"El 80% de la comunidad universitaria cobra menos de $800 mil", advirtió Bartolacci, del CIN

"Nadie en su sano juicio puede decir que está bien que un docente universitario cobre 300 ó 350 mil pesos por mes, como cobran algunos reconocidos profesores titulares". Con esa definición, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, describió la crisis salarial que atraviesa el sistema universitario, en la antesala de una nueva medida de fuerza nacional, anunciada a partir del lunes 16 de marzo, por una semana, en reclamo de recomposición salarial.

Bartolacci es rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y actual vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), hasta el 27 de marzo en que el plenario de rectores definirá su conducción para este 2026, en La Pampa. Estuvo en Santa Fe el viernes pasado para participar del acto de asunción de nuevas autoridades de la UNL y, en diálogo con El Litoral, sostuvo que la situación más urgente dentro de las universidades es la salarial.

Según advirtió, el deterioro ya impacta en el funcionamiento del sistema. "El 80% de la comunidad universitaria del país está cobrando por debajo de los 800 mil pesos por mes. Hay docentes muy reconocidos, titulares, que están percibiendo un salario de 350 mil, 300 mil pesos por mes. Nadie en su sano juicio puede decir que eso está bien", afirmó.

El rector remarcó que el atraso salarial genera renuncias, pluriempleo y un desgaste creciente en docentes y no docentes. "No solo fuerza muchas renuncias, también promueve el pluriempleo y va deteriorando lo que sucede en el ámbito universitario. Hay un cansancio y un hartazgo razonable en nuestra comunidad, porque además de un mal salario ha habido mucho destrato y desconsideración para gente que con condiciones precarias sigue sosteniendo todo", señaló.

Insisten con la ley ya sancionada

En ese marco, insistió en que la salida al conflicto pasa por aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y que el Ejecutivo nacional aún no puso en funcionamiento, por lo que la situación se está dirimiendo a nivel judicial.

"Nosotros creemos que la resolución del problema universitario está en la aplicación de la ley tal como fue aprobada. Cualquier otra cosa va a profundizar las dificultades. Lo que se necesita no es holgura, sino criterios razonables para poder seguir funcionando bien", expresó.

- ¿Qué opina del nuevo proyecto de modificación que quiere introducir el Ejecutivo vía el Congreso?

-Es un retroceso. El Ejecutivo intentó en varias ocasiones, primero a través del veto, después en la última discusión del presupuesto del año pasado, objetando y dilatando. Y ahora intentando modificar en el Congreso la ley de financiamiento universitario. Lo que no quieren es la aplicación de un instrumento que no nosotros, sino el Congreso -que es la representación de la Nación-, en varias oportunidades decidió que era el correcto para solucionar el problema. Este nuevo proyecto, así como está planteado, no sólo que es insuficiente y un retroceso respecto a lo que la ley consagra, sino que además no va a resolver la situación que tenemos en el sistema universitario. Nosotros necesitamos solucionarlo con criterios razonables para poder seguir funcionando bien.

Paros de una semana

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica), cuyo uno de sus gremios de base es Adul -de profesores la UNL-, resolvió profundizar el plan de lucha y convocó a paros de duración semanal frente al ajuste presupuestario y la falta de recomposición salarial.

El congreso extraordinario del gremio se declaró en sesión permanente y definió un paro nacional de una semana a partir del 16 de marzo, cuando la mayoría de las universidades -incluida varias facultades de la UNL- ya tendrán iniciadas sus actividades académicas. La medida se realizará en reclamo de aumento salarial, mayor presupuesto y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, se anunciaron nuevas acciones para las semanas siguientes, con actividades de protesta durante la semana del 24 de marzo, otro paro a partir del 30 de marzo y una evaluación nacional el 1 de abril para definir la continuidad de las medidas si no hay respuestas del Gobierno nacional.

Desde Conadu Histórica advirtieron que el deterioro salarial ya provocó la renuncia de miles de docentes y afecta el funcionamiento de las universidades públicas. También alertaron que la falta de financiamiento pone en riesgo las actividades académicas de más de dos millones de estudiantes en todo el país.

El gremio ratificó además la convocatoria a organizar una nueva Marcha Nacional en defensa de la universidad pública, en unidad con el resto de las federaciones docentes, no docentes y el sistema universitario.