El decreto también plantea constituir una comisión de revisión que durante sesenta días, estudiará cada una de las designaciones efectuadas desde junio a diciembre. Ello, sobre la base de que la normativa vigente impide que seis meses antes de concluir la gestión, los gobernantes de turno realicen nombramientos o contrataciones que pudiesen incrementar el gasto público. La comisión se conformará en el ámbito del Ministerio de Economía y estará integrada por el titular de la Sindicatura General, el Fiscal de Estado, la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, y la Subsecretaria de Recursos Humanos y Función Pública. Podrá proponer la revocación de los actos administrativos o extinción de contratos que se consideren ilegítimos o contrarios al ordenamiento jurídico vigente, y proyectar los actos que resulten necesarios a tales fines. También, proceder al análisis de actos administrativos o contratos emitidos o celebrados con anterioridad a la fecha citada (junio de 2023) "cuando se detecten vicios de ilegitimidad susceptibles de incidir en su validez".