Regalías para las provincias hidrocarburíferas y retenciones para los que reponen nutrientes por la actividad agrícola

“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Las provincias hidrocarburíferas y mineras son las ganadoras fiscales por el cobro de regalías en la Argentina, ya que concesionan áreas de explotación de sus recursos naturales en los términos explícitos del artículo 124 de la Constitución Nacional.

¿El suelo santafesino no es un recurso natural? Sigue siendo contraintuitivo que la organización federal pague por la extracción de recursos que no se reponen, como el litio, el petróleo o el gas. Y no se ponga en el mismo rango a los millones de toneladas de fósforo, nitrógeno, potasio y azufre que se van en granos y que los productores están obligados a reponer al suelo.

A nivel macroeconómico, las regalías representaron un 0,38% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino en el año 2025, mostrando una leve contracción respecto al pico de 0,42% alcanzado en 2024, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Un significativo impacto de estos fondos se contabiliza en las cuentas de gobernadores con petróleo y gas bajo sus pies. A ellos se sumarán los que ven madurar las inversiones mineras.

La cuenta fiscal

Para las provincias productoras de hidrocarburos, las regalías significaron el 11,85% de sus ingresos totales durante 2025 (tras haber tocado un máximo de 13,51% el año anterior). Esta dependencia fiscal tiene un protagonista excluyente: Neuquén. Las regalías explicaron el 28% de los ingresos totales de la provincia en 2025, seguida por Chubut con una dependencia del 16% y Santa Cruz con el 11%.

Si se mira la "torta" total de distribución de estos recursos durante 2025, Neuquén acaparó el 64% del total de las regalías del país, dejando muy atrás a Chubut (13%), Santa Cruz (8%), Mendoza (5%) y al propio Estado Nacional, que retuvo un 5%.

Las provincias agrupadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) recibieron en 2025 unos US$ 3.800 y US$ 4.200 millones en regalías por conceder sus recursos originarios de petróleo y gas. Esto equivale a un goteo consolidado de aproximadamente US$ 320 a US$ 350 millones mensuales, según las cotizaciones de los commodities.

Neuquén encabezó la lista promediando unos US$ 180/200 millones al mes, gracias al shale de Vaca Muerta. Chubut alrededor de US$ 600 a US$ 650 millones al año (afectada por la madurez de la Cuenca del Golfo San Jorge). Santa Cruz embolsó aproximadamente US$ 500 millones anuales.

A ese podio se sumaron Mendoza con unos US$ 300 millones en el año, Río Negro y Tierra del Fuego con entre US$ 80 y US$ 100 millones anuales cada una, y en menor rango La Pampa y Salta.

Neuquén se despega

Dado que Neuquén concentra casi el 60% de las regalías de todo el país, sus datos de ingresos oficiales en pesos reales reflejan perfectamente el comportamiento de la moneda constante frente a la inflación y el tipo de cambio oficial (que ronda los $1.450 pesos):

La Subsecretaría de Ingresos Públicos reportó que las regalías hidrocarburíferas le aportaron a la provincia un total consolidado de 2,32 billones de pesos, según cálculos de Econo Journal.

Producto de la inflación de costos y la actualización del tipo de cambio con el que las petroleras liquidan a la Secretaría de Energía, el presupuesto provincial estipuló ingresos por regalías para este ciclo cercanos a los 4 billones de pesos (sin contar el efecto de la guerra).

¿Se discrimina a Santa Fe?

Maximiliano Pullaro viene reclamando la baja de retenciones. Eso no le dará más recursos al presupuesto provincial como las regalías le aportan a sus pares petroleros, pero otorgará más dinero al bolsillo de los productores y a las economías regionales, que pagan impuestos en un distrito que no cobra Ingresos Brutos a la agroindustria.

En abril del 2003, Carlos Reutemann -en medio de las discusiones por una nueva Ley de Coparticipación Federal- había exigido públicamente a la Nación el pago de regalías agrícolas para Santa Fe. Su lógica: la producción de granos se lleva la riqueza mineral de los suelos.

Se trata de una suerte de “doble discriminación”. El artículo 41 de la Constitución Nacional obliga a preservar el medio ambiente; los productores han demostrado que invierten todos los años millones para no deteriorar el recurso natural del suelo. Pero ni el fisco ni los productores tienen compensación por eso. Las retenciones son todo lo contrario.

En 2013, el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe -por entonces presidida por Eduardo González Kees- argumentó científicamente que la producción a gran escala extrae anualmente millones de toneladas de nutrientes esenciales del suelo (como fósforo, nitrógeno, potasio y azufre) que se van insertos en el grano exportado.

La Bolsa planteó que exportar granos sin reponer esos componentes equivale a la extracción irreversible de un mineral. Por ende, el suelo sufre una descapitalización física que el Estado nacional no compensa.

El juego jurídico de las diferencias

No hay en el derecho ambiental y constitucional un jurista que defina que el suelo no es un recurso natural o un "dominio originario" de la provincia. Santa Fe -como sus pares- han dictado leyes de conservación y manejo de suelos, amparada en esta potestad.

Durante los picos de conflicto entre el campo y el gobierno federal (como la crisis de la Resolución 125 en 2008 o debates fiscales posteriores), diversos bloques legislativos provinciales y entidades agrarias amagaron con recurrir a la Justicia para reclamar compensaciones.

No obstante, estas iniciativas quedaron en el plano político-legislativo y no prosperaron como demandas judiciales. La Corte no se ha pronunciado sobre lo que no se ha reclamado. Pero el máximo tribunal tiene jurisprudencia que distingue recursos renovables y no renovables, y define a la regalía como una compensación económica por la pérdida del capital natural.

El suelo y el subsuelo

En esa lógica, el suelo es considerado jurídicamente un recurso renovable y el régimen de propiedad de la superficie se distingue de lo que sucede con el subsuelo: según el Código de Minería y la Ley de Hidrocarburos, los yacimientos forman una propiedad pública distinta y separada del suelo -eventualmente privado- que los contiene.

En el agro rige el derecho de propiedad privada regulado por el Código Civil y Comercial. El dueño del campo es dueño de la superficie y de los frutos que esta produce. El productor agrario no necesita una "concesión estatal" para sembrar; ejerce un derecho propio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado que la regalía es la contraprestación que percibe el propietario del dominio originario (la provincia) por la explotación de sustancias minerales o fósiles extraídas de los yacimientos de su territorio.

Dado que el agro genera bienes comerciables mediante el trabajo humano sobre un suelo privado, el marco jurisprudencial actual no encuadra la actividad dentro de los parámetros de la regalía extractiva, manteniendo la división tradicional entre la renta de la tierra privada y la compensación por recursos públicos finitos.