Burford logró más tiempo para apelar en el caso YPF en Estados Unidos

Burford Capital consiguió más tiempo para pedir la revisión del fallo del Segundo Circuito de Nueva York sobre YPF, tras la sentencia del 27 de marzo que favoreció a la Argentina.

El financiador de los demandantes pidió ampliar por 28 días el término de 14 días que corre desde la sentencia para pedir la revisión por la Cámara en pleno, luego de que el grupo solicitara la extensión por las obligaciones profesionales del abogado principal.

Qué respondió el tribunal

En la presentación, el grupo explicó que Paul Clement, el abogado principal del caso, tiene "obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas" que dificultaban preparar la solicitud dentro del plazo original.

El tribunal del Segundo Circuito resolvió finalmente otorgar tiempo hasta el 5 de mayo; Burford pedió originalmente hasta el 8 de mayo.

El 27 de marzo la Corte de Apelaciones anuló la condena dictada por la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a resarcir a Burford, lo que dejó al fondo sin posibilidad de cobrar US$ 16.000 millones más intereses.

Tras ese fallo, el grupo dispone de varias opciones: agotar el recurso en banc, recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Vías abiertas

La vía en banc es excepcional y puede ser declinada por la Cámara. La Corte Suprema, a su vez, recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión al año y acepta alrededor de 100, una cifra que equivale a poco más de 1% de las solicitudes, por lo que la probabilidad de que tome este expediente es reducida.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace un mes un memorándum en respaldo de la moción de la Argentina para suspender el discovery ordenado por Preska y calificó el pedido así, “excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”.

Si la Corte Suprema aceptara revisar el caso, sería ese tribunal el que dictaría la sentencia final e inapelable sobre la legalidad de la expropiación de 2012; mientras tanto, el fallo del Segundo Circuito marca un precedente favorable para el Estado argentino.