Se prorrogó la Revisión Tarifaría Integral y la intervención en ENRE y Enargas

Se prorrogó por un año el plazo de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. El Gobierno estableció la medida a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 815/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Además se prolongó por un año la intervención en los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), actualmente a cargo de Walter Martello y Osvaldo Pitrau, respectivamente, “hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los acuerdos definitivos de la RTI”.

El decreto indica que “la RTI requiere la proyección tanto de indicadores propios de la industria de la energía eléctrica y del gas, como así también macroeconómicos, los que a su vez se encuentran vinculados entre sí”.

En ese sentido, puso de relieve “el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales de los commodities energéticos, generado por el incremento de la demanda internacional, determinado por el crecimiento de la actividad económica post pandemia y asociado a velocidades incongruentes con las reales posibilidades de los países centrales en sus políticas y planes de transición energética, que generaron un primer salto muy significativo de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatrimestre de 2021”.

“Sumado a ello, es de público conocimiento que el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales de los referidos productos, especialmente del Gas Natural Licuado (GNL) y del gas oil, commodities a los que debe acceder nuestro país anualmente en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna invernal tanto de gas por redes como de generación eléctrica por centrales térmicas”, puntualizó el DNU.

Asimismo, remarcó que “los servicios públicos de electricidad y gas desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo cual su accesibilidad resulta indispensable para los hogares”.

En ese sentido, indicó que “las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica”.

Por lo tanto, concluyó que “resulta oportuno y conveniente mantener la razonabilidad tarifaria en el actual contexto de recuperación económica y evitar una desarticulación del esquema tarifario que repercuta negativamente en el ingreso disponible de los hogares e implique aumentos considerables en los costos de producción de la industria”.