¿Quiénes salen de la cárcel durante la pandemia?

Las cárceles del país son ollas a presión y el humor social intramuros durante la pandemia se hace sentir. Primero en Santa Fe, con los motines de Coronda y Las Flores; y el último fin de semana en Devoto, donde el violento reclamo de los internos terminó explotando en la prensa nacional. La paradoja es clara: mientras un gran sector de la sociedad se encuentra confinada en sus hogares, los presos piden salir a la calle, amparando su reclamo en el hacinamiento y los riesgos que representa para la salud un hipotético contagio por coronavirus.

¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mito en que la pandemia fue la llave para que se abrieran las jaulas y se produjera una estampida de reos? Todavía no hay datos estadísticos oficiales que echen luz sobre la problemática, y casos resonantes como el del exvicepresidente Amado Boudou -estaba en Ezeiza y le concedieron la domiciliaria el 6 de abril-, generan una sensación de flexibilización de los beneficios, negativa en tiempos de cuarentena.

Desde el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF), por ejemplo, la mirada del tema es clara. “No hay excarcelaciones sin juicio y condena”, previnieron, aunque reconocieron que el porcentaje de libertades domiciliarias y condicionales concedidas en el último mes fue superior al promedio de un mes “normal”. Apenas entró en vigencia el decreto presidencial N° 279/2020 que estableció el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) en todo el territorio nacional, el 20 de marzo comenzaron a llover los pedidos de libertades ante el único tribunal que concentra las causas elevadas a juicio de los cuatro juzgados federales de primera instancia (dos en Santa Fe, Reconquista y Rafaela), es decir, de todo el centro norte provincial. Es que el TOF de Santa Fe, no sólo es tribunal de juicio, sino también de ejecución penal, como sucede con todos los órganos jurisdiccionales de este tipo en el interior del país.

Primer aluvión

Ante ese primer aluvión, el TOF rechazó 61 pedidos de procesados y condenados cuyas sentencias no se encontraban firmes y que en la mayoría de los casos se amparaban en la crisis sanitaria mundial, enfermedades preexistentes o edad avanzada como argumentos para obtener el beneficio. Sin embargo, con el correr de las semanas, se les otorgó la libertad condicional a 90 personas condenadas y cuyos expedientes se encuentran en distintas etapas de ejecución de la pena.

De ese universo, 35 recibieron la excarcelación luego de firmar acuerdos de juicios abreviados, algunos de los cuales se hicieron días antes de que entrara en vigencia el decreto presidencial. Los 55 restantes eran presos que ya se encontraban en la etapa de ejecución, pero con el cumplimiento del término para acceder al beneficio de la libertad condicional, es decir, las dos terceras partes de la pena cumplida. Además, tuvieron en cuenta para ello los informes ambientales (si tenían dónde hacer la cuarentena); si contaban con informes adversos del Servicio Penitenciario o no; y se corrió vistas a fiscalía y defensa para que analizaran cada caso.

Para poner en contexto en número, vale resaltar que al momento de iniciada la cuarentena, el TOF tenía a disposición 762 personas privadas de la libertad (628 presos en institutos carcelarios y 134 con domiciliaria). Y sólo en la cárcel de Coronda tenían 271 presos federales a disposición exclusiva.

“Productividad, aislamiento y salud”

Como ocurre en otros estamentos del Estado a causa de las restricciones, el tribunal se encuentra funcionando con un tercio de su plantel habitual, fundamentalmente con magistrados (jueces y fiscales) y funcionarios (secretarios y prosecretarios) en forma presencial; pero también con personal trabajando de manera remota desde sus hogares.

La labor principal recayó en el juez Luciano Lauría, uno de los tres vocales del tribunal; el Fiscal General Martín Suárez Faisal; y el Defensor Público Oficial, Julio Agnoli. El primero de ellos fue claro en cuanto que “la Justicia se administra dentro del marco legal vigente” y “la libertad se concede en las hipótesis que el legislador lo permite”.

“Hoy el tribunal quedó centralizado en un juez, el fiscal y el defensor oficial, junto con cuatro funcionarios” pero “desde sus hogares los empleados y funcionarios restantes siguen trabajando, porque el sistema de la Justicia Federal, que se llama LEX100, permite el ingreso por asistencia remota”, explicó Lauría. “Entonces lo que hacemos es dividir el trabajo y llevamos los expedientes a los empleados de cada vocalía que trabajan en forma virtual. Lo mismo hace la fiscalía que no lleva los originales sino las copias”.

“Lo importante es que se entienda que la asistencia remota es un mecanismo que utilizan los funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial, que les permite ingresar al sistema y trabajar desde ahí. Entonces la productividad, el aislamiento y la salud están garantizados. Esto nos permite no retrasarnos en el trabajo diario, si bien ahora hay una feria. Así, el servicio de justicia está garantizado”, completó el magistrado.

Condenas por drogas

Un informe interno del TOF al que accedió El Litoral marca que “todos los presos que alcanzaron el beneficio tienen condena por infracción a la ley de estupefacientes (N° 23.737)”. Sólo en uno de los pedidos correspondía a un caso de trata de personas, pero “fue denegado”, confirmaron. Otra situación especial fue la de la represora María Eva Aebi, que si bien se encuentra a disposición del tribunal santafesino, la domiciliaria se la concedió la jueza Lilia Carnero del TOF de Paraná que integró como suplente el tribunal de juicio en 2009.

Y a la hora de hacer proyecciones, desde el TOF aseguran que el número habitual de condicionales y domiciliarias que se conceden ronda las 30 mensuales, lo que representa alrededor de un 5 % del universo de la población carcelaria con la que trabajan (628 a comienzos de marzo). En el último mes ese número se multiplicó por tres arrojando un total de 90. Y si bien llama la atención, desde el tribunal aseguran que nadie fue beneficiado más allá de lo que la ley manda.

Abreviados a distancia

Una muestra de que las causas penales elevadas a juicio no se han paralizado durante la cuarentena es la realización de 8 juicios abreviados impulsados por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, “lo que significó dar una solución judicial definitiva mediante sentencias a los casos de casi 40 personas imputadas”, explica el fiscal Martín Suárez Faisal.

Todos esos juicios “se hicieron bajo la modalidad de videoconferencia, a través de los dispositivos tecnológicos disponibles; es decir, utilizando el sistema con el que cuenta el Poder Judicial de la Nación, que es compatible con el de las principales cárceles del país, pero también echando mano a las aplicaciones más usuales, como Whatsapp y Zoom”, detalló el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). Así, 38 imputados resultaron condenados durante el primer mes de aislamiento obligatorio.

En lo que va de la cuarentena se realizaron audiencias por videoconferencia con 8 unidades penales de distintos puntos geográficos de la Argentina. Además de las locales como La Unidad N° 1 de Coronda (donde se aloja la mayor cantidad de presos a disposición del TOF), la U-11 de Piñero y U-5 Rosario de mujeres, se sumaron Ezeiza; la Unidad 35 de Colonia Pinto (Santiago del Estero); la Cárcel Regional del Norte (U-7 Chaco); el Instituto de Seguridad y Resocialización U-6 de Rawson, en Chubut; y el Centro Federal Penitenciario del Noroeste de Güemes, en Salta.

A propósito de los condenados, el fiscal Martín Suárez Faisal explicó que algunos de ellos recuperaron la libertad tras acordar sus sentencias. “En esos casos, se los excarceló en virtud de que la pena que se pactó en el abreviado les permitía obtener la libertad. Es decir, nadie fue excarcelado sin juicio. En algunos casos la condena aún no está firme, pero ya se firmó un juicio abreviado y fue aceptado por el tribunal”. Pero fue claro en cuanto que “no se dieron ni domiciliarias ni excarcelaciones por el sólo hecho de la pandemia, por considerar que en los lugares de detención estaban dadas las medidas de seguridad y los protocolos y no había casos de infectados”.

Famosos rechazados

Así como hay una lista de anónimos que recuperaron la libertad para hacer la cuarentena en sus domicilios, existe un registro de presos “conocidos”, de los cuales casi ninguno fue beneficiado. Los policías Marcelo Lepwalts (ex jefe de la PFA Santa Fe); Walter Ariel Bustos; Gustavo Gribaldo; el gendarme Damián Omar Sosa (“El Perro”); el exbarra de Colón Héctor Alberto “Neguchín” Guzmán; y los jefes de bandas narco como Héctor “Bam-Bam” Maldonado; Edgardo Baigoría y Emanuel González (hijastro de Luis Paz); Luis Paz. También le fueron denegados los pedidos a Osvaldo Gabriel Gallardo (Tuli) y Osvaldo Peregrino Gallardo (del clan Gallardo); Daniel “Tuerto” Mendoza; y Estela Maris Castillo (la Tía). En tanto, al narco de Barranquitas, Marcelo “El diablo” Maldonado, le rechazaron la domiciliaria el 21 de marzo pero le dieron la condicional el 16 de este mes.

La mirada de la Defensa Pública

“Más allá del coronavirus...”

JS

“Se pusieron al día con las libertades” soltó el representante del Ministerio Público de la Defensa, Julio Agnoli, que es con quien el TOF tramita un gran volumen de expedientes. Antes del dictado de la cuarentena “había muchos pedidos de libertad atrasados porque la OTC (Organismo Técnico Criminológico) no estaba al día con los informes”, en los que se evalúan diversos factores como “conducta, concepto, trabajo, grupo familiar, visitas, etc.”, enumeró el defensor. Además, “hay otros informes, que son los del Consejo Correccional que está dentro de cada unidad y tiene otra mirada, pero también estaban llegando atrasados”, especialmente en Coronda, donde se concentra el grueso de detenidos del TOF.

“Ese atraso hoy se puso la día, porque algunos informes han llegado y porque están siendo más expeditivos en la evaluación, más allá del coronavirus”, explicó Agnoli, quien también se refirió a las “recomendaciones” que constan en la acordada 09/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal que señala a los jueces que “adopten medidas alternativas al encierro” para distintos grupos de presos, entre los que cuentan “condenados por delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena; condenados a penas de hasta 3 años; aquellos que estén en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas; y personas con mayor riesgo para la salud, entre otros.

Para el defensor oficial “la situación amerita tener en consideración algunas cuestiones” ya que “nadie puede garantizar que el virus no entre” a las cárceles. Pero lejos de ajustarse a dichas recomendaciones, “el criterio del TOF respecto de estas cuestiones” no ha dado mayores concesiones por enfermedad o edad avanzada. “Bajo ningún concepto están siendo benévolos, están aplicando la ley, y no la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal” sostuvo.

“Con relación a la gente enferma”, por ejemplo, desde la Defensa Pública han presentado escritos por internos “diabéticos, insulino dependientes, o con problemas respiratorios y nos dijeron que no; lo mismo con los mayores de 65 años”. Agnoli refirió un caso puntual en que solicitó el beneficio para “una persona con HIV y tuberculosis que está detenido en Coronda y le quedan 4 meses para obtener la libertad condicional. Se hizo el pedido de domiciliaria para que espere estos cuatro meses en la casa y me dijeron que no”; y ahora el interno “recurrió esa resolución para ir a Casación”.

En definitiva, el Dr. Agnoli sostiene que en casos como este y en otros menos graves también, “es un riesgo de vida continuo para el interno” y no se trata de un número considerable, sino que en todo este mes “por situación de enfermedad extrema se hicieron menos de 10 pedidos para personas que tendrían que estar en la casa”.

No obstante las negativas, Agnoli aclara que “mi obligación es hacer las gestiones para que la persona recupere la libertad”, pero que primero “mandamos un mail a la unidad carcelaria para saber si la salud de esa persona está en riesgo”.