Vicentin: el caso emblemático de defensa de la propiedad privada y otros derechos en juego

Al caso de la empresa Vicentin, uno de los mayores conglomerados industriales de productos primarios de exportación argentino con sede en la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado, debemos resolverlo conforme a derecho y respetando las instituciones democráticas. Días atrás la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe remitió el expediente del concurso de la empresa al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, y le recomendó "tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores y los acreedores, entre ellos productores, cooperativas y el Banco de la Nación Argentina".

Desde nuestro espacio, Encuentro Republicano Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto a nivel nacional, queremos expresarnos por una postura dentro del marco legal, defendiendo la división de poderes y la propiedad privada como un derecho consagrado por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales a los que la República Argentina adhiere. Ahora, el juez Lorenzini deberá resolver en relación a la propuesta de acuerdo (pago) que Vicentin había presentado en el concurso por la deuda de más de 1.500 millones dólares, cuyo avocamiento y suspensión de los plazos procesales había pedido el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, el 16 de junio de este año.

Con el doctor Lorenzini, la causa Vicentin se venía desarrollando en el marco de la ley, por lo tanto no encuentro razón para que tome otro rumbo, como el salvataje que proponen algunos, procedimiento éste que tiene lugar cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores. No es éste el caso ya que se habían logrado las conformidades necesarias de acreedores alcanzando las mayorías establecidas en la ley, consiguiéndose la aprobación de más de 800 acreedores a la propuesta de pago hecha por la empresa Vicentin, logrando con ello satisfacer las expectativas de la mayoría de los acreedores.

Cabe recordar que el propio procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, había recomendado en septiembre pasado que no se haga lugar al pedido de avocamiento formulado por la empresa Commodities, uno de los acreedores de la agroexportadora. Barraguirre pidió que el expediente retorne a su juzgado original, el del juez Lorenzini, y asimismo sugirió una serie de controles institucionales sobre el magistrado. Como integrante de la Comisión de Información y Seguimiento de Vicentin, siempre defendí, como primera medida, el sostenimiento de las 7000 fuentes laborales de la cual dependen miles de familias, y todo lo que ello implica. Se ha venido cumpliendo con ese propósito, a tal punto que, pese a los inconvenientes, no hubo despidos.

Estoy convencida que una eventual quiebra de la empresa sería un golpe muy duro para el norte provincial. Por lo que sin homologación del acuerdo no hay continuidad de los fasones (trabajo a cuenta de terceros) que vence el próximo 31 de diciembre y nadie garantiza de esa manera el pago del sueldo de los trabajadores. Por otra parte considero inconveniente la intervención del Estado (mucho menos la controvertida expropiación de los comienzos de la causa por todos conocida). Creo que esa situación de la intervención del Estado con la idea de conformarse una empresa mixta está lejos de ser la mejor opción. Más allá de los interrogantes que hay respecto a los modos en cómo se llevaría a cabo, creo que puede resolverse sin ella, pese a los distintos intereses que puede haber en el medio.

Debemos dejar atrás los discursos sobre que la propiedad privada es un derecho secundario. "La propiedad privada es un derecho inherente a la libertad", dice Miguel Ángel Pichetto y por eso es indiscutible e inviolable. Debemos ser razonables. Si el plan para que la empresa salga adelante se puede solucionar dentro de lo que establece la ley de Concursos y Quiebras, a ella se debe direccionar la búsqueda de las soluciones, como ocurre normalmente en estos casos, pese a la importancia de la empresa en cuestión. No debemos olvidar la causa penal en paralelo que impulsa el fiscal Miguel Moreno y que tiene imputados a catorce exdirectores ejecutivos de Vicentin, por asociación ilícita y estafa.

Estamos convencidos que los fiscales están realizando una investigación objetiva y rigurosa, recolectando los elementos probatorios que permitirán juzgar la responsabilidad penal, de esos ex directivos, si así lo fuera. Todos somos iguales ante la ley. Así lo manifiesta nuestra Constitución Nacional en su artículo 16 (y la normativa provincial en el artículo 8 de la Constitución de Santa Fe). Creemos en el respeto a las instituciones. En este caso debemos dejar que los fiscales hagan su trabajo y que los jueces juzguen conforme a derecho. Esa es la auténtica independencia de la que debe gozar la Justicia. Pero necesitamos que la empresa siga activa, ya no solo por los 7.000 puestos de trabajo y las miles de familias que dependen de ellos, sino de gran parte del norte provincial que se beneficia con la presencia de la empresa en la región.

(*) Diputada Provincial por Encuentro Republicano Federal. Integrante de la Comisión de Información y Seguimiento del caso Vicentin.