Nación y provincias discuten por la plata, ante una reforma tributaria que llegará después de octubre

Una reforma laboral tendrá por destino el blanqueo y una mejora en la financiación del sistema previsional quebrado, difícilmente resistible para el espectro institucional argentino. En cambio la reforma tributaria es un escenario de batalla política que ya despunta, aunque las iniciativas de la Casa Rosada serán posteriores al comicio del 26 de octubre.

"Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente", advirtió Federico Sturzzeneger, sobre la reforma fiscal que complementará la iniciativa oficial. Se lo planteó a algunos gobernadores (Maximiliano Pullaro no estaba entre ellos) que el viernes pasado se contactaron con Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Del encuentro participaron Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Francos posteó: "Conversamos sobre una iniciativa impulsada por la totalidad de los gobernadores para encontrar una forma de contemplar, de manera consensuada, los intereses provinciales y nacionales en relación con los Aportes del Tesoro Nacional —que históricamente fueron discrecionales— y el impuesto a los combustibles.

"Los gobernadores -señaló el jefe de gabinete- manifestaron que no pretenden comprometer el equilibrio fiscal, una premisa innegociable del Gobierno nacional, y que debe consolidarse como objetivo permanente en la gestión del Estado. Fue un encuentro de diálogo y búsqueda de entendimiento para seguir construyendo un vínculo sólido y responsable entre la Nación y las provincias".

La plata y el poder

Institucional pero no distendida. Así puede calificarse la relación entre la Casa Rosada y los jefes de gobiernos subnacionales. Fue el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien se encargó de responder a Sturzenegger en redes sociales.

"Publicado por el propio Ministerio de Economía de la Nación. La presión tributaria consolidada se mantuvo en 2024. Bajó la presión tributaria de las provincias y aumentó la presión tributaria nacional. Los datos son nobles. La manipulación está en los relatos", sostuvo el ministro santafesino.

Según los datos de Luis Caputo, desde el año pasado la Nación subió de 22,8% a 23% la carga tributaria en términos de PBI; las provincias lo bajaron de 5,1% al 4,8%. A favor del gobierno central juega sin embargo la comparativa desde 2015: la presión tributaria nacional bajó del 26,2% del PBI al 23% el pasado año; la carga de los impuestos provinciales se redujo del 5,3% al 4,8% en ese lapso.

Sin embargo, no todo es lineal en la contabilidad federal. "En lo que respecta al Gobierno Nacional, sus ingresos tributarios aumentaron 0,48 p.p. del PBI, mientras que la recaudación nacional que reciben las provincias y CABA registró un descenso de 0,26 p.p. del PBI", detalló un informe del Iaraf sobre 2024.

"Es decir, el incremento interanual de la presión tributaria nacional de 0,22 p.p. del PBI, derivó en una suba de los ingresos tributarios nacionales de 0,48 p.p. del PBI y en una baja de los recursos coparticipables que reciben las provincias de 0,26 p.p. del PBI

Rutas y recursos

Rascando en medio de un país en el que "no hay plata", los mandatarios provinciales reclaman porque el gobierno central no cumple con la ley. El Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley Nº 23.966, Título III y Ley Nº 27.430) determina destinos específicos para la recaudación, con los que Nación subejecuta o incumple.

La administración Milei ya llamó a audiencias públicas para licitar rutas nacionales; mientras tanto cobra y no siempre reparte lo que debería. Según esas normas, el producido de los impuestos, para el caso de las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene, se tiene destino específico.

El 10,40% debe ir al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que está paralizado; 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (no se cumple); 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (no se cumple) y 2,55% a la Compensación Transporte Público (no se cumple).

Efecto inflación

Sofismas al margen, el mayor triunfo de la menor carga fiscal llega por el lado de la baja de la inflación. Un informe del Iaraf proyecta que la reducción de 2,3 puntos porcentuales del PBI de impuesto inflacionario, "constituye la principal baja impositiva del año 2025, seguida en segundo lugar por la desaparición de impuesto PAIS, que tuvo una recaudación de 1,1% del PBI durante el año 2024".

Distorsivo y por anticipado

En 1948 la provincia de Buenos Aires ordenó el impuesto a las actividades lucrativas que paulatinamente se replicó en todo el país. El Iva creado en 1975 absorbió los gravámenes provinciales, pero "solo dos años más tarde las provincias revivieron el impuesto a las actividades lucrativas bajo el nombre de impuesto a los Ingresos Brutos".

Un informe de Virginia Giordano, coordinadora de investigaciones y Patricio Cialis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, repasa el derrotero de este impuesto que la administración Milei presiona para eliminar; en el caso de Santa Fe representó 84,51% de lo recaudado por la provincia con recursos propios en 2024.

Idesa señala una tasa promedio del 3% en los estados subnacionales; advierte que "Ingresos Brutos es muy perjudicial para la inversión" y su efecto en cascada (impuestos sobre impuestos) se acumula y distorsiona más, cuanto más eslabones tenga una cadena productiva. La pagan los consumidores.

En IIBB, los empresarios hacen el trabajo del Estado haciendo cobros anticipados, en su condición agentes de percepción que actúan cuando se compran insumos; agentes de retención cuando se venden bienes o servicios o ante cierta modalidad de pago y también hay agentes de recaudación que actúan sobre las acreditaciones bancarias cada uno de estos esquemas de pagos anticipados.

"Es potestad de las 24 provincias esto genera abusos en su utilización requiere de áreas especializadas para la liquidaciones de este impuesto en las empresas y pagos anticipados que pueden llegar a ser que lo que le corresponde pagar al contribuyente lo que se conoce como saldos a favor. Existen provincias que tienen cobrado por adelantado más de un año de recaudación", subrayaron los autores del reporte.

Las provincias aplican en promedio 91 alícuotas de IIBB (algunas llegan a más de 180) pero el 95% de la recaudación está concentrado tan sólo en nueve de ellas.

Con el esbozado "super Iva", Nación pretende quedarse con 9% de ese gravámen y que cada provincia se haga cargo del rest. Pero Idesa reconoce que eso necesitaría un fondo de convergencia (implica complejs acuerdos políticos) para compensar transitoriamente a las provincias más pobres, hasta que logren generar valor en su territorio, eliminando IIBB.