Prometen construcciones, tecnologías y más agentes para el Servicio Penitenciario

Durante tres horas las comisiones de Seguridad y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados estuvieron reunidas con el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, y con Jorge Bortolozzi, subsecretario del área, para analizar la situación del servicio como derivación del ataque y posterior fuga de ocho reclusos durante el último domingo de junio. "Fue una reunión cordial, intensa, los invitamos a que se sumen a la interjurisdiccional permanente" dijo Gálvez a El Litoral.

"Empezaron a gestionar después de la fuga. Da esa impresión" coincidieron en remarcar el radical Juan Cruz Cándido y la socialista Lionella Cattalini quienes condujeron la reunión como titulares de las comisiones de Seguridad y de Derechos y Garantías. Ambos en el anexo de la Cámara en Rosario, los funcionarios y los restantes diputados en forma virtual.

Un pliego de preguntas había sido remitido a los funcionarios y después del informe hubo un intercambio con acuerdos y desacuerdos en temas como ejecución presupuestaria, mantenimiento, obras en el sistema penitenciario, personal e incluso la situación dentro del penal de detenidos considerados de peligrosidad mezclados con el resto de los internos.

Gálvez desplegó un plan de obras a ejecutar para ampliar los lugares en el sistema penitenciario, anunció la apertura de registro de 150 aspirantes a ingresar al Servicio pero de localidades aledañas a Rosario para destinarlos a establecimientos del sur santafesino así como el traslado fuera de la provincia de algunos detenidos de alta peligrosidad y el traslado de otros a dos pabellones con un sistema profesional de control. La falta de efectivos del Servicio Penitenciario del sur santafesino hace que hoy seis micros lleven diariamente personal desde Santa Fe a Rosario. También dejó cifradas expectativas en la tecnología que podrá preveer el Invap cuyos técnicos estuvieron la semana pasada en la provincia.

"Las respuestas y explicaciones sobre las fugas de Piñero y las medidas de seguridad en las cárceles resultaron insuficientes. Los funcionarios reconocieron la falta de inversión, la subejecución del presupuesto y dejaron muchas dudas respecto a los tiempos para concretar las mejoras imprescindibles para reforzar la seguridad", resumieron Candido y Cattalini. Gálvez subrayó que el año pasado fue muy especial por la pandemia y los mayores esfuerzos estuvieron destinados a las sugerencias del Ministerio de Salud para intentar evitar la propagación de Covid en los establecimientos carcelarios. "Tenemos el indicador más bajo del país en contagios y muertos por Covid", aseguró.

Sobre la investigación de la fuga, los funcionarios señalaron que está en manos de la justicia y reconocieron el ataque externo combinado con información que tenían los reclusos que se fugaron. Cándido dijo que faltaron explicaciones. "Nos dijeron que agentes penitenciarios dispararon 99 tiros para repeler a las personas que estaban ingresando. No nos pudieron informar cuántos tiros dispararon los atacantes y tampoco tuvimos en claro en qué momento arrancó el ataque si desde afuera o desde adentro", acotó.

Cattalini subrayó que "no recibimos explicaciones en temas claves. Notamos la falta de gestión y demoras especialmente en la inversión en equipamientos carcelarios, cámaras y sistemas de videovigilancia. Cuando les consultamos por qué en el año 2020 solamente habían ejecutado el 39 por ciento del presupuesto, refirieron que durante todo el año pasado el Servicio Penitenciario estuvo en su totalidad abocado a la pandemia y reconocieron que los primeros expedientes tanto de compras como de arreglo de cámaras se iniciaron en octubre de 2020, y luego en abril de este año".

Otro de los puntos que llamó la atención a los legisladores es que de las 128 cámaras de seguridad que funcionaban en el penal a diciembre de 2019, en el momento de la fuga había menos de 100 en servicio. Hay dos expedientes en marcha para la reparación.

Respecto de cómo eran considerados los evadidos, Cándido detalló que "Mansilla y Cándia eran detenidos de alto perfil pero no estaban alojados en los espacios correspondientes, Mansilla era considerado de alto perfil por haber participado de un motín, haber herido a un agente penitenciario y sin embargo estaba con el resto de los internos, lo que posibilitó que se haya podido fugar".

Cattalini cuestionó "la casi nula incorporación de plazas y agentes penitenciarios, la descoordinación entre el Ministerio de Seguridad y el de Gobierno, así como los desmanejos y arbitrariedades respecto al fondo Covid de 60 millones de pesos que recibió el Servicio Penitenciario, admitidas por Bortolozzi. Queremos saber si hay acciones legales que indiquen que esos fondos no fueron distribuidos de forma acorde", sostuvo.

Además de Cándido y Cattalini, participaron del encuentro Mónica Peralta, Amalia Granata, Claudia Balagué, Lucila de Ponti, Matilde Bruera, Agustina Donnet, Carlos del Frade, Sergio Basile, Pablo Pinotti, y Gabriel Chumpitaz.

Lagna

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá el martes venidero al ministro de Seguridad, Jorge Lagna y a su equipo de trabajo, para discutir los mensajes del Poder Ejecutivo remitidos a Legislatura para su discusión. Será el inicio del análisis de los tres proyectos remitidos durante la gestión del ex titular de la cartera, Marcelo Sain.

Acuerdo con Invap

La semana pasada, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Roberto Sukerman; junto a Gálvez; Bortolozzi; la secretaria de Ciencia de Santa Fe, Marina Baima; y el CEO de Invap, Vicente Camperi encabezaron la firma del acta acuerdo con la empresa estatal Invap para la implementación de tecnologías innovadoras aplicadas a la seguridad en unidades penitenciarias.

El acuerdo apunta a la modernización, recuperación y actualización de los sistemas existentes para lograr una mayor seguridad. El convenio incluye consultoría y asesoramiento técnico por parte de la empresa en proyectos de evaluación, adquisición y proyectos de despliegue de equipos y sistemas tecnológicos.

La firma del acuerdo se produjo tras una serie de recorridas de especialistas de Invap, junto a autoridades del Servicio Penitenciario, por las unidades de Piñero, Las Flores y Coronda donde se realizó un relevamiento de los distintos predios y se evaluaron los cambios necesarios para mejorar la seguridad.

Invap ofrece a la provincia, entre otros dispositivos, detectores de personas ("body scanner" o escáner corporal), e instrumentos destinados a la inspección de bultos, automóviles o construcciones sólidas. Asimismo, la empresa de tecnología desarrolla inhibidores de señales de celulares.

Además, el acta acuerdo dispone la capacitación del personal seleccionado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para el manejo y utilización de estos elementos.