Cárcel federal: el intendente de Coronda lleva sus preocupaciones a la Nación

A quince días de que la propia ministra de Seguridad de la Nación recorriera las obras de la cárcel federal que se construye en Coronda, las autoridades de esa ciudad intentarán buscar respuestas de funcionarios de la Casa Rosada frente a un puñado de preocupaciones derivadas de la obra que se levanta en las afueras de ese distrito. Cuando Patricia Bullrich verificó el desarrollo de los trabajos y confirmó que el nuevo penal estaría finalizado para diciembre, lo hizo acompañado de Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación.

Precisamente con Curi se reunirá el próximo miércoles el intendente de Coronda, Ricardo "Bachi" Ramírez, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, con el propósito de transmitir las inquietudes que genera la habilitación de un nuevo penal en la zona. En diálogo con El Litoral, el intendente explicó que las preocupaciones van desde el manejo de los residuos que la nueva población penal va a provocar, hasta los eventuales asentamientos que podrían generarse en las inmediaciones de la ciudad.

"Si consideramos a los internos que se van a alojar en este penal, más el personal penitenciario que va a trabar en la dependencia, estamos hablando de una población nueva de alrededor de mil personas. Una de las preguntas que nos hacemos es cómo se van a manejar los residuos patológicos y los comunes, que va a generar esta nueva unidad carcelaria", planteó. Al respecto, contó que las tareas de recolección correspondiente a la cárcel provincial enclavaba en esa misma ciudad, están a cargo del municipio. "Ya tenemos problemas con lo actual; queremos saber qué va aporta Nación para resolver este aspecto", insistió.

Otros puntos

En otro orden, Ramírez también mencionó como ítem a conversar la seguridad en las inmediaciones del penal federal. Al respecto, mencionó que la ciudad ya cuenta con "un sistema de monitoreo" dotado de más de cuarenta cámaras gestionadas de manera conjunta con la provincia. Sin embargo, consideró necesario "reforzarlo", sumando nuevos dispositivos y lectores de patentes en lo accesos al penal nacional.

En paralelo, mencionó la seguridad vial de la zona, a partir del cruce de una ruta nacional (la 11) y la provincial Nro. 64. "Vamos a necesitar semáforos y rotondas en esa zona para evitar siniestros viales", mencionó.

Finalmente, aludió a problemáticas sociales que derivaron de la habilitación del nuevo instituto. Por un lado, mencionó la carencia de viviendas para alojar a las familias del personal penitenciario que trabajará en la Unidad. "Estamos hablando de unos 350 empleados que van a trabajar aquí y que seguramente provendrán de diferentes puntos del país, por lo que deberán radicarse en nuestra ciudad. Coronda ya tiene un déficit habitacional importante, lo por lo que también en este sentido queremos saber cómo va a colaborar la Nación", sentenció.

Por otro lado, se refirió al riesgo de eventuales asentamientos en la localidad, puesto que así como los penitenciarios tendrán distinta procedencia geográfica, al tratarse de un penal federal, lo propio sucederá con los reclusos. Y ello conllevará el desplazamiento de familiares a partir de las visitas, que puede redundar en una migración interna. "Estas situaciones derivan en problemas de convivencia, porque esos potenciales asentamientos no se van a generar en las inmediaciones del penal puesto que es zona rural, sino que van a terminar estando próximos a nuestra ciudad. Ya somos casi la capital nacional de las cárceles", ironizó el dirigentes. Sobre la misma base, deslizó que no sería atinada una nueva ampliación al penal provincial, tal como se proyecta en las esferas oficiales.