Rosario avanzó hacia la autonomía municipal

El Concejo Municipal de Rosario vivió este jueves una de las sesiones más relevantes de su historia reciente. Tras años de discusiones, avances parciales y una reforma constitucional provincial que abrió definitivamente la puerta, aprobó la ordenanza de autonomía municipal, el instrumento que declara a la ciudad en pleno ejercicio de sus competencias propias y que pone en marcha un proceso profundo de reorganización institucional.

La promulgación está prevista para la próxima semana. Desde entonces, el municipio iniciará la implementación progresiva de nuevas facultades normativas, administrativas, fiscales y participativas. En paralelo, comenzará a prepararse el proceso político y técnico que culminará con la Convención Estatuyente, encargada de redactar la primera Carta Orgánica municipal de la historia rosarina.

Pero la sesión no se limitó al histórico debate por la autonomía. También se aprobaron iniciativas ambientales y de servicios urbanos: la habilitación de un punto de acopio para pilas en desuso; la incorporación de nuevos puntos de muestreo en el arroyo Ludueña; y la geolocalización —en aplicaciones públicas— de todos los bebederos y refugios climáticos de la ciudad.

Aun así, la aprobación de la autonomía dominó la jornada: un debate extenso, plural, cargado de valor político y también de advertencias técnicas de cara a una transición que será compleja y exigente.

Qué establece la ordenanza: el punto de partida del autogobierno

La ordenanza aprobada establece un marco normativo integral que faculta al municipio a regular un amplio conjunto de materias hasta ahora sujetas en gran medida a legislación provincial.

En términos generales, impulsa una reorganización profunda de la estructura política, administrativa y financiera de Rosario, con tres ejes centrales:

• Autogobierno pleno: capacidad normativa propia, elaboración de la futura Carta Orgánica, reorganización de competencias;

• Modernización administrativa: reformas en gestión, procedimientos, compras públicas, gobierno digital, régimen laboral y control del gasto;

• Democracia urbana ampliada: abocada a nuevos mecanismos de participación, fortalecimiento del vecinalismo y transparencia.

Sin dependencia

El impacto previsto, siempre según señalaron desde la Municipalidad de Rosario, estará en su capacidad de crear sus normativas, sin depender de la legislación provincial.

Este paso implica iniciar una etapa constituyente inédita que, según lo votado, tendrá su momento clave en 2027, cuando se elijan los y las convencionales estatuyentes junto a las elecciones legislativas.

Otro punto importante será que la ciudad podrá regular de manera completa el arbolado, ordenar intervenciones sin autorizaciones provinciales, y definir políticas ambientales locales con un criterio propio.

Adicionalmente, podrá actualizar integralmente el régimen de terrenos baldíos, saneamiento, desratización y limpieza urbana. De hecho, las normas actuales —consideradas insuficientes y fragmentadas— serán reemplazadas por un marco adaptado a la autonomía.

También tendrá la capacidad de legislar sobre el parque automotor y los vehículos en corralón, desde la compactación hasta la reutilización o venta por subasta. Además, la ciudad podrá poner en marcha el mecanismo de “Compra Ágil” para adquisiciones urgentes o de bajo monto y hacer subastas públicas para bienes inmovilizados y una revisión integral del régimen de compras para hacerlo más eficiente y transparente.

En paralelo, la ordenanza habilita a crear un nuevo régimen administrativo y judicial municipal. Esto significa que podrán hacerse procedimientos administrativos propios para acortar plazos, mejorar la seguridad jurídica y ordenar internamente la gestión. En este punto, podrá darse siempre y cuando sigan el camino de gobierno digital y datos abiertos inaugurado hace años en la gestión rosarina, cuidando siempre de la protección de datos personales.

Además, la nueva norma reconoce formalmente a las asociaciones vecinales como actores de planificación y gestión urbana, e incorpora mecanismos de consulta y cogestión ciudadana en decisiones clave.

Finalmente, la normativa votada el jueves permitirá a la ciudad manejar con más autonomía su presupuesto, fuentes de financiamiento y endeudamiento, incluyendo mayores responsabilidades en el control del gasto y la responsabilidad fiscal. Y, algo no menor: se habilitará un régimen propio para las y los trabajadores municipales, incluida una paritaria local que regulará salarios, condiciones laborales y estructura del personal.

Debate político y advertencias

La aprobación tuvo un acompañamiento transversal de todos los bloques, aunque con matices importantes y objeciones de fondo. Entre todas las intervenciones, la del concejal Mariano Romero (Justicia Social) fue la más crítica pese a que votó afirmativamente. Para él, la autonomía es “un hecho histórico”, pero el proceso comenzó “de la forma equivocada”.

Entre los reparos técnicos, Romero mencionó el artículo 87 y la participación del poder Ejecutivo del municipio. “El intendente incluyó su opinión sobre cómo debe ser la futura Carta Orgánica. Eso le corresponde exclusivamente a los convencionales”, señaló el concejal peronista, y alertó, entre otros puntos, que no hubo una consulta al Sindicato de Trabajadores Municipales para diseñar la sección de empleo público de la normativa.

Desde otro bloque político, el concejal Federico Lifschitz, señaló que “la autonomía no debe limitarse a un sistema institucional, sino a una respuesta concreta a demandas sociales como seguridad, orden urbano y transparencia”.

Entre sus ideas, Lifschitz puso el foco en la capacidad de que la ciudad cree una policía propia, que se incorpore el sistema de Ficha Limpia, y se limite la reelección de cargos legislativos y ejecutivos, además de otros señalamientos.

Un cambio que llevará años, pero que un día empezó

La autonomía no será un cambio inmediato ni lineal. Requerirá adaptación, acuerdos políticos, reglamentaciones y un aprendizaje institucional profundo. Pero por primera vez en su historia, Rosario tiene el marco legal para pensar su propia organización, sus reglas, su régimen administrativo y su modelo de ciudad sin depender exclusivamente del gobierno provincial.

La sesión dejó, además, un mensaje político claro: aunque existen diferencias, advertencias técnicas y reparos sustantivos, hay consenso en que la autonomía es un punto de inflexión que puede fortalecer la democracia local, mejorar la eficiencia estatal y ampliar los derechos de la ciudadanía.