Respaldo de diputados santafesinos a la investigación a directivos de Vicentin

Cuatro diputados provinciales se sentaron frente a la pantalla para escuchar al fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, Sebastián Narvaja, quien detalló durante dos horas la investigación que realizan contra Omar Scarel y otros 16 directivos de Vicentin SA y donde los empresarios fueron imputados por estafa, desbaratamiento y desobediencia judicial.

Fue en el marco de la actividad que realizó la Comisión especial formada por la Cámara de Diputados para hacer un seguimiento del caso Vicentin y que preside el justicialista Luis Rubeo. Lo acompañaron Fabián Palo Oliver (UCR), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). También, pero en forma virtual participaron María Laura Corgniali (PS) y Mónica Peralta (Gen).

La causa penal se tramita en los tribunales de Rosario mientras que el concurso preventivo fue llevado adelante en los tribunales de Reconquista hasta la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, de avocamiento de ese cuerpo al expediente.

La comisión de Diputados realizó dos reuniones en la semana. En la primera acordó impulsar una resolución para que vote el pleno el próximo jueves a los efectos de convocar a una audiencia pública por el caso Vicentin cuya fecha propuesta es el 10 de agosto. La otra decisión fue reunirse con los fiscales de Delitos Económicos, Narvaja y Miguel Moreno quien ayer no pudo asistir debido a que participaba de una audiencia imputativa.

Los cuatro diputados presentes se mostraron muy conformes con la documentación exhibida y comentada por el fiscal y coincidieron ante El Litoral que es necesario defender la tarea de estos fiscales. "Se nos hizo un informe detallado de las imputaciones realizados a los 17 miembros del directorio: estafas y balances falsos. Ambas imputaciones fueron producto de distintas presentaciones realizadas por acreedores de la empresa que son parte del concurso", explicó Palo Oliver. Acotó el radical que Narvaja expuso sobre los balances falsos presentados por la firma que presidía Scarel así como el incumplimiento de medidas cautelares entre la firma del acuerdo para vender el 33% de las acciones que Vicentin tiene en Renova, la mayor planta de molienda de soja de Sudamérica. "Para nosotros, el fiscal demostró que el directorio de Vicentin no solo vació y fugó dinero previo a la presentación del concurso, sino que también hubo acciones ilegales mientras se sustanciaba el concurso"

Rubeo coincidió con Palo Oliver y con Giustiniani en destacar la claridad en la explicación del fiscal. "Narvaja pudo demostrar cómo los directivos siguieron accionando y cambiando la titularidad de dominios de acciones aún después de la apertura del concurso por parte del juez Fabián Lorenzini". También el justicialista relató la versión que dio el fiscal sobre una escucha telefónica a Scarel tras el hallazgo de dinero en efectivo en una caja de seguridad. Es una versión la que dio el empresario cuando hablaba en privado y otra la expuesta judicialmente, afirmó. "Fraguaron datos y nos parece muy grave lo ocurrido" añadió Rubeo quien insiste en reclamar una postura del gobernador Omar Perotti en defensa de mantener la empresa. "La comisión insiste en que hace una falta una salida política a este concurso donde se involucren los gobiernos nacional y provincial. Mantenemos el concepto de que debemos defender las fuentes de trabajo; que Vicentin no sea plenamente extranjera y pretendemos saber dónde se fue la plata que le prestaron los bancos, entre ellos el Nación", le dijo a El Litoral.

Para Giustiniani es grave lo que los fiscales consideran probado que Vicentin presentó balances falsos en 2018 y 2019 para que productores entreguen granos y los bancos le presten recursos, pero también el delito de desbaratamiento de capital y la desobediencia judicial, especialmente avanzar en la venta de Renova cuando no lo debían hacer.

Todos los directivos están imputados en estas causas en audiencias que ya se realizaron, algunos de esos directivos debió constituir fianzas millonarias y ahora en meses más se hará la acusación. No obstante, cuando consultaron sobre la fecha probable del inicio del juicio oral, el fiscal estimó que no menos de tres años y una extensa sustanciación.

Audiencia

Con la firma de siete diputados fue presentado en Mesa de Entradas de la Cámara el proyecto para realizar una audiencia pública en el recinto del cuerpo "en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en el concurso de la empresa Vicentin SAIC y por la avocación solicitada por Corte Suprema de Justicia de Santa Fe".

La intención es que participen representantes del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial; el directorio del Banco Nación; el vicepresidente de la entidad, Claudio Lozano, los fiscales provinciales que llevan las causas penales, el fiscal federal, Gerardo Pollicita; los intendentes de las ciudades de Reconquista y Avellaneda. También representantes de los sindicatos involucrados en el concurso, acreedores granarios; autoridades de las Bolsas de Comercio de la provincia así como legisladores nacionales, provinciales y municipales.

La fecha propuesta por la Comisión es el 10 de agosto. "Porque es fundamental ratificar y continuar con las tres banderas que blandió la comisión desde su origen: defensa de las fuentes laborales, impulso de la presencia de intereses nacionales y provinciales y saber con precisión el destino del dinero que pasaron por las cuentas de los directivos en los últimos tres años, fundamentalmente", reza en los fundamentos el proyecto.