El oficialismo busca correr a Adorni del centro de la agenda en Diputados y avanzar con dos leyes

La Libertad Avanza ensayó en Diputados una maniobra parlamentaria de doble efecto: encauzar formalmente los proyectos contra Manuel Adorni y, al mismo tiempo, desactivar la sesión especial que la oposición había pedido para este martes con el objetivo de avanzar sobre la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La jugada quedó plasmada en la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30 de junio a las 15, en la Sala del segundo piso del Anexo C. Allí se debatirán seis proyectos de resolución impulsados por distintos sectores opositores, desde pedidos de informes verbales hasta iniciativas que buscan activar el mecanismo constitucional de remoción del ministro coordinador.

La decisión no es inocente. Con el expediente ya girado a comisión, el oficialismo busca vaciar de sentido la sesión especial solicitada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, la Coalición Cívica y monobloques opositores. En la práctica, le ofrece al PRO y a la UCR un argumento para no sentarse este martes en sus bancas junto al kirchnerismo y la izquierda, aunque varios de sus dirigentes también reclaman explicaciones por la situación patrimonial de Adorni.

Ganar tiempo y ordenar aliados

La estrategia fue trabajada durante el fin de semana por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a referentes dialoguistas. En esa conversación aparecen nombres del PRO, la UCR y otros bloques aliados, con Cristian Ritondo, Pamela Verasay y Karina Banfi como parte del engranaje político que permitiría vaciar de quórum la sesión opositora.

La oposición necesita 129 diputados sentados para abrir el recinto. Según los cálculos previos, los bloques más duros no llegan solos. Aún con asistencia perfecta, quedarían lejos y dependerían de legisladores del PRO y de la UCR, que emitieron críticas severas contra Adorni pero no parecen dispuestos, por ahora, a quedar alineados en una ofensiva que podría acelerar la caída del jefe de Gabinete.

Desde esos espacios predomina una lectura más cautelosa: Adorni debe dar explicaciones, pero la definición sobre su continuidad debería quedar en manos de Javier Milei o, en todo caso, tramitarse por una vía institucional más lenta. El oficialismo, al abrir Asuntos Constitucionales, dilata el conflicto, evita un emplazamiento con plazos más duros y convierte la urgencia opositora en un debate de procedimiento.

Del otro lado, Germán Martínez, jefe del bloque peronista, calificó la decisión como “una maniobra dilatatoria para encubrir” al jefe de Gabinete. La oposición más dura podría sostener igualmente la sesión de este martes, aun sin quórum, para dejar discursos en minoría y exponer a los bloques que no bajen al recinto.

El camino del miércoles

La segunda parte de la jugada mira al miércoles. El oficialismo necesita que Diputados sesione para tratar dos proyectos que considera prioritarios para la gestión económica: el acuerdo de conciliación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, y la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, presentado políticamente como Súper RIGI.

El primero ya cuenta con media sanción del Senado y autoriza un pago de alrededor de 171 millones de dólares a bonistas que no ingresaron a los acuerdos previos con holdouts. El plazo pesa sobre la agenda: debe sancionarse antes del 30 de junio para evitar complicaciones con un fallo de la Justicia de Estados Unidos.

El segundo es una pieza central del programa económico de Milei. El Súper RIGI apunta a captar inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en nuevas industrias, con la obligación de ejecutar 20% en los primeros dos años y canalizar cada proyecto a través de Vehículos de Proyecto Único. Entre sus beneficios figuran una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos después de cuatro años, punto que algunos bloques aliados pidieron revisar.

Para la Casa Rosada, esos dos expedientes no pueden quedar atrapados por la crisis de Adorni. La decisión de mover el caso del jefe de Gabinete a comisión funciona entonces como una limpieza táctica del recinto: martes para que la oposición no junte número; miércoles para que el oficialismo intente aprobar su agenda.

La sombra del Senado

La maniobra también busca enviar una señal a la Cámara alta. En el Senado, la discusión sobre Adorni tomó otro ritmo después de que en Labor Parlamentaria se instalara la interpretación de que la interpelación puede aprobarse por mayoría absoluta del cuerpo, sin necesidad de dictamen previo ni de los dos tercios que suelen exigirse para tratar proyectos sobre tablas.

Esa lectura inquietó a la Casa Rosada. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, había aceptado inicialmente la posibilidad de avanzar con una interpelación para el 2 de julio, aunque luego intentó aclarar que se requerirían mayorías especiales. El debate reglamentario quedó abierto y amenaza con trasladarse a Diputados si la oposición lograra abrir la sesión.

Por eso Menem intenta recorrer el camino inverso: comisión, debate procedimental, eventual convocatoria de especialistas y plazos más extensos. En ese esquema, la moción de censura quedaría lejos de una definición inmediata.

La Constitución, en su artículo 101, habilita la remoción del jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Pero como los proyectos opositores no tienen dictamen, cualquier tratamiento directo sobre tablas en Diputados exigiría dos tercios de los presentes. Ese número, hoy, aparece fuera del alcance opositor.