A partir de entonces "vimos en el legajo que se tomaron entrevistas; se hicieron secuestros de algunos elementos electrónicos que, a entender de la fiscalía, eran relevantes para la causa; y se llevaron a cabo las cámaras Gesell".

En cuanto a la utilidad de dicha evidencia, se lamentaron porque "las cámaras (de seguridad de la escuela) no grababan directamente" lo cual es "una total falencia y negligencia de la institución" y esto ocurre "desde el mes de junio", denunciaron.

Por último, se hizo referencia a dos reuniones mantenidas por los padres de la niña víctima, una con el intendente de la ciudad Luis Castellanos el lunes; y la otra en la sede del Obispado que se llevó a cabo el martes por la tarde y "no fue muy afortunada" ya que "las respuestas no fueron las esperadas", cerró Silvela.