La condena a los exjefes de policía Grau y Odriozola llega a la Cámara de Apelaciones

Tras haber sido condenados por corrupción, los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, insistirán con su inocencia ante la Cámara de Apelaciones.

Los excomisarios fueron juzgados en junio. Los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert los condenaron por haber liderado una organización criminal que defraudó al Estado provincial entre enero de 2015 y febrero de 2016.

Grau y Odriozola fueron hallados responsables de los delitos de "asociación ilícita en carácter de jefes" y "defraudación agravada por ser cometida contra la administración pública". Les impusieron 6 años y medio de prisión, una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años y el pago de una multa de $90.000.

El fallo de primera instancia será revisado por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Bruno Netri y Roberto Prieu Mántaras. La audiencia fue programada para este jueves a las 8.30, en la sala 5 de los tribunales de Santa Fe.

Apelaciones cruzadas

Tras la condena, tanto Grau como Odriozola decidieron pasar de la defensa pública a la privada. El Dr. Carlos Rena asumió la representación del primero, mientras que el Dr. Ignacio Alfonso Garrone se hizo cargo de la defensa del segundo.

Ambos solicitaron la revocación -o, si correspondiere, la declaración de nulidad, de la resolución condenatoria, y la absolución de culpa y cargo de sus clientes. Subsidiariamente, la defensa de Odriozola pidió que de mantenerse la condena, se aplique la pena mínima.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) también apeló la sentencia de primera instancia. Durante el juicio, los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera habían solicitado condenas de 10 años de prisión, y que se impusiera a los excomisarios una reparación económica a favor del Estado provincial, el cual resultó afectado por un monto que -actualizado- supera los 250 millones de pesos.

Al culminar el juicio, la pena dispuesta fue menor, de 6 años y medio de prisión. Además, los jueces consideraron que la reparación del daño sólo puede ser solicitada por la querella o eventualmente la víctima, pero no el MPA. Ahora, la fiscalía insistirá con ambas cuestiones ante la Alzada.

Once condenados

La investigación inició en 2016 tras una presentación realizada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que por entonces estaba al frente del Ministerio de Seguridad y se había anoticiado de la situación irregular a través de una nota anónima.

El veredicto llegó nueve años después del inicio del proceso judicial, que en su derrotero logró la firma de nueve acuerdos de juicios abreviados en los que el resto de las personas acusadas de haber integrado la banda criminal decidieron reconocer su culpabilidad. Seis de ellos declararon como “arrepentidos” en el debate oral y público.

Grau y Odriozola llegaron a juicio acusados de haber usado su potestad jerárquica para disponer los medios, habilitar el ámbito y consentir las actividades ilícitas desplegadas por una asociación ilícita que defraudó al Estado a través de la falsa reparación de móviles policiales y la inexistente compra de repuestos.

La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían, burlando los procedimientos administrativos. Los acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima.

Grau y Odriozola coordinaron acciones con Facundo José Testi, identificado como organizador de la banda, y sus miembros, y determinaron el reparto de las ganancias ilegítimamente obtenidas.

El modus operandi

La mecánica delictiva consistía en que particulares emitían facturas por trabajos y repuestos inexistentes, las cuales eran presentadas a un habilitado. Éste emitía órdenes de pago mediante cheques, que requerían la firma del jefe provincial de la policía y la confirmación del departamento de Logística (D4).

El habilitado y el jefe de Logística coordinaban con Testi, quien diagramaba con talleristas y comerciantes la elaboración de facturas, el cobro de cheques y la distribución del dinero. Una vez cobrados los cheques, los particulares entregaban parte del efectivo al habilitado, quien a su vez se lo daba al jefe provincial.

Era la máxima autoridad policial quien decidía luego el reparto del dinero entre sus subalternos. Finalmente, el habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas con las facturas falsas, y el jefe provincial debía dar su conformidad para finalizar el trámite.