Ataque y defensa en simultáneo a la Guardia de Seguridad Institucional

Lía Masjoan
lmasjoan@ellitoral.com

El Concejo Municipal fue sede esta mañana a la misma hora de dos conferencias de prensa con argumentos totalmente opuestos. Por un lado, los concejales oficialistas ratificaron y respaldaron el rol de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) como instrumento para colaborar “en la prevención y seguridad ciudadana”. Por el otro, los concejales opositores del bloque PJ pidieron al intendente la intervención de la GSI, contemplando el desplazamiento del funcionario a cargo, por considerar que algunos de sus integrantes utilizan “métodos asociados a conductas patoteriles como amenazas y violencia”.

Adriana Molina, Ariel Rodríguez, Leandro González, Cristina Quinteros y Mariano Cejas fueron los portavoces de la defensa de esta fuerza creada en el año 2008 por decreto del entonces intendente Mario Barletta. Primero enumeraron las intervenciones que tuvo la GSI en el primer semestre del año en eventos registrados por las cámaras (294); alarmas (1634 activaciones) en escuelas (928); centros de salud (3), jardines (117); violencia de género (74); alarmas comunitarias (241); botones de pánico y monitoreo de colectivos (95), entre otros. “Estas políticas públicas son llevadas a cabo por hombres y mujeres que son trabajadores municipales, que en la mayoría de los casos ingresaron por concurso y que no portan armas”, dijo Molina.

Para los ediles del FPCyS, el ataque a la GSI es un apresurado lanzamiento de la campaña política con miras a 2015. “No es conveniente ni razonable involucrar campañas electorales y acciones políticas en el medio de esta discusión”, dijo Rodríguez en alusión a la críticas que llegaron desde el PJ. “Quienes quieran tomar esto para largar una campaña política un año antes que se hagan cargo de lo que están haciendo”, acotó Molina.

Consultados respecto a las denuncias por agresiones que pesan sobre algunos de sus integrantes, la edil dijo que “como en todos los trabajos hay personas que claramente no cumplen con las funciones que deben tener toda la fuerza de la ley desde el punto de vista jurídico y administrativo, del mismo modo que esta gestión ha exonerado y ha hecho sumarios a inspectores. Lo peor que podemos hacer es deslegitimar, criminalizar y discriminar a trabajadores municipales que están cumpliendo su función en un estado de derecho, con ordenanzas y protocolos de concejales e intendentes elegidos democráticamente y que responden a una necesidad clara de mayores competencias del municipio”.

Y Rodríguez redobló la apuesta: “Estamos convencidos de que es necesario seguir profundizando estas políticas para que los ciudadanos tengan respuestas desde la ciudad que les permitan resolver sus problemas de seguridad. Quienes integran la GSI intervienen cuando se produce un conflicto, ya sea en resguardo de los bienes públicos o de la seguridad de las personas. Pero siempre son situaciones difíciles. En esas condiciones han realizado un inmenso trabajo a lo largo de unos 2.000 días; y no es ilógico que se produzcan situaciones puntuales que el municipio deba investigar”.

Críticas

A unos metros, en la oficina del concejal Sebastián Pignata se escuchó otra campana. Allí estaban también los otros tres integrantes del bloque -Ignacio Martínez Kerz, Juan José Saleme y Silvina Frana. Juntos presentaron un proyecto de comunicación en el que piden al intendente José Corral la inmediata intervención de la GSI, contemplando la alternativa de desplazar al actual funcionario a cargo de la misma. En los argumentos suman denuncias que recibieron por acciones cometidas por personal de la GSI, como en el desalojo de Bajo Judiciales; el conflicto con la asociación El Birri en la ex estación Mitre; y en el Parque Alberdi. Además, piden citar a una reunión con los concejales a la secretaria de Gobierno para que se explaye sobre el funcionamiento de la GSI.

Los ediles opositores rechazaron que esta iniciativa implique un lanzamiento de la campaña política. “Hace 370 días que no contestan el pedido de informes que presentamos y que también votaron los concejales oficialistas”, dijo Martínez Kerz. Allí piden saber los objetivos que tiene la GSI, la cantidad de personas que la integran y condiciones que regulan su relación laboral con el municipio; la estructura de organización funcional; detalle de las movilidades que dispone y tareas asignadas a cada móvil; detalle de cada uno de los lugares consignados para su tutela y custodia, precisando cantidad de agentes destacados en cada puesto y horario de cumplimiento de sus funciones; cómo ha sido el proceso de selección y consecuente ingreso de cada agente; qué gabinete psicológico y/o profesional de esa especialidad ha evaluado a los agentes y si se realiza un seguimiento, entre otros puntos.

“Fuimos siempre muy responsables y no nos han respondido ninguna de las preguntas que planteamos, a pesar de que en febrero acompañamos un pedido de endeudamiento para cuestiones de seguridad. Creo que la respuesta es una chicana política que no resuelve el problema de fondo”, cerró Frana.