Municipios sugieren cambios al proyecto votado por el Senado sobre cuidacoches

Los representantes de los ocho municipios que asistieron a la reunión de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados coincidieron en solicitar algunos cambios al proyecto votado por el Senado para regular y reducir la actividad de los cuidacoches o trapitos.

Fue el corolario de más de dos horas de reunión donde se consideró el proyecto que pasa por modificar algunos artículos del Código de Convivencia y un abordaje integral de la situación social de personas que desempeñan la actividad.

"Fue una buena reunión, vamos a trabajar ante el reclamo de los intendentes" dijo Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara que se encargó de cursar las invitaciones. "Pidieron cambios porque entienden que los municipios no tienen la estructura suficiente para instar la acción en estos casos de contravenciones", marcó la socialista Lionella Cattalini, vicepresidenta de la Comisión.

Los presentes

La convocatoria había sido realizada a los secretarios de Control de ocho municipios. No obstante, dos intendentes se hicieron presentes en la reunión: el rafaelino Leonardo Viotti y el santotomesino Miguel Weiss Ackerly. Por la ciudad de Santa Fe estuvo el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropoalo y por Rosario, el secretario de Control, Diego Herrera. Se sumaron los secretarios de Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Villa Constitución y se sumó el municipio esperancino.

Desde la Cámara de Diputados se sumaron varios legisladores además de los miembros de la Comisión de Seguridad al igual que el senador por Rosario, Ciro Seisas, autor del proyecto original que terminó votando el Senado.

Cattalini aclaró que el Senado tuvo casi un año el expediente y que en la Cámara de Diputados recién ahora se abrió el tema a consultas. En principio el expediente deberá transitar tres comisiones.

"Somos uno de los pocos municipios que tenemos censados a los cuidacoches" dijo Mastropaolo al retirarse de la reunión dando cuenta de la situación de 370 trapitos. En el encuentro con los legisladores, cada municipio expuso la situación particular, cómo se la afronta y cuáles son las alternativas laborales.

Mastropaolo blanqueó al término de la reunión que Santa Fe cuestiona el artículo 4° del proyecto al igual que los otros municipios. El artículo salido del Senado señala que "la acción por las contravenciones establecidas en los artículos precedentes estará a cargo de los Municipios, quienes actuarán como actores contravencionales públicos en los términos del artículo 36 de la Ley N 10. 703 y modificatorias -Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe-, con exclusión de toda otra autoridad, sin perjuicio de la actuación del querellante particular en su caso".

"Tenemos que duplicar los letrados de áreas de Control" se quejaron los representantes de los municipios. Algunos pidieron que sea competencia del Ministerio Público de la Acusación, opción desechada en el Senado cuando se la barajó.

El debate entre control, inclusión y recursos

"Nos quedamos con muchos datos que nos sirven para analizar y ver cómo implementamos esos cambios" dijo Cattalini quien además preside Asuntos Constitucionales, la comisión final que debe dictaminar el tema.

La socialista marcó que hay regulaciones diferentes en las diferentes ciudades. "Algunas tienen ordenanzas, algunas tienen ordenanzas de prevención, algunas tienen decretos y algunas no tienen ni ordenanzas", remarcó. "Nos toca a nosotros una tarea que es la de legislar con mucha responsabilidad. Es un tema delicado que abarca violencia en algunos casos, en algunos otros casos abarca pobreza, falta de empleo. Tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema y no vender espejitos de colores, porque el problema de los cuidacoches puede ser una de tantas soluciones, pero no lo vamos a resolver con una ley y mucho menos con una ley debatida a las apuradas", explicó.

El Senado votó una reforma a distintos artículos del Código de Convivencia, dejó la primera acción en manos de los municipios y ordena al Poder Ejecutivo implementar acciones de prevención e inclusión social, que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación".