Ecuador impone un nuevo toque de queda nocturno en medio de la crisis de seguridad

A través del decreto 370, el Ejecutivo dispuso la limitación de la circulación entre las 23:00 y las 05:00 durante dos semanas. La medida alcanza a provincias estratégicas como Pichincha, Guayas, Manabí y Esmeraldas, además de varios municipios del interior.

Durante ese horario, se suspenden derechos como la libertad de tránsito, en un esquema que también contempla restricciones a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, en línea con el estado de excepción vigente desde abril.

Quedan exceptuados los servicios esenciales, entre ellos salud, seguridad y atención de emergencias, así como actividades clave vinculadas a servicios públicos y sectores estratégicos.

La violencia como argumento central

El Gobierno sostiene que la decisión responde a un patrón de violencia concentrado en horas nocturnas. Según datos oficiales, entre el 1 y el 20 de abril se registraron 76 homicidios en esa franja horaria, con la provincia de Guayas como principal foco.

Aunque la cifra representa una leve disminución respecto al año anterior, las autoridades remarcan que las zonas alcanzadas por el toque de queda concentran cerca del 90% de la violencia a nivel nacional.

Informes de inteligencia también advierten sobre un “efecto desplazamiento” del delito, detectado tras medidas similares aplicadas previamente, donde las organizaciones criminales trasladaron sus operaciones hacia territorios sin restricciones.

Una estrategia bajo debate

El endurecimiento de las políticas de seguridad se inscribe en una estrategia más amplia iniciada por Noboa, quien declaró la existencia de un “conflicto armado interno” para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas contra bandas criminales.

Desde entonces, el país ha recurrido de forma recurrente al estado de excepción y a medidas como el toque de queda. Sin embargo, los resultados generan debate: pese a los operativos y detenciones, Ecuador cerró 2025 con un récord cercano a los 9.300 homicidios.

A esto se suman cuestionamientos de organismos de derechos humanos por presuntos excesos de las fuerzas de seguridad. Frente a esas críticas, el Gobierno mantiene una postura firme. “No vamos a pactar, los vamos a atacar”, aseguró el ministro del Interior, en defensa de una política que busca recuperar el control territorial frente al avance del crimen organizado.