"Ocupantes eventuales" aseguran que ninguna autoridad se acercó a dialogar

A principios de febrero de este año, se vivieron momentos muy complicados en las inmediaciones de Villa Elsa, Transporte, Esmeralda Sur y otros barrios del norte de la ciudad: unas 160 familias usurparon terrenos pertenecientes a Vialidad Nacional ubicados en un predio contemplado por calles 9 de Julio, Azcuénaga, Matheu y hasta el CIC que se encuentra sobre Avenida Facundo Zuviría al 8000. Actualmente, según Ileana Ojeda, una de las que se asentaron en aquel entonces, quedan 60 familias, es decir, más de 300 personas.

Días atrás, vecinos que viven en la zona, comentaron a El Litoral que muchas veces “hay música toda la noche, se escuchan tiros e incluso cuando Gendarmería los busca como testigos de alguna situación, posteriormente son agredidos por los eventuales ocupantes”, algo que, lógicamente les genera temor.

“Desmiento totalmente eso. Los invito a dormir toda una noche acá y van a comprobar que nada de lo que dicen ocurre. ¿Crees que alguien le va a tirar cascotes a un vecino para perjudicarse y perjudicarnos? Nadie lo va a hacer, te lo aseguro. Incluso los mismo gendarmes y la policía te lo pueden decir, nosotros no molestamos a nadie”, asegura Ojeda.

“Acá no hay ninguna familia complicada, al menos los que estamos en los predios. Obviamente que no nos criamos todos de la misma manera, por ende es lógico que todos reaccionemos distinto. Pero no voy a ponerme a juzgar a otro porque tiene menos que yo. No nos vamos a pelear pobres contra pobres, tampoco me voy a pelear con el que tiene un poco más, no tengo problemas con nadie. Lo que pasa es que muchos de los que viven hace años acá no aceptan la realidad. Pelean por un espacio verde que nunca existió. Está el playón, donde se ve la cancha de básquet, y nada más. ¿Qué pasó, qué hicieron con la plata para mejorarla? ¿Dónde están las hamacas, los toboganes? ¿Dónde están todos los juegos?”.

Entre las 60 familias que quedan ocupando los terrenos, según le dijo Ojeda a El Litoral, hay gente enferma de cáncer, muchas criaturas discapacitadas, en sillas de ruedas y adultos mayores, “y parecería que eso no lo ve ni le interesa a nadie, porque no tienen las necesidades que tenemos nosotros. Ninguna autoridad se acercó a hablar con nosotros desde que estamos acá. No tenemos luz, agua. Hacemos nuestras necesidades en un pozo”.

Sobre el final, Ileana reflexionó: “Soy pobre, nací en la villa y conozco las necesidades de la gente, no me la cuenta nadie. O sea, me expongo por mí y por todos los que estamos en esta situación. Pero, si llega una orden de desalojo, algo que puede pasar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos tienen que dar una solución.

“No hay avances en el tema”

El concejal Carlos Suárez, del bloque de la UCR, fue el único legislador que se reunió con los habituales residentes de la zona.

“La primera apreciación, que es la que le trasladé a los vecinos, es que me parece una situación increíble. Porque a diferencia de otras usurpaciones que tuvimos en la ciudad, en esta están todos los elementos: no solamente se comprobó el delito, sino que incluso hubo una orden de un juez para actuar. Más allá de las demoras en el momento inicial y que dejó mucho que desear el actuar de las autoridades, entre la orden del juez y la posibilidad de cumplimiento, se desató la pandemia, algo que le da un contexto particular al tema. Lo cierto es que no hay avance”.

La idea de Suárez es tener en los próximos días una reunión con una mesa que propuso para abordar el tema usurpaciones, con la idea de que participen funcionarios nacionales responsables de los terrenos, gente de la Municipalidad, convocar a la justicia y ver qué ha hecho o tiene planificado hacer cada uno respecto a este tema.

“Es muy importante tener alguna herramienta desde el Concejo y que esta problemática no pierda estado público, porque ese es el inconveniente que muchas veces tienen. Que cuando bajan la guardia de sus planteos públicos llega más gente, o la Gendarmería no aparece, etc”, comentó Suárez, quien además ya le mandó una nota al Fiscal Federal que intervino en la causa (Walter Rodríguez), pidiéndole una reunión, para conocer su apreciación o si tiene algún planteo con relación a la no intervención de Gendarmería, porque “hay una orden clara que no se cumple y no se por qué. Supuestamente es porque no cuenta con el recurso humano para llevar a cabo una intervención de esta magnitud. Entonces lo primero que se me ocurrió es que la policía provincial ponga a disposición su gente. Porque entiendo que hay protocolos internacionales para intervenir en este tipo de casos”.

El edil radical también dijo que “en lo que a nosotros concierne, respecto al tema seguridad, intervenimos varias veces por luminarias en la vía pública: también la Municipalidad fue varias veces a levantar un sistema que estaba caído, algo que ocurre porque los mismos que usurpan al engancharse para tener luz, hacen saltar el sistema. O sea, esta es una consecuencia de la situación general”.

En caso que se pueda hacer un futuro traslado, Suárez aseguró: “Lugares hay, pero la cuestión pasa por las condiciones para realizarlo. La demanda hay que atenderla, pero lo que no se puede hacer es satisfacer la demanda en función de este tipo de presiones. Porque, no solo damos malos ejemplos, sino que no se van a obtener buenos resultados”.

Así está la usurpación en el Norte de la ciudad