En "default selectivo"

"Tenemos que acostumbrarnos a que las elecciones no se ganan por política fiscal expansiva". Cuando Sergio Massa -ya ministro de Economía- le advirtió al kirchnerismo que imprimir y repartir plata era inconducente, al mismo tiempo ganó crédito de gestión ante la platea empresaria del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en el Hotel Alvear, donde pronunció aquellas palabras.

El sendero de Massa es bajar la inflación. El jueves se conocerá el Índice de Precios al Consumidor de diciembre; después del 4,9% de noviembre, Economía espera ratificar el camino por el que sí se ganan elecciones. El director de la consultora de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, pronosticó 4,6% en alimentos y 5,1% en la inflación núcleo, con un 6% en el indicador general que el oficialismo espera no alcanzar.

Matías Tombollini dijo que "la hoja de ruta de Massa es que cada mes que pasa te puedas comprar un poquito más". El secretario de Comercio viene trabajando con relativo éxito de corto plazo en controles sobre insumos, sumó textiles y calzados a Precios Justos, recortó incrementos selectivos en prepagas, eliminó aumentos impositivos en los surtidores y dictó la resolución 1/2023 creando el Consejo Federal de Comercio.

A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, la economía planificada es una tentación que siempre vuelve a la Argentina, sin que los resultados la avalen. Es improbable que Massa y su equipo busquen prolongar en el tiempo la receta; podrán en cambio ganar tiempo hasta abril -cuando las candidaturas deben estar perfiladas para iniciar campañas- siempre y cuando pueda administrar algo más que unas pocas góndolas: las causas monetarias que alimenta la inflación, indefectiblemente, con o sin aporte de otras variables según las diversas teorías de causalidad.

Por un lado está el problema de los dólares. Sólo US$1 de cada US$6 en importaciones es admitido en la economía planificada del tránsito de crisis; eso es menos bienes de consumo y sobre todo menos insumos industriales; la escasez, se sabe, es aumento de precios. Massa privilegia demandas como la de Toyota para el tercer turno; las automotrices exportan más y venden menos en el mercado interno. Terminado el dólar soja y ante la sequía, el ministro evalúa el dólar carne que -de seguro- encarecería la mesa de los argentinos. La necesidad es madre de herejías.

Por otro lado están los pesos. Fernando Marull se quejó por lo "tarde" que la calificadora de riesgo S&P puso a la deuda argentina en moneda local como "SD". Significa default selectivo, es decir desconfianza. El último canje de deuda en pesos del secretario de Finanzas, Eduardo Setti, reprogramó (no más allá de septiembre) sólo 67% de los $4,3 billones que vencían a tres meses. Dos preguntas quedan sin responder: ¿a dónde irán los pesos (precios o dólar, o depósitos a plazo fijo) que no se canjearon..? y la más importante, ¿cómo hará el gobierno para afrontar $12 billones en deuda que vencen hasta un mes antes de la elección presidencial?

Con el dólar atrasado 25% en la era AF&CFK, tasas efectivas anuales del 107% que el BCRA podría bajar pero no mucho para mantenerlas activas en los términos del acuerdo con el Fondo, con una deuda cuasifiscal de $10,3 billones que crece a razón de $3,3 billones al año sólo para pagar intereses, con el Central rescatando bonos del Tesoro para que no se caigan, es difícil -imposible- sostener precios en góndola y transitar 10 meses de paz social. Todavía falta el plan que lo procure.

Devaluación, default y candidatura, son tres palabras que en letras de molde irrumpieron en las tapas de medios nacionales esta semana, asociadas a Sergio Massa. Sagaz, el ministro cría nuevos conejos en la galera: US$500 millones de licitación 5G; US$600 que traiga Lula para completar el gasoducto que lleve el combustible a Brasil; US$5.000 convertidos desde los yuanes del swap con China. Aún así, eso no alcanzará para compensar las pérdidas de exportaciones agroindustriales como consecuencia de la sequía. ¿El blanqueo? Con el Congreso entretenido en acusar a la Corte, es un recurso cancelado por las urgencias penales de Cristina Fernández.