La jubilación en la era de la Inteligencia Artificial: un sistema que hace agua

Cada vez que un algoritmo reemplaza a un trabajador, alguien deja de aportar al sistema jubilatorio. Cada vez que un repartidor de aplicación pedalea diez horas por día sin un solo aporte previsional a su nombre, el sistema pierde una pieza más.

La Seguridad Social argentina -y la de casi toda América Latina- fue diseñada hace más de un siglo para un mundo de fábricas, patrones y empleados en relación de dependencia. Ese mundo ya no es el único que existe, y el sistema no se dio cuenta.

El modelo que hoy sostiene a nuestros jubilados nació en la Alemania de Otto von Bismarck, a fines del siglo XIX. Su lógica era simple: el trabajador aporta un porcentaje de su salario, el empleador aporta otro, y con esa masa de dinero se paga a quienes ya se retiraron.

Funcionó durante más de cien años porque descansaba en un supuesto que hoy se derrumba: que la mayoría de la gente trabaja en relación de dependencia, con un empleador identificable que retiene y deposita los aportes.

Ese supuesto ya no describe la economía real. La proliferación de plataformas digitales -de delivery, de transporte, de trabajo freelance internacional- y el avance de la automatización y la inteligencia artificial (IA) están vaciando de contenido a la nómina salarial tradicional, que es, ni más ni menos, la base sobre la que se financia todo el sistema.

El problema no es solo financiero

Conviene ser precisos: la crisis de la Seguridad Social no es, en el fondo, un problema de plata. Es un problema de diseño. El sistema fue pensado para un tipo de trabajador -el asalariado formal, con patrón único, jornada fija y aportes mensuales- que hoy convive con millones de personas que trabajan de otra manera: por aplicación, por proyecto, por algoritmo.

Mientras la ley siga exigiendo que la protección social dependa de un contrato de trabajo clásico, esas personas van a seguir quedando afuera. El caso de los trabajadores de plataformas es el más visible.

Las empresas los presentan como "socios independientes", pero en los hechos hay una subordinación real: el algoritmo les fija el precio, les asigna las tareas, los evalúa y hasta los puede "desconectar" del sistema como sanción. Es una subordinación tan real como la de cualquier relación de dependencia clásica, solo que ejercida por un código en vez de por un capataz.

Lo que están haciendo otros países

El mundo ya empezó a moverse, con distintas velocidades. La Unión Europea aprobó en octubre de 2024 una directiva que establece una presunción legal de que el trabajador de plataformas es un empleado, salvo que la empresa demuestre lo contrario.

Es decir: invierte la carga de la prueba. Si una plataforma controla horarios, tarifas y desempeño mediante un algoritmo, se presume que hay relación laboral, con todo lo que eso implica en materia de aportes.

Chile avanzó por otro camino desde 2022: reconoció al trabajador de plataformas como un independiente, pero lo obligó a cotizar para su jubilación y para el seguro de accidentes de trabajo mediante una retención directa sobre sus honorarios.

Brasil tiene en el Congreso un proyecto que fija una cotización conjunta del 27,5% (7,5% del conductor y 20% de la empresa), sobre el 25% del ingreso bruto mensual, aunque por ahora deja afuera a los repartidores.

En junio de este año, la OIT dio un paso inédito: adoptó el primer convenio internacional específico sobre plataformas digitales, que obliga a garantizarles acceso a la Seguridad Social en igualdad de condiciones con cualquier otro trabajador.

Argentina, por su parte, sancionó en marzo de 2026 la ley Nº 27802, que creó un régimen propio para los prestadores de aplicaciones de movilidad y reparto: los reconoce como independientes, pero les exige inscribirse fiscalmente y aportar para acceder a la jubilación mínima, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la obra social.

Es un avance respecto del limbo anterior, pero no resuelve el problema de fondo: no garantiza que el haber futuro guarde una relación razonable con lo ganado en la vida activa, el principio de sustitutividad que la Seguridad Social debería proteger.

¿Un impuesto a los robots?

Hay una discusión que empieza a instalarse en el mundo académico y que tarde o temprano va a llegar a la agenda política: si las máquinas y los algoritmos reemplazan trabajo humano y generan valor, ¿no deberían también contribuir al sistema que ese trabajo sostenía?

La idea de un "impuesto a los robots" tiene defensores y detractores. A favor, compensaría la pérdida de aportes patronales y repartiría mejor la carga entre capital y trabajo. En contra, es casi imposible definir jurídicamente qué es "un robot", y gravar la innovación puede terminar frenándola.

Existen alternativas menos controvertidas: gravar la facturación de las grandes plataformas digitales y afectar esos recursos específicamente al sistema previsional, o compensar la baja de aportes patronales con una porción del IVA.

Ninguna es perfecta, pero todas parten de una misma idea: si la riqueza ya no se genera principalmente con salarios, el financiamiento de la Seguridad Social tampoco puede depender exclusivamente de ellos.

Cuando el algoritmo decide si cobrás la jubilación

Hay otro frente, menos discutido pero igual de importante: los organismos previsionales de otros países ya usan inteligencia artificial para detectar fraude y liquidar prestaciones, y es razonable esperar que Anses y sus equivalentes provinciales avancen en la misma dirección. Es una herramienta útil, pero peligrosa si no tiene límites.

Ninguna persona debería quedarse sin su jubilación o su pensión por la decisión exclusiva de un algoritmo, sin que un funcionario humano revise el caso y sin que se le explique, con claridad, qué variables se usaron para negarle el beneficio.

Este "debido proceso algorítmico" no es un capricho garantista: es la aplicación, al mundo digital, de una garantía que la Constitución Nacional ya consagra en su artículo 18. La diferencia es que antes el que decidía era un empleado público, y hoy puede ser un sistema automatizado que ni el propio afectado entiende.

Una propuesta concreta

De estos problemas surge una propuesta de reforma que puede resumirse en tres ideas. Primero, desvincular el derecho a la protección social de la existencia de un contrato de trabajo clásico, para que la cobertura alcance también a quienes trabajan por plataforma o por cuenta propia digital.

Segundo, modernizar la recaudación: en vez de esperar a fin de mes para liquidar aportes, se puede retener una micro-cotización en cada transacción digital, en tiempo real, a través de las mismas pasarelas de pago que ya procesan esos cobros.

Tercero, garantizar por ley que ninguna decisión sobre un beneficio previsional pueda tomarse exclusivamente por un algoritmo, sin revisión humana y sin explicación al interesado. Nada de esto es ciencia ficción. Son ajustes de ingeniería jurídica, no una revolución. Pero requieren una decisión política que reconozca lo evidente: el trabajo cambió, y la ley que debía protegerlo todavía no.

La Seguridad Social nació para responder una pregunta simple: qué pasa con las personas cuando ya no pueden, o no consiguen, trabajar. Esa pregunta sigue igual. Lo que cambió es quién trabaja, cómo lo hace y quién -o qué- controla ese trabajo.

Si el derecho no actualiza sus respuestas, la próxima generación de trabajadores digitales va a llegar a la vejez sin la protección que sus padres, empleados en relación de dependencia, sí tuvieron.

El autor es profesor de Derecho de la Seguridad Social (UNR).