Salud mental: gastar más no alcanza, gastar mejor es imprescindible

En los últimos años, la salud mental dejó de ser un tema periférico para ocupar un lugar central en la conversación pública. La pandemia, el deterioro económico y los cambios sociales aceleraron una demanda que los sistemas de salud ya venían absorbiendo con dificultad. Sin embargo, cuando se observa cómo los Estados asignan sus recursos, aparece una pregunta incómoda: ¿la prioridad discursiva se refleja realmente en los presupuestos?

La comparación entre Estados Unidos y Argentina permite iluminar esta tensión con bastante claridad. A primera vista, la distancia es abrumadora. Estados Unidos destina cientos de miles de millones de dólares a salud mental, canalizados en gran parte a través de programas como Medicaid y Medicare. La escala de recursos ha permitido desarrollar una red amplia de servicios, con innovación en áreas como la telesalud y la atención en crisis.

Pero ese volumen de financiamiento convive con problemas estructurales difíciles de ignorar. El acceso sigue siendo desigual, los costos de bolsillo continúan siendo una barrera para muchos pacientes y la fragmentación del sistema conspira contra la continuidad de los tratamientos. En otras palabras, Estados Unidos muestra que gastar mucho no necesariamente implica resolver el problema. La abundancia de recursos no corrige, por sí sola, las fallas de diseño.

Argentina, en el extremo opuesto, enfrenta una limitación más básica: la escasez. La inversión en salud mental ronda el 2% del gasto total en salud, muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Esta cifra no es solo un dato técnico; es, en los hechos, una señal de prioridad relativa dentro de un sistema tensionado por múltiples urgencias.

Lo paradójico es que el país cuenta desde hace más de una década con un marco normativo avanzado, que propone un cambio de paradigma hacia la atención comunitaria y la integración social de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, esa arquitectura legal convive con una implementación incompleta y desigual. La falta de financiamiento sostenido, sumada a la fragmentación entre niveles de gobierno y subsistemas, termina diluyendo el impacto de políticas que, en el papel, resultan razonables e incluso ambiciosas.

En la práctica, esto se traduce en un sistema donde el hospital psiquiátrico sigue ocupando un lugar predominante, mientras que los dispositivos comunitarios avanzan con lentitud. También se expresa en brechas territoriales marcadas: no es lo mismo acceder a atención en un gran centro urbano que en muchas regiones del interior. Y, como suele ocurrir en Argentina, las restricciones macroeconómicas terminan condicionando cualquier intento de planificación de mediano plazo.

La comparación entre ambos países deja una enseñanza menos obvia de lo que parece. No se trata simplemente de cuánto se gasta, sino de cómo se organiza ese gasto. Estados Unidos enfrenta el desafío de ordenar un sistema caro y fragmentado; Argentina, el de fortalecer uno que es insuficiente y también fragmentado. En ambos casos, la palabra clave es la misma: coherencia.

Porque la salud mental tiene una particularidad que la distingue de otras áreas sanitarias: requiere continuidad, coordinación y cercanía. No alcanza con financiar prestaciones aisladas si no existe una red que acompañe al paciente en el tiempo. Tampoco alcanza con leyes bien redactadas si no hay recursos para sostenerlas.

En la Argentina, la discusión pendiente no debería limitarse a reclamar más presupuesto —aunque claramente es necesario—, sino a preguntarse cómo se asigna lo poco que hay. Priorizar la atención comunitaria, integrar los distintos subsistemas y reducir las desigualdades territoriales no son objetivos incompatibles con la restricción fiscal; son, en todo caso, condiciones para usar mejor los recursos disponibles.

Estados Unidos, por su parte, ofrece una advertencia útil: incluso con financiamiento abundante, un sistema puede fallar si no logra articular sus componentes. La lección, entonces, es doble. Ni el gasto elevado garantiza resultados, ni la escasez justifica la inacción.

En un contexto donde la demanda de atención en salud mental seguirá creciendo, ambos países —cada uno desde su realidad— enfrentan el mismo desafío de fondo: transformar recursos en resultados. Y para eso, más que gastar más o menos, la cuestión decisiva es cómo hacerlo.