Perú tendrá este domingo su esperado balotaje tras un eterno conteo

El pasado 12 de abril se llevaron a cabo las elecciones generales para la presidencia de Perú. Recién el 17 de mayo, a sólo tres semanas del balotaje, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) confirmó los dos nombres.

En base a los resultados oficiales, este domingo competirán entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien obtuvo 2.877.678 votos (17,92%), ante Roberto Sánchez de Juntos por el Perú que llegó a 2.015.114 votos (12,039%).

Sánchez dio el golpe al dar vuelta los números parciales iniciales que ponían a Rafael López-Aliaga de Renovación Popular dentro de la segunda vuelta. El conservador finalmente se quedó con 1.993.904 votos (11,90%).

Para tomar dimensión de la paridad, el séptimo, Alfonso López Chau de Ahora Nación, tuvo sólo 793.842 votos menos que Sánchez. De las 30 candidaturas, ninguna superó el 20%.

Un reciente informe del Observatorio Pulsar.UBA sobre Aprobación presidencial resume este panorama indicando que “el recambio presidencial dejó de ser un mecanismo de recomposición de legitimidad y se convirtió en una nueva instancia de deterioro”.

Los problemas en la primera vuelta y la reubicación

En contraste con las pocas horas que requirió el conteo de las elecciones generales en Colombia del pasado fin de semana, las eternas semanas, cargadas de acusaciones y dudas sobre la veracidad de los datos, expusieron al sistema peruano.

A la fragilidad de la figura presidencial que ha presentado este país sudamericano en el siglo XXI, la cual ya cuenta con ocho nombres desde el 2016, se le ha sumado un sufragio casi vergonzoso si de ritmos se habla.

Durante el proceso de conteo, López Aliaga reclamó la intervención de auditoras internacionales para revisar los resultados de la primera vuelta, afirmando que las medidas impulsadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no son suficientes y sostuvo que debe realizarse un “peritaje forense”.

Uno de los tantos informes, en este caso el del Laboratorio de Democracia en Acción de Stanford, estima pérdidas potenciales de entre 24.000 y 28.000 votos debido a las demoras, pero se afirma que “el número de votantes que dejaron de participar se reparte entre todos los partidos”, por lo que “la evidencia empírica disponible no respalda la hipótesis de que dichas irregularidades hayan modificado el resultado de la elección presidencial”.

En el marco de un plan de seguridad que incluye pretensiones de mejor rendimiento de conteo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de 386 mesas de sufragio en distintas regiones de Perú para la segunda vuelta.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó: “Lo que hemos hecho es reasignar por temas como toma de locales de universidades nacionales, un total de reasignación de 386 mesas a nivel nacional y el objetivo es mover lo menos posible con la finalidad de que el elector vaya siempre a su local de votación”.

Una referencia que marca ambos candidatos

Las figuras que llegan al balotaje no escapan de las polémicas. Más allá de sus ideologías ocupadas en dos extremos opuestos, siguiendo una tendencia de polarización radicalizada en casi toda Latinoamérica, las particularidades de cada figura trascienden este fenómeno.

Keiko Fujimori, ubicada en la extrema derecha y con conceptos que apelarán a la llamada “mano dura”, posee la inevitable marca de su padre y ex presidente Alberto Fujimori.

El 10 años presidente y fallecido en 2024, fue sentenciado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad. A esto se le suman 8 años de prisión por desviar fondos de las Fuerzas Armadas para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas, 6 años de prisión por ordenar el allanamiento de la casa de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y sentencias por la entrega de 15 millones de dólares a Montesinos en el año 2000 (por compensación por tiempo de servicios), falsedad ideológica, y usurpación de funciones.

Por el lado de Roberto Sánchez, inclinado hacia una extrema izquierda, ha planteado de forma concreta el indulto para Pedro Castillo, el ex presidente condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.