Inseguridad, fracaso compartido

El bloque de senadores del radicalismo estaba con notorias ausencias en su primera reunión del año, el pasado jueves 17. No fue sorpresa que quedara vacía la banca del jefe de la oposición en la Cámara alta de la provincia, Felipe Michlig (San Cristóbal), que se recupera ahora en su casa de un cuadro complicado de Covid-19, pero en cambio hubo preguntas en torno a la ausencia de Rodrigo Borla (San Justo) al que se lo había visto en los pasillos de la Legislatura varias horas antes de la sesión de las 15.

Debe decirse que ambos (en realidad los radicales ausentes fueron tres) no se perdieron la más interesante de las deliberaciones de la Cámara alta santafesina, que hasta el 1ro de mayo seguirá con un temario acotado a las iniciativas del Ejecutivo. Pero lo interesante es señalar que Borla ocupó el relativamente poco tiempo que duró la sesión también para preparar, con otros legisladores de la otra Cámara, el mensaje que llevó la oposición a la Junta Provincial de Seguridad convocada por fin por el gobernador Omar Perotti.

Borla es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y habló, antes de partir a la Casa Gris, con su correligionario Maximiliano Pullaro, que preside el bloque de la UCR, con el socialista Joaquín Blanco, que encabeza la bancada del PS y con el diputado que ocupa el mismo cargo en esa comisión, el radical Juan Cruz Cándido. Todos entendieron que para el encuentro con el gobierno y con la Justicia para el que se preparaban no podía tener otro tono que el de la colaboración. Que en sus declaraciones debían usar la palabra propuesta, en lugar de sobreabundar con el panorama crudo del que ya se encarga la sección de Policiales de cada medio.

Tanto Blanco como Pullaro formularon fuertes reproches que no le agradaron a un inesperado defensor del gobierno provincial, el senador del PJ Armando Traferrri, que preside el bloque Juan Domingo Perón, que tiene a los 6 senadores del Nes que en las Paso de 2021 jugaron con la vicegobernadora Alejandra Rodenas, en una lista compartida con Alejandro Rossi.

Al justicialista no le pareció correcto que Pullaro formulara fuertes quejas sobre los números en seguridad de la actual gestión, cuando se trata del ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz (que tiene aspiraciones para la Casa Gris y que ha reforzado su labor en el interior provincial junto a correligionarios e históricos dirigentes de Juntos por el Cambio). Lo mismo, las posiciones de Blanco, Cándido y Borla. Al salir, los diputados opositores y los jefes de bloque más chicos, así como el presidente del PJ, el diputado Ricardo Olivera formaron un pluripartidario semicírculo que habló con los periodistas.

El legislador al que sus pares no le quitaron los fueros ante el pedido de dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación tuvo, como ocurre en la Cámara desde hace más de una década, una fuerte participación dentro de la reunión y más cuando se trata del tema seguridad.

Recordó en la Casa de Gobierno que durante las gestiones del Frente Progresista formuló denuncias públicas sobre el narcotráfico que le costaron una serie de incidentes violentos contra su familia y su propiedad, y aseguró que unos y otros son responsables de que hayan crecido el tráfico de drogas y la violencia.

Traferri y los legisladores opositores sin embargo coincidieron en mostrar su respaldo a las intenciones de la gestión actual en Seguridad y subrayaron "actual" para que quede claro que en sus análisis no incluyen al antecesor de Jorge Lagna.

Fue también relevante lo que ocurrió con Traferri al hablar con los periodistas. Suya es la frase que desde hace más de una década tanto se escucha, con otras palabras y de peores modos, muy por fuera de los tres poderes que ahora se han vuelto a reunir: "es un fracaso de la política, eso es la inseguridad", tanto de quienes gobernaron como de quienes gobiernan.

El encuentro puede servir para dejar de sacar cuentas respecto qué gestión carga con más muertos por delitos violentos. El resultado de esas sumas siempre es negativo para todas las instituciones. La sociedad, y su conducción política, ha fracasado y el primer paso para salir adelante es admitirlo.

Una agenda concreta

Las autoridades de los tres poderes en Santa Fe se han permitido volver a hablar de manera institucional, de cara a la sociedad, para enfrentar la inseguridad que daña a la provincia. Y también, para mostrar que pese a tantas tensiones pasadas pueden dialogar. En los últimos dos años no hubo choques entre poderes pero, en más de una oportunidad, quienes toman las decisiones en cada poder y protagonizaron esas diferencias, las calificaron "roces". En términos automovilísticos significa haber quedado a centímetros de un accidente.

En política, como pasa con las fotos de los abrazos entre dirigentes de signos opuestos, es siempre una imagen agradable la de los grandes encuentros pluripartidarios, donde se superen diferencias y mezquindades.

La reunión se llevó a cabo porque cada poder hizo antes su parte y porque hubo otras instancias de diálogo desde la Casa Gris, con otros poderes y con la oposición, mucho antes de que se llevara a la mesa de las discusiones el tema más difícil para el actual y el anterior gobierno. Sin dudas pesó la buena reunión del Consejo Económico y Social, la discusión abierta por la ley de Presupuesto 2022 que pese a todo nunca se ha cortado y un gesto del Ejecutivo para con la Legislatura: aceptar que haya una porción mayor de coparticipación a municipios y comunas en la ley tributaria de esta año, que no se vetó tras las modificaciones en las Cámaras.

"Es un análisis que se hace y se comparte. Lo dijeron varios legisladores del oficialismo y de la oposición en la reunión, que fue productiva porque partimos de que tenemos que reconocer que la inseguridad es un fracaso de todos los que tenemos responsabilidades, en los tres Poderes, de la política en definitiva. La autocrítica es un buen punto de partida para que haya una agenda concreta de trabajo", dijo a El Litoral el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, un par de días luego del encuentro.

Recordó que se trabaja para que los fiscales trabajen mejor: se habilitaron fondos para contratar a 35 colaboradores en el MPA, se mejoraron sus equipos para realizar investigaciones y la Acusación ahora tiene fiscales para trabajar sobre el abigeato. El proyecto de ley de Presupuesto tiene altas chances de ser aprobado aunque llevará un tiempo y contiene 20% más para el MPA.

Entre otras acciones desde el Ejecutivo para con la Justicia "están por salir", según se explicó en el Salón Blanco, concursos para 15 cargos vacantes de fiscales y otra tanda a seleccionar de 10 jueces. Es importante porque el primer envío del gobernador fue recién en octubre de 2021. Hoy, oficialismo y oposición entienden que "ahora es el momento de consensuar criterios para que no haya luego retiros o rechazos de pliegos", para no repetir lo ocurrido el año pasado.