Claudio Molina sobre Biocombustibles: "La propuesta del gobierno es superadora"

El tema biocombustibles es uno de los aspectos que la agroindustria sigue de cerca en le marco por el debate en el Congreso Nacional. En diálogo con El Litoral, el especialista en el tema resaltó los aspectos más salientes de una temática poco conocida pero que atañe a toda la cadena productiva.

"Recordemos que desde el año 2006 en el que se sancionó la ley 26.093, en Argentina se retomó un sendero de uso de los biocombustibles que se habían abandonado en los '80 con la caída del plan Alconafta. Allá lejos y hace tiempo, 12 provincias llegaron a usar cortes de Naftas con alcohol conocido como bioetanol. Ese plan se abandona en 1987, y después en 2006 se sancionó esta Ley, que estableció a partir de 2010 un uso obligatorio con mezclas del no menos del 5% de contenido de biocombustibles, tanto en la nafta como en el gasoil", recordó.

Molina agregó que el programa transitó durante los años de vigencia de la ley hasta el 2021 (15 años) y al vencer se prorrogó por dos decretos sucesivos.

En la nafta se incorpora alcohol, que puede provenir de derivados de caña de azúcar o de derivados del maíz, y en el gasoil mineral se incorpora biodiésel, que normalmente proviene de aceite de soja.

Y detalló que en julio de 2021 se sancionó la nueva Ley 27.640, "que tiene una serie de problemas, de los cuales hoy gran parte están en discusión, al incorporar el gobierno en el paquete del proyecto de Ley Ómnibus (o Ley de Bases), una reforma integral. Ahí empiezan a jugar una serie de conceptos y de conflictos de intereses que hay que tener en cuenta".

Libertad o regulaciones

En este sentido, la visión del gobierno nacional actual es liberar los mercados, pero el régimen de biocombustibles está muy regulado, es todo lo contrario. Molina remarca que el gasoil se corta con un 7,5% de biodiésel (en la práctica, el año pasado la cifra no alcanzó ni el 4,4%); y la nafta se debe cortar con un 12% de bioetanol (el año pasado habrá estado en torno al 11,5 %, debido a que faltó materia prima del lado de la caña).

"En general, los refinadores de petróleo prefieren el bioetanol, porque le otorga mucho octanaje a muy buen precio a la nafta, y no quieren saber nada con el biodiésel, esa es la primer discusión que hay. Además, YPF tiene el control del mercado de gasolina (casi un 60% de participación) no lo cumple, y eso arrastra a una reducción del corte real en gasoil".

Por otro lado, todos los meses, la Secretaría de Energía debe publicar un precio obligatorio, es decir que la compraventa de esos biocombustibles que van a la nafta y el gasoil se hace a través de un precio que fija el Estado. "Ese precio por ahí se atrasa en su fijación, o es de un nivel que no cubre los costos de la industria y siempre se han generado muchas tensiones".

Además, los biocombustibles no tributan los impuestos de los combustibles líquidos, que sí tributa la nafta. "Y que van a aumentar significativamente, porque desde el tercer trimestre del 2021 que no se hace el ajuste trimestral por IPC. Esto va a tener un impacto en los surtidores, y el mes que viene nuevamente tienen que aumentar para ajustar lo que todavía queda pendiente", adelanta.

En este sentido, enfatiza que la Ley 27.640 (que rige hoy) establece que el abastecimiento a los refinadores de petróleo (que son muy pocos y son los que controlan las marcas que uno ve en las estaciones de servicio) lo hacen las empresas que tienen una licencia o cupo otorgada por la Secretaría de Energía. "Las que no lo tienen, no pueden venderle a los refinadores de petróleo para esa mezcla obligatoria, sólo le pueden vender si tienen plantas habilitadas, pero en caso que fuera una demanda voluntaria o discrecional. La demanda obligatoria se cubre con la oferta derivada de cupos. Además ,hay empresas muy grandes productoras de biodiésel que exportan, pero que no pueden participar del mercado interno. Tampoco pueden participar las petroleras y tampoco se puede incorporar a esa mezcla obligatoria biocombustibles importados; esas son las restricciones".

Entonces el gobierno actualmente está diciendo: "eliminemos los cupos y el sistema de precios también lo vamos a eliminar, se va a crear un régimen de licitaciones".

Y aquí es donde Molina advierte los riesgos de la propuesta oficial. "Hay empresas que por una cuestión de escala o de distancias se van a ver muy perjudicadas para poder competir con otras que están (en el caso del biodiésel) sobre los puertos de Rosario. O en el caso del bioetanol en Tucumán, Salta, Jujuy o Córdoba (que es clave para el maíz), por ejemplo. Hay una empresa que produce bioetanol de maíz en San Luis y que cree que no tienen nivel de competitividad para enfrentar a los que están en Córdoba, y lo mismo con biodiésel: hay empresas en La Pampa hay empresas en San Luis en Entre Ríos que se sienten perjudicadas", remarcó.

Cambio de matriz

Consultado sobre su mirada respecto a las implicancias que esto puede llegar a tener, manifestó que en primer lugar, la llegada de los biocombustibles está fundamentada en una mejora del ambiente y de la salud pública. "De hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó en 2012 que la exposición del ser humano ante los gases de escape de gasoil aumenta exponencialmente el riesgo de contraer cáncer de vejiga y de pulmón. Y en el caso de la nafta se sabe que hay compuestos cancerígenos, todavía no están tan avanzados los estudios para esa determinación que se hizo en el gasoil. Entonces lo que vienen a hacer los bio combustibles es a reducir el uso de los combustibles minerales, que además tienen efectos colaterales en la emisión de gases de efecto invernadero, que perjudican con al calentamiento global de la atmósfera, y por el lado de la salud pública".

Ahora bien, cuando vamos al debate de alimentos versus energía expresa que debemos considerar que la utilización de estas materias primas agrícolas se hace de manera muy parcial. "Por ejemplo en el etanol, se transforma el almidón en alcohol y queda la proteína, quedan todas las fibras, queda el aceite para la alimentación animal, que después se convierte en carne (alimento básico de los seres humanos). Y en el caso del biodiésel se usa el aceite que es tan solo un aditivo en la alimentación".

Entonces el impacto que tiene "es muy bajo", y tienen quizás una mala prensa "debido a presiones de grupos ultra ambientalistas que instalaron ese falso debate. "El problema sería si se usa el 80% de la materia prima alimentaria para usos energéticos", sostiene.

Una cuestión política y social

Por otro lado, Molina entiende que hay que tener en cuenta que el peso de las materias primas agrícolas en las góndolas es muy bajo. Hay informes mensuales, por ejemplo que emite CAME de la participación del productor en el precio final de la góndola, "que generan mucha impotencia. Por ahí se participa en un 10 a un 30% del total. Veamos lo que pasa con el precio del pan, o la participación del trigo (que no llega el 20% de ese precio). Entonces hay un debate mal planteado que ha generado una confusión en la opinión pública. Yo no estoy de acuerdo que existe (y menos en un país como Argentina)".

Volviendo al principio, destaca que hay un intercambio de propuestas de 6 provincias (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy) que les llevaron al Ejecutivo una iniciativa. El Ejecutivo no ha contestado, y están insistiendo con lo dictaminado por mayoría la semana pasada en el plenario de Comisiones.

"La iniciativa de las provincias tiene una serie de 'suavizaciones' (si se me permite el término) para evitar que cierren algunas plantas más chicas o las más alejadas. Y tal como comentamos antes, el gobierno está en una postura rígida respecto de su iniciativa. Si uno lo mira globalmente, la propuesta que está haciendo el gobierno es superadora. Pero está el caso de algunas plantas que tienen problemas de competencia".

Por eso, para Molina la decisión será una cuestión de definición de política económica y social, "porque si uno compara la ley actual contra la propuesta del Gobierno, la misma implica aumentos del contenido de biocombustibles en biodiésel (pasa del siete y medio un piso del 10 para llegar al 12 y medio en 2026, y en el bioetanol se consolida el 12 y se da la posibilidad de llegar al 15). Más allá que en otras versiones se podía llegar e instalar el programa Flex, pero que tanto las automotrices como los racionadores de petróleo no quieren (pero ahí hay otra discusión)".

Y finalizó insistiendo con el concepto que es una discusión que tiene que entablar el gobierno con las provincias, "pero desde lo que yo veo, lo que tenemos por delante es superador a lo que hoy existe".