El Senado convirtió en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El Senado convirtió este jueves en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II, con 44 votos a favor y 23 en contra, iniciativa que apunta a incorporar al sistema dólares que el gobierno nacional dijo están fuera del circuito oficial.

El proyecto redefine el concepto de discrepancia significativa en el régimen y modifica el criterio de intervención de ARCA para el sistema de declaraciones simplificadas; según el texto, la discrepancia se mide sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo definitivo, y se introduce un piso mínimo del 5% junto al umbral del 15% que ya existía en el régimen fiscal.

En el debate legislativo el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que “los dólares de abajo del colchón no le sirven al país como dijo el ministro de Economía (Luis Caputo)” y afirmó que hay U$S 170.000.000.000 fuera del sistema; Olivera Lucero defendió el nuevo proyecto como una herramienta para confiar en los contribuyentes y facilitar la regularización voluntaria.

La ley también establece que la rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles no excluirá al contribuyente del régimen si regulariza los saldos, y fija límites para funcionarios que podrán usar el sistema operativo pero sin los beneficios de presunción de exactitud del régimen.

Qué cambia en el régimen

El texto sancionado modifica el régimen simplificado de ganancias para ampliar quiénes pueden ingresar al sistema; se eliminan límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen y se permite la incorporación de contribuyentes con residencia fiscal en el país.

Entre los cambios centrales figura la nueva forma de calcular la discrepancia significativa, la introducción de un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° del régimen penal y la posibilidad de rectificar declaraciones dentro de 15 días sin perder beneficios del régimen.

Además, el nuevo proyecto contempla reducciones automáticas de sanciones para MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, y limita a funcionarios el acceso a las presunciones y liberaciones de fiscalizaciones previstas por el régimen.

Debate legislativo

En el recinto, Patricia Bullrich defendió el proyecto como un sistema que distinguirá fraude de error y sostuvo que ni el presidente ni funcionarios podrán usar los beneficios del régimen, mientras la senadora radical Silvana Schneider explicó aspectos técnicos y destacó la seguridad jurídica para los contribuyentes.

José Mayans, jefe del bloque Justicialista, criticó la iniciativa y sostuvo que la norma favorece a ciertas personas; en tono irónico propuso el “día de los inocentes fiscales” y afirmó que la ley no está pensada para trabajadores, jubilados ni pensionados.

Jorge Capitanich cuestionó la presunción de Inocencia y sostuvo que adherir al régimen no legitima el origen del patrimonio, actitud que dio lugar a un cruce con los defensores del nuevo proyecto durante el debate.

La sanción deja al sistema Fiscal con nuevas reglas operativas y de control y abre el camino para que, según el oficialismo, más contribuyentes se incorporen al circuito formal; el cambio tendrá efectos administrativos en ARCA y consecuencias prácticas para la regularización voluntaria de saldos.

Traspaso de la justicia de menores

Previamente, fueron aprobados acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y los santiagueños. Ambos convenios fueron firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.

En cuanto al acuerdo que transfiere la justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.