Caso Maldonado: el gobierno frenó una misión de la ONU

Redacción de El Litoral

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Pese al interés del ministro de Justicia, Germán Garavano, no prosperó un acuerdo para que expertos del organismo colaboren con la investigación de la desaparición. Horas antes de que ocurriera, un ala del gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido, según reconstruyó La Nación sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes.

Según reconstruyó el diario La Nación, el despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.

Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.

Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana al presidente Mauricio Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su impacto, según él, sólo en el “círculo rojo”.

Esas marchas y contramarchas oficiales se plasmaron en unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades.

La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel. Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.

En el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de esquivar una respuesta, Garavano aceleró. Concluyeron que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso “garantías de no repetición”.

Marcha a Plaza de Mayo

El hermano de Santiago Maldonado, Sergio, convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el domingo 1º de octubre, cuando se cumplan dos meses de la desaparición del joven artesano, visto por última vez en el Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut, tras un operativo de Gendarmería en ese lugar.

“A dos meses de la desaparición de Santiago, les pido que nos movilicemos a Plaza de Mayo, a partir de las 15 para reclamar la aparición con vida de Santiago. Quiero pedirles que se sumen a las actividades que habrá en distintos lugares el país”, señaló Sergio en las redes sociales.

Pidió que quienes concurran a las distintas movilizaciones por su hermano lo hagan “más allá de cuestiones partidarias. Necesitamos que se sumen y nos acompañen en este pedido urgente. La desaparición de mi hermano es un tema que nos involucra a todos”, remarcó.

En tanto, los participantes del Curso de Promotores Jurídicos Indígenas de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel, repudiaron por medio de un comunicado “la vulneración de derechos de los mapuche-tehuelches en las comunidades Vuelta del Río y Pu Lof de Cushamen. Recusamos la desestimación de valiosas pruebas aportadas por familiares, amigos y testigos protegidos, los cuales son clave para el esclarecimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado ejercida por la Gendarmería Nacional durante la represión del 1º de agosto de 2017, quien estaba solidarizándose con el pedido de liberación para el Lonko Facundo Jones Huala”, puntualizó este colectivo identificado con los pueblos originarios.

Jones Huala

El juicio por la extradición a Chile de Facundo Jones Huala se aceleró notoriamente en las últimas semanas. Según trascendió, el juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, quien tiene a su cargo la causa, se encuentra en estos días leyendo el material probatorio de la defensa del jefe de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) -a cargo de la abogada Sonia Ivanoff- y del fiscal federal en localidad. Una vez que concluya el análisis de la información, el magistrado deberá expedirse al respecto y determinar qué es útil, qué resulta pertinente en el marco de la discusión y, finalmente, qué debería ser dejado de lado. Después las partes tienen la posibilidad apelar la decisión del juez. Con todo, el proceso de debate no tardará mucho en llegar.

“No encubrió”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el gobierno “no encubrió” la presunta vinculación de gendarmes en la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut dado que se abrió “a todas las hipótesis”, mientras la familia del artesano cuestionó que “se perdió tiempo por mal accionar” de funcionarios e investigadores. El ministro señaló que “la Justicia no está preparada para investigar casos” como éste o la muerte del fiscal Alberto Nisman.